Las cascadas que hunden a Julio Ponce Lerou

Roberto Lobos, que es pensionado, cerró su libreta de ahorros para la vivienda y con esa plata compró acciones. El 1 de agosto del año pasado se acercó a la oficina de la corredora de bolsa Larraín Vial y en el mesón pidió que le mostraran uno lista de empresas mineras para elegir dónde poner sus ahorros. En ese tiempo -tal como ahora- el litio estaba de moda, y decidió poner sus fichas en SQM, la hasta entonces sólida y siempre pujante empresa de Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Augusto Pinochet.

Lobos se gastó así un millón y medio de pesos: 12 acciones de Soquimich S.A.; 2.952 de Potasios de Chile S.A.; 74.775 de Norte Grande S.A.; y 49.590 de Oro Blanco S.A. Pero a los pocos días se enteró que había hecho un pésimo negocio. Las empresas donde había decidido poner sus ahorros estaban siendo investigadas por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Sobre ellas caían una serie de acusaciones, que tenían en primera plana de los diarios económicos, hace varios meses ya, al círculo cercano de Ponce Lerou por realizar operaciones, entre los años 2009 y 2011, que infringían las normas del mercado de valores.

El 11 de septiembre, Lobos presentó una querella y, un año después, esta denuncia amenaza con convertirse en el mayor escándalo del mercado financiero. En un proceso paralelo, hace un mes -un día antes del “Chile Day” en Londres- la SVS formuló cargos en contra de Julio Ponce Lerou, controlador de SQM, y tres ejecutivos cercanos a su círculo íntimo: Patricio Contesse, gerente general de SQM; Aldo Motta, gerente general de las empresas que controlan SQM, y Roberto Guzmán, asesor de Ponce Lerou. La acusación especifica una serie de transacciones que califica de indebidas y que los acusados habrían realizado, entre otras cosas, para ayudar a Ponce Lerou a mantener el control de la compañía y aumentar artificialmente la valoración de ésta a través de compras y préstamos de dinero entre empresas relacionadas. La SVS determinó, también, que en las operaciones habrían participado dos de las más importantes corredoras de bolsa del país, Larraín Vial y Banchile Inversiones, por lo que el escándalo podría ampliarse hasta niveles insospechados.
Y más todavía si se considera el carácter emblemático de Ponce Lerou, uno de los empresarios que se enriqueció en la dictadura y que empezó a eclipsarse en este septiembre.

VENDO ACCIONES
Lo que hoy está en la lupa de los fiscalizadores son las “cascadas” de Ponce Lerou, el sistema con el que el ex yerno de Pinochet controla SQM, la minera no metálica más grande del país. Ponce Lerou maneja el 32% de las acciones de SQM a través de un enjambre de sociedades que cotizan en bolsa. Ponga atención. En la primera línea están Pampa Calichera y Potasios de Chile, de las cuales Ponce Lerou es dueño a través de otras dos compañías de inversiones: Oro Blanco y Nitratos de Chile, que a su vez están controladas por otra firma: Norte Grande. La venta de acciones de SQM entre estas empresas relacionadas es lo que la SVS y la Fiscalía Centro Norte investigan hoy. La tesis que ambas instituciones fiscalizadoras sostienen es que detrás de todas estas operaciones existe una coordinación para que todos los actores que participan ganen, pasando por alto -acusan- las leyes que regulan el mercado financiero. Este es un ejemplo, y sígalo con atención, que es posible enredarse:

El 28 de marzo de 2011, la compañía Global Mining, una filial de Pampa Calichera a través de la cual Ponce Lerou mantenía el 5,24% de SQM, vendió cinco millones de acciones de esta compañía. Aldo Motta, gerente general de Global se contactó con Banchile Corredores para hacer la oferta. El comprador fue Linzor Total Return Fund, que pagó un precio de $27.100 por cada acción. Los papeles se transaron en 22 paquetes, el primero de ellos se vendió a las 9:33 de la mañana y tres minutos después Linzor revendió a $27.138 estas mismas acciones a Oro Blanco, compañía de la que Motta también es el gerente general. La operación se repitió 22 veces. A las 11:43 de ese día, los cinco millones de acciones habían pasado de Global a Linzor, y de Linzor a Oro Blanco, manteniéndose dentro del mismo grupo que Lerou controla. En ambas puntas, como vendedor y luego como comprador, fue Aldo Motta, en su rol de gerente de ambas compañías, el encargado de dar las autorizaciones. Según el informe de la SVS, en esta transacción todos ganaron: Banchile ganó 54 millones de pesos por la comisión de ambas ventas, Linzor ganó 128 millones por la “pasada”, y Ponce Lerou revalorizó sus acciones en $38 pesos en poco más de 120 minutos. Siete meses después, Oro Blanco vendió estos cinco millones de acciones nuevamente. Esta vez, la operación se hizo a través de Larraín Vial, y el comprador fue Potasios de Chile, una compañía relacionada que se creó en agosto de 2011, a partir de la división de Pampa Calichera, y que se convirtió en controlador de SQM al quedarse con el 6,91% de las acciones de ésta. En la pasada las acciones se vendieron a $29.000 cada una. Nuevamente, todos los actores ganaron.

En los informes que Banchile entregó a la fiscalía, la corredora argumentó que toda la transacción se hizo a precio de mercado, mientras que Aldo Motta explicó que al momento de comprarle a Linzor, el precio de las acciones fue negociado. Según la formulación de cargos de la SVS, este sistema se habría repetido reiteradamente entre el 2009 y el 2011. En algunas ocasiones las empresas terceras compradoras, que en el informe aparecen bajo el rótulo de “sociedades instrumentales”, fueron Inversiones Saint Thomas y La Viña, de propiedad de Leonidas Vial, dueño de Larraín Vial, que según la SVS ganó en cada operación el costo de la comisión que implicaban las transacciones. El rol de las corredoras, según explica un abogado querellante, habría sido el de impedir que un tercero interfiriera en el traspaso de las acciones entre las compañías de propiedad de Ponce Lerou.

LA BATALLA QUE SE VIENE
El círculo cercano a Ponce Lerou que hoy está siendo indagado ha cerrado filas con el cuestionado empresario. El argumento más fuerte que manejan es que todas estas operaciones se hicieron de forma transparente en la bolsa. Según comenta el abogado de uno de los involucrados, los dueños de las llamadas “sociedades instrumentales” simplemente aprovecharon el mercado para hacer negocios. “Se sabe que Ponce Lerou es una persona a la que le gusta controlar las compañías en las que está. De manera que cuando vende acciones es porque necesita plata, y todos saben que luego recompra esas acciones cuando tiene dinero, por lo tanto es un buen negocio”, dice el abogado. En esta situación se encontrarían Roberto Guzmán y Leonidas Vial.

Al cierre de esta edición, tanto Ponce Lerou como el resto de los acusados preparaban sus defensas. Según el plazo, las sanciones de la SVS deberían conocerse en marzo próximo, mientras que la fiscalía debería seguir con un proceso criminal paralelo que hoy está frenado por la propia SVS, que no quiere poner a disposición del Ministerio Público los antecedentes con los que decidió levantar cargos contra el ex yerno de Pinochet. Según Mauricio Daza, abogado del accionista minoritario Roberto Lobos, todo esto obedece a que el organismo fiscalizador no quiere llevar las sanciones hasta las últimas consecuencias: “Llama la atención que la SVS no quiera ayudar a la justicia. Creo que pretenden que esto termine de una forma acotada, simplemente con multas. Aparentemente, Ponce Lerou es demasiado grande para caer. Mandarlo al paredón junto a Larraín Vial, y Banchile, va a tener un efecto estructural en el mercado de valores”, dice Daza.