La violencia sexual contra mujeres en dictadura

Actualmente existen alrededor de 1.400 causas que investigan violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura, de las cuales sólo 30 corresponden a víctimas de tortura y el resto a casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos. De las 30 causas sobre torturas, sólo 5 se refieren a la violencia sexual sufrida por mujeres.

Estos números contrastan dramáticamente con el total de aproximadamente 40.000 víctimas sobrevivientes, de las cuales alrededor 3.400 son mujeres, y con el hecho que la mayoría de las mujeres ha declarado que durante el tiempo en que estuvieron detenidas sufrieron algún tipo de violencia de carácter sexual.

La violencia sexual como tortura fue una práctica generalizada y sistemática que entre 1973 y 1990, afectó a mujeres de diferentes edades y condición, debido a sus actividades políticas, sus vínculos personales o familiares, a su rol en la sociedad civil, o como represalia por las actividades e ideas políticas de sus maridos, parejas, hijos y demás familiares.

Entonces cabe preguntarse por qué existen tan pocos procesos de investigación sobre este tipo de violaciones y por qué, siendo un fenómeno tan grave, se encuentra tan invisibilizado en nuestra sociedad.

Para comenzar a abordar este problema debemos asumir como premisa que vivimos en una sociedad en la que durante siglos se ha considerado que la violación y, en general todas las formas de violencia sexual en contra de las mujeres, son una consecuencia secundaria y natural en los conflictos armados. Tal como lo recoge el Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, “este lado oscuro y miserable del conflicto históricamente no ha alcanzado a empañar la victoria de los vencedores porque han habido pocas voces dispuestas a reconocer su existencia y a calificarlo como un crimen”.

La violación y todas las formas de violencia sexual en contra de las mujeres están prohibidas por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y ya a partir del establecimiento de la Corte Penal Internacional a través del Estatuto de Roma, se considera que no constituyen un simple crimen contra la dignidad de las personas sino que en determinados contextos pueden ser crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Es tal la magnitud de los actos de tortura y de violencia sexual, y tantas las mujeres que fueron víctimas de estos crímenes durante la dictadura cívico militar chilena, que se hace imprescindible hoy día asumir el desafío y la responsabilidad de visibilizar el fenómeno en la gravedad que éste tiene, y luchar en contra de la impunidad de los agresores.

Se requiere el respaldo de una institucionalidad pública que asuma la responsabilidad de entregar a las víctimas las herramientas necesarias para iniciar y llevar adelante los procesos judiciales, que tienen altos costos para los querellantes y sus familias, no sólo en lo económico sino también en lo personal.

Ésta es la principal razón por la cual la judicialización de estos casos es importante: la búsqueda de la Verdad y de la Justicia, el reconocimiento legal de que estos hechos ocurrieron y que hay personas que son responsables, que deben dar cuenta de sus actos ante las instancias judiciales, las mujeres víctimas y sus familias y la sociedad.

Este reconocimiento es fundamental no sólo para el proceso de reconstrucción social de un país que vivió una dictadura cívico-militar durante 17 años, sino que también desde la perspectiva de la violencia en contra de la mujer como un continuo, que se agudiza en contextos de conflicto, pero que subyace y que se encuentra latente en todos los espacios en que viven y se desarrollan las mujeres en nuestro país.

Por ello, las mujeres tenemos el deber y la responsabilidad de denunciar las violaciones a nuestros derechos, porque el no hacerlo implica admitir la impunidad de estas violaciones y dejar en la indefensión a las mujeres que sufrieron de estas violaciones en el pasado, las que lo sufren en el presente y las que lo sufrirán en el futuro.

*Abogada Corporación Humanas