“Un sistema en colapso”: la historia del “Oreja”, un reo trasladado siete veces de cárcel por sus ataques y que evidencia la crisis de seguridad en Gendarmería
Hace 48 horas, dos peligrosos internos se fugaron de la exPenitenciaría de Santiago disfrazados de gendarmes. Un nuevo escándalo en la institución que se suma a un tren de situaciones graves: el destape de un red de corrupción en Santiago 1, liberaciones de presos por error y un espantoso caso de canibalismo en la cárcel de La Serena. El director de Gendarmería no esconde su decepción y calificó sus siete meses al mando como un periodo “desgastante” y “terrible”. Pero a este ritual de situaciones que tienen en una crisis nunca antes vista a la institución, se esconde otro problema. Una especie de pandemia en los funcionarios por la alta cantidad de agresiones que sufren a diario en sus puestos de trabajo. En cinco años, se consolidan más de 1.500 ataques violentos, cuyos sanciones al ser tan leves no impactan en la población penal. Un derrotero que se demuestra con el historial de Yerko Cantillana, quien mató a un compañero de celda y ha dejado a varios gendarmes apuñalados.
Sigue a The Clinic en Google News Por Jaime Pinochet 28 de Febrero de 2026
Compartir
El cabo primero Sebastián Collao estaba alerta. Eran las 13:11 horas del miércoles 28 de enero pasado. Como todos los días, iba a cumplir su labor de desencerrar a los internos del módulo 2 del área de máxima seguridad del penal de La Serena, conocido como Huachalalume, en la Región de Coquimbo.
Como es un espacio complejo, los reos se liberan de manera diferida. En esos movimientos estaba el cabo Collao cuando al llegar a la celda número 43 le cayó encima el imputado Yerko Cantillana Calderón. No solo para golpearlo, sino con una intención homicida: con un puñal artesanal –conocido en la cárcel como estoque– le propinó varias puñaladas entre su hombro y corazón.
El funcionario de Gendarmería alcanzó a pedir refuerzos en medio del ataque, cuya alerta fue recepcionada por un teniente que logró controlar al peligroso interno, quien atacó a su custodio con la intención de conseguir las llaves e intentar una fuga del recinto.
El cabo Collao fue derivado a la enfermería del penal, donde decidieron trasladarlo al hospital regional por la gravedad de la herida en su hombro izquierdo. Las radiografías no fueron alentadoras: el estoque alcanzó el pulmón, por lo que quedó hospitalizado con un posible neumotórax. Salvó de milagro.
En paralelo, la dirección operativa de Huachalalume realizó allanamientos en el módulo. En la celda de Cantillana encontraron el puñal usado que tenía unos 30 centímetros de largo. Tras el grave episodio, el imputado fue aislado y se dispuso el traslado inmediato al REPAS, la cárcel de máxima seguridad de Chile, ubicada en Santiago.

El reo estaba destinado a ese lugar de reclusión. Nadie se sorprendió del ataque homicida a su custodio en La Serena. Su ficha está marcada por diversos hechos de sangre desde 2018 y ningún centro penitenciario pudo controlar sus impulsos y mal comportamiento.
El actuar de Yerko Cantillana retrata una problemática que no tiene solución en las cárceles en Chile: los ataques constantes a gendarmes, quienes no dan abasto con la población penal que crece descontrolada, sumado a que el Ejecutivo, la administración central, no logra dotar de herramientas suficientes para contener esta crisis. Un problema que no solo pone en riesgo a los funcionarios e internos, sino que presiona aún más los problemas de salud mental al interior de los centros penitenciarios.
De acuerdo a cifras de la institución, entre enero de 2020 y junio de 2025, se registraron 1.585 casos de agresiones contra funcionarios. Es decir, casi 300 ataques por año. Una estadística que impacta en todo sentido. La Región Metropolitana lidera con 383 situaciones de violencia, seguido de los penales de Maule con 157 y La Araucanía con 123 hechos.
“Tenemos una situación de hacinamiento grave. Muchas veces superan las tres veces la capacidad de internos que tenemos en los recintos. Y eso genera que el sistema penitenciario esté en una situación de algunos penales de cierto colapso”, comenta a The Clinic, el coronel Mario Benítez, presidente de la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios (ANOP).
El jefe de la cárcel de Puerto Montt, uno de los recintos con mayores problemas, sostiene que este fenómeno se debe a que la población penal ha aumentado un 50% en los últimos 15 años, pero no así el personal para custodiarlo.
“Estos factores influyen indudablemente en que el sistema esté en colapso, estrés permanente e indudablemente que el factor encierro genera problemas de salud mental”, puntualiza Benítez.
El incontrolable historial del “Oreja” Cantillana que alerta en Gendarmería
El homicidio frustrado que cometió Yerko Cantillana, conocido en el mundo criminal como “El Oreja” o “Buin”, trae un historial de ataques sin control por seis penales distintos desde 2018. Una ficha que sorprende, pero para Gendarmería no. Sus funcionarios deben lidiar con estos internos a diario en los hacinados penales.
Así se resume su perfil en un informe reservado de la institución: “El recluso evidencia un patrón progresivo, reiterado de conducta violenta contra funcionarios, iniciándose con amenazas de muerte e insultos el 11 de diciembre de 2018 en dependencias del CDP Puente Alto, continuando con agresiones directas con arma blanca el 23 de febrero de 2023 en Valdivia y culminando con hechos de agresión al personal que motivaron su traslado por razones de seguridad el 5 de agosto de 2025 al CP La Serena”.
Según el mismo informe secreto, Cantillana ha protagonizado un sin número de hechos graves, que incluso terminaron con un reo asesinado en medio de una riña. El imputado, que fue condenado a seis años por un homicidio frustrado y tener oculto un fusil M16, atacó de forma sorpresiva a un gendarme en febrero de 2023. Llevaba un mes en el penal de Valdivia tras llegar de Santiago 1 por mala conducta.

Cuando personal de Gendarmería revisaba su celda en el módulo 21, Cantillana sacó un estoque desde su pantalón para intentar clavarlo en el cuello de su custodio. Por fortuna del gendarme, el reo falló en su cometido.
Un año después, “El Oreja” continuó con las peleas internas. Así, el 15 de mayo de 2024 en medio de una riña atacó por la espalda al interno Roberto Montillel en el módulo 12. A pesar de que fue derivado al área de salud de la cárcel valdiviana, el reo murió a las dos horas por las graves heridas.
Por esto, Yerko Cantillana emprendió un nuevo cambio de penal: el nuevo centro penitenciario de Rancagua, pero sus modernos sistemas de seguridad no fueron suficiente para controlar la conducta sicaria del delincuente.
En dicho penal mantuvo el mal comportamiento. Incluso, dado sus constantes rivalidades, en uno de los allanamientos en las celdas–en julio de 2025–, encontraron una bala nueve milímetros que tenía nombre: Yerko Cantillana. Es decir, “su cabeza” tenía precio según los códigos carcelarios.
Esto provocó que las autoridades de la unidad de Rancagua pidieran su traslado inmediato nuevamente, lo que no fue escuchado por la Dirección Nacional de Gendarmería. Por ello, al interno lo aislaron, lo que provocó que iniciara una huelga de hambre.
Como su condición física comenzó a deteriorarse, sus custodios determinaron llevarlo al centro hospitalario en agosto de 2025. En medio de ese trayecto, “El Oreja” lo hizo de nuevo: sacó un puñal artesanal para agredir a los gendarmes.

Según los videos de seguridad, tuvo que ser rodeado por unos seis funcionarios. Y cuando se descuidó, fue neutralizado con una escopeta antimotines con un disparo en sus piernas.
Este episodio aceleró lo que el alcaide de Rancagua había solicitado meses atrás. Tras pasar por Puente Alto, Colina II, Santiago 1 y Valdivia sin una solución, las autoridades penitenciarias definieron que su nueva cárcel sería Huachalalume, en La Serena. Ahí entró bajo un perfil de “alta peligrosidad”.
Pero no provocó el impacto esperado. Al mes de estadía, el 9 de septiembre pasado, atacó al reo David Arancibia en su cuello en el módulo 2. De milagro no murió.
Cantillana fue enviado a un área de mayor aislamiento en La Serena. Algo funcionó. Hasta que el 28 de enero pasado, sacó un estoque de 30 centímetros para clavarlo en el hombre y pulmón del gendarme que lo iba a trasladar al patio.
Estos ataques y riñas no solo afectan al régimen interno. El protocolo indica movimientos a centros hospitalarios que presiona aún más el sistema. De acuerdo con el coronel Mario Benitez, presidente de la ANOP, estos hechos de violencia significan disponer de seis funcionarios para vigilar al interno en el centro hospitalario, lo que extienden turnos y cortan el descanso del personal.
“La situación es muy delicada. La cantidad de suicidios el año pasado fue de siete. Ningún servicio público tiene siete funcionarios que se suiciden en un año. Este año (2026) ya van dos casos. Es una señal inequívoca de que algo no está bien”, lamenta el alto oficial de Gendarmería.
