Unicef y menores mapuche procesados por delitos de reivindicación territorial: "Hay mayor severidad en la aplicación de justicia"

Unicef y menores mapuche procesados por delitos de reivindicación territorial: “Hay mayor severidad en la aplicación de justicia”

Hace unos días se inició el juicio oral contra José Antonio Ñirripil por el ataque al fundo Brasil en septiembre de 2009, que ocurrió cuando el joven era menor de edad. Aunque está siendo juzgado por delitos comunes, una de las principales pruebas en su contra fue obtenida a través de la ley antiterrorista, cuya aplicación está prohibida para quienes, al momento de delinquir tienen menos de 18 años. El caso está siendo seguido por el encargado del Área de Protección Legal de Unicef Chile, Nicolás Espejo, quien acusa que se está instalando una tendencia que perjudica las garantías procesales de los jóvenes mapuche.

El 11 de septiembre de 2009, un grupo de sujetos que portaban armas de fuego intimidaron al cuidador del fundo Brasil, en la Región de La Araucanía, sustrajeron especies y luego quemaron la casa patronal, bodega y maquinaria. La investigación apuntó a que se trataba de delitos vinculados con la reivindicación territorial y se aplicó la ley antiterrorista. Entre los imputados por el caso figuran José Antonio Ñirripil y Cristián Cayupán Morales, hoy mayores de 18 años, pero que al momento del ataque eran menores de edad. Un año después del incidente, el Gobierno envió una reforma al Congreso, que fue aprobada, y que determinó, para cumplir con la Convención de Derechos del niño, que en cualquier circunstancia los adolescentes que habían delinquido siendo aún menores debían ser juzgado sólo por delitos comunes. En 2011, se precisó que ello era vinculante a causas que ya se estaban tramitando. Sin embargo, en noviembre de este año, cuando comenzó el juicio oral contra Ñirripil por homicidio simple frustado, incendio consumado, amenazas y robo con violencia fueron aceptadas pruebas que se obtuvieron en el marco de la ley antiterrorista, situación que llevó al abogado Nicolás Espejo, encargado del Área de Protección Legal de Unicef Chile, a denunciar la situación ante Naciones Unidas. "Después de dictada la ley hubo cuatro adolescentes mapuche imputados por delitos vinculados a hechos calificados de terroristas, donde se hizo preciso separar sus causas de las de los adultos y recalificar los delitos. Fue lo que pasó con Ñirripil, Cayupán, Luis Humberto Marileo y Juan Patricio Queipul. Hasta ahí todo bien, pero en el único caso en que se pasó desde la preparación del juicio oral, al juicio propiamente tal, el tribunal de garantía aceptó dos testigos de oídas, obtenidos a través de la ley antiterrorista para el juicio de adultos, lo que es grave y preocupante porque en el caso de los adolescentes deben tener un régimen reforzado de sus garantías procesales". La situación, afirma el experto, es delicada porque puede sentar un precedente negativo que vulnere las garantías procesales de los jóvenes mapuche. "Puede haber una interpretación laxa de la reforma que permita una aplicación subrepticia de la ley antiterrorista a menores de edad, y en particular a niños mapuche, porque es en La Araucanía donde se concentran las causas de este tipo, entonces no corresponde porque contraviene la convención sobre los derechos niños que fue el marco en el que se sustentó la inaplicabilidad de la ley antiterrorista", explica. -¿Ha sucedido en otros casos algo similar? En otros casos, hasta ahora, se ha excluído este tipo de prueba. Pero lo que queremos es que no se establezca un mal precedente que permita una interpretación regresiva, porque sería un pésimo precedente. -¿Qué explicación ha entregado la Fiscalía para aceptar este tipo de pruebas? Que el delito es previo a la ley, pero como establece la convención de derechos del niño y el principio pro reo, se debe aplicar la ley que más beneficie al niño. Se sabía cuando se legisló que había menores contra quienes se sustentaban causas. Como Unicef no podemos intervenir pero hemos informado la situación a la Relatoría de Naciones Unidas de Terrorismo y la de Situación Indígena, y a la Relatