El fiscal Carlos Gajardo, que lleva la investigación por las acreditaciones truchas otorgadas por la CNA a las universidades Pedro de Valdivia (UPV), del Mar y SEK, busca descartar cualquier posibilidad de que el ex jefe del organismo, Luis Eugenio Díaz, tenga platas escondidas en el exterior.

Por esta razón solicitó a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones la Fiscalía Nacional (Uciex) que busque información bancaria con sus pares de Suiza, el paraíso fiscal de Luxemburgo, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y España.

Gajardo hizo esta petición, básicamente para incautar mayores activos de Díaz, ya que hasta ahora sólo tiene fondos menores, luego de peinar a todo el sistema financiero nacional. Hay que recordar que Díaz está formalizado por blanqueo de capitales, cohecho y delito tributario, por lo que el fisco busca recuperar en algo el daño patrimonial.

Junto al anterior está uno de los dueños de la UPV Ángel Maulén y el ex rector de la UDM Héctor Zúñiga. Ambos por blanqueo de capitales y soborno, mientras que el ex rector de la SEK, José Schroeder sólo por este último delito.

Aún pendiente

Sin embargo a Gajardo hasta ahora no le ido tan bien como esperaba, aunque falta que respondan varios países.

España, por ejemplo, revisó los registros bancarios, financieros y de un cuanto hay y respondió que Díaz no existe en su base de datos.

La sospecha, dijeron fuentes ligadas al caso, es que el dueño de la SEK, Jorge Segovia, quien se encuentra en el país europeo, pudiera haber depositado en alguna institución financiera a nomrbe de Díaz.

Segovia fue interrogado en calidad de imputado por el fiscal Gajardo. El empresario negó cualquier responsabilidad en los hechos, en una declaración que prestó vía Skype, revelada en mayo por The Clinic Online.

Para el caso de Inglaterra, la autoridad londinense le requirió a su par chilena mayores antecedentes, ya que no existe un registro central en materias bancarias y financieras.

En el oficio reservado de la Cancillería a la Uciex, se señala que desde el Reino Unido se les pidió además que la fiscalía explique por qué cree “que existen fondos relevantes para la investigación” en el país europeo.

En el caso de Luxemburgo la respuesta está pendiente, al igual que Suiza y Alemania.

Con Estados Unidos el caso es particular, ya que las relaciones de la fiscalía con el FBI no pasan por el mejor momento, aunque la última palabra no está dicha.

Atenuante calificada

En tanto la Universidad SEK a través de su abogado Luis Arévalo, presentó hace algunas semanas un escrito, donde incluyó un plan de prevención que todas las empresas deben tener para prevenir desde el lavado de dinero hasta mantener correctamente sus procedimientos internos.

La información fue confirmada por el propio Arévalo, quien explicó que este manual de buenas prácticas -aprobado por la junta directiva- existe en la SEK a nivel mundial, porque la universidad es una firma que tiene presencia en varios continentes. Por eso, indicó, se hizo una versión aterrizada a la realidad chilena.

Hay que recordar que tanto la SEK como la UPV y la UDM están formalizadas bajo la figura de la Ley de Responsabilidad de la Persona Jurídica, ya que ex directivos se hallan formalizados por blanqueo de capitales y soborno a un funcionario público. En los hechos, la sanción de esta norma dictada en 2009 para cumplir el estándar OCDE en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción, son varias. Van desde la cancelación de la personalidad jurídica hasta millonarias multas para evitar lo anterior.

Arévalo también reconoció que el documento entregado al fiscal Gajardo, permite conseguir la llamada “atenuante calificada” ante la eventualidad de un juicio oral, permitiéndole rebajar una eventual sanción.

Caso vinculado

Recientemente, la LRPJ fue utilizada por la fiscal Centro Norte Macarena Cañas en la investigación por el pago de coimas al ex director de obras de la municipalidad de Recoleta, Carlos Reyes.

En esta indagatoria Cañas logró que la empresa de pinturas Ceresita pagara en beneficio de la sede comunal la no despreciable suma de 2,5 millones de dólares, ya que gracias al soborno a Reyes logró una serie de permisos de funcionamiento irregulares.

El caso también se vincula al que lleva Gajardo, ya que la perseguidora también indaga a la universidad San Sebastián por el intento de soborno a Reyes, tal como lo declaró y admitió este último en un reciente juicio abreviado, donde fue condenado a 4 años de presidio remitido.