Caso de canibalismo sigue desformalizado y con sumarios internos en proceso
El penal Huachalalume en La Serena ha estado bajo escarnio público las últimas semanas. No sólo el caso del “Oreja” trajo problemas en ese recinto. Diez días después del intentó de homicidio de un gendarme, ocurrió un grave hecho de canibalismo que quedó al descubierto la mañana del domingo 8 de febrero.
El protagonista de ese impactante caso fue identificado como Manuel Fuentes Martínez, conocido como el “Chico Ignacio”, quien tenía un historial de amenazas concurrentes a sus custodios, fugas e incluso un intento de motín al quemar su celda en La Serena.
Su mal comportamiento trajo diversos cambios de penales hasta llegar a Huachalalume. Ahí sus problemas nunca terminaron, pues Gendarmería lo cambió doce veces de módulos en un período de nueve meses. Esto generó que el interno–a través de su familia–presentara un recurso de amparo para trasladarse a la nueva cárcel de Rancagua. Esta medida fue acogida y el Tribunal de La Serena había dado luz verde. Sin embargo, la angustia y los problemas de salud mental del imputado quisieron otro destino.

Durante la noche del sábado 7, Fuentes Martínez se enfrascó en una supuesta riña con su compañero de celda Jonathan Padrenas en el módulo 41. Según la declaración del reo, revelada por The Clinic, le enterró un cuchillo en el cuello al esquivar una estocada.
Al revisar sus signos vitales y corroborar el homicidio, el “chico Ignacio” indicó que comenzó a desesperarse por el crimen que había cometido, lo que provocó que entrara en una especie de transe.
“Comencé a morder partes de su cuerpo, quitándole un ojo y me lo comí. Luego, le comí un pedazo de la mano y el cuello donde le pegué la puñalada. Luego, de eso me comí una oreja y al pasar el rato lo tapé y me dormí a su lado”, testificó el imputado en la cárcel.
Una situación que generó un alto impacto en la cárcel de La Serena, cuyos registros de violencia la sitúan como la tercera cárcel más peligrosa de Chile con 62 ataques a gendarmes en los últimos cinco años.
El Ministerio Público inició una investigación que aún no se formaliza. Solicitó diversas diligencias, en especial al Servicio Médico Legal, las cuales aún no finalizan. Fuentes del caso indican que se indaga el rol del personal que vigilaba a los imputados.
En ese sentido, Gendarmería también activó una serie de sumarios. Sin embargo, el director Rubén Pérez adelantó las sanciones y llamó a retiro al jefe de la cárcel de La Serena debido a que sus actuaciones facilitaron las “agresiones gravísimas” a funcionarios y no pudieron contener la situación de canibalismo que terminó con la vida de uno de los internos condenados.
“Gendarmería es una olla de presión”: Las investigaciones por corrupción, liberaciones de presos y la inédita fuga en Santiago Sur
Fue el 10 de enero pasado cuando se encendieron las alarmas. El imputado Claudio Retamales Reyes había quedado en prisión preventiva tras ser formalizado por robo en lugar no habitado en el Juzgado de Puente Alto. Pero, por razones que se investigan, Gendarmería lo dejó en libertad, en vez de trasladarlo a la cárcel.
Parecía un nuevo error del sistema entre las entidades de Justicia. Sin embargo, la primera semana de febrero se conocieron dos nuevos casos similares. En La Moneda intentaron poner paños fríos ante la presión del mundo político que ya advertían un esquema orquestado ante la presunta disconformidad de los funcionarios por la reforma a Gendarmería que busca entregar la institución al control del Ministerio de Seguridad.
Todo en medio de la crisis que se desató por el destape de la red de corrupción más grande detectada en la historia de la entidad carcelaria a fines de 2025: más de 70 gendarmes fueron detenidos por posibilitar la entrada, por medio de pago de coimas, diversas elementos prohibidos a los centros penitenciarios. En especial, al penal Santiago 1.

The Clinic pidió una respuesta al Ministerio de Justicia, pero optaron por no participar de este reportaje. Al igual que Gendarmería.
De todas formas, hace unos días, el ministro Jaime Gajardo en una entrevista radial intentó matizar la crisis y ahogo del sistema penal.
“Lo que yo diría es que tenemos múltiples desafíos y tenemos una situación compleja en el sistema penitenciario. Y estamos en un punto de inflexión. Y por lo mismo estamos reformando la Constitución para incorporar a Gendarmería dentro de las fuerzas de orden y seguridad”, comentó el secretario de Estado.
En esa línea, colocó paños fríos: “A pesar de tener más población privada de libertad, tenemos menos fugas (…) tenemos menos muertos por riñas y tenemos menos libertades erróneas”.
Pero todo ese control de daños se derrumbó la noche del miércoles. En una escena de películas –y con una alta probabilidad de ayuda interna de gendarmes–dos internos escaparon de la exPenitenciaría de Santiago al salir disfrazados como personal de la institución y pasar dos filtros que ningún interno puede pasar por sí solo.
Al cierre de este reportaje, el fiscal regional occidente Marcó Pastén lideraba operativos con la Brigada contra el Crimen Organizado de la PDI para dar con el paradero de los dos peligrosos reos fugados: Juán Flores Valenzuela, condenado a presidio perpetuo por asesinar a su expareja en plena calle en Puente Alto, en 2021; y Tomás González Quesada, quien cumoplía una pena de 16 años por disparar a carabineros en medio de una persecución por la comuna de Ñuñoa.
Interrogatorios en Santiago Sur y a familiares de los reos eran parte de las reservadas diligencias policiales.
Para el coronel Mario Benítez, presidente de los Oficiales Penitenciarios, se ha descuidado al personal de Gendarmería por los diferentes gobiernos. “Esto hoy está explotando. Estamos en crisis, porque la institución fue descuidada. No hay recursos, no se planifica el futuro y no se proyecta. Las consecuencias después se ven en el día a día. Tenemos un personal altamente estresado”, asegura.
En esa línea, el jefe de la cárcel de Puerto Montt recuerda un análisis del entonces ministro de Justicia, hoy a cargo de la cartera de Seguridad, Luis Cordero: “Dijo que cuando nos acercáramos a los 60 mil presos, el sistema iba entrar a una suerte de colapso. Creo que tenía razón. Hoy tenemos 64 mil y fracción. Todos los hechos que hemos visto, errores, fallas y falencias son parte de los síntomas de un colapso, de un sistema altamente estresado que está muy superado en sus capacidades”.
Este tren de situaciones anormales de los últimos meses también lo piensa el director de la institución, Rubén Pérez, quien durante las primeras horas del jueves pasado, explotó con un duro discurso al momento de enfrentar a los medios por la evasión de los internos.
Mientras informaba la remoción inmediata del coronel Héctor Labrín, director regional metropolitano, y de las tres cabezas del CDP Santiago Sur –alcaide, jefe operativo y jefe de régimen interno–, Pérez deslizó una dura autocrítica.

“Han sido siete meses muy desgastantes, muy terribles a cargo de Gendarmería”, lanzó la autoridad para sostener que “le han puesto el pecho a las balas”.
Al mismo tiempo sostuvo que “no hemos cocinado la impunidad bajo cuatro paredes y prescrito sumarios de los corruptos. Hemos enfrentado como nunca antes la corrupción. Estamos aportando con la verdad”, en referencia crítica a sus antecesores que dirigieron la entidad penitenciaria.
En esa línea, Rubén Pérez indicó que romper con “ese silencio cómplice” lo pone en la mira de las redes de crimen organizado que operan en los penales.
“El bandidaje no puede estar contento (…) Han habido coronas de flores, todavía no llega la mía”, dijo con mucha molestia.
Una crisis nunca antes vista en Gendarmería, que mientras se cruzan con fuertes palabras y percepciones de amenazas a las autoridades por destapar indisciplinas y actos de corrupción, los penales están a un punto de ebullición alarmante.
Puerto Montt, la cárcel con más ataques a sus funcionarios, fue construida para 1.245 reos y hoy recibe 1.924, cuyos huéspedes en su mayoría son del crimen organizado.
Y sigue. El penal Santiago 1 fue levantado para 1.553 imputados. Se densificó para 4.000 y hoy el colapso habla por sí solo: todos los días se cuentan 6.800 reos. La exPenitenciaría–bajo intervención por la evasión de dos peligrosos delincuentes–fue diseñada para 2.400 reclusos y tiene 6.500.
En Valparaíso ocurre lo mismo: el centro debería recibir 1.600 internos y hoy tiene 4.000. Más al norte, en Copiapó, Calama y Tocopilla, las cárceles presentan entre 300% a 400% de hacinamiento.
Un sistema que ya no discute por quién tiene el control al interior de sus centros penitenciarios, sino que teme porque explote por sus instalaciones “absolutamente superadas”.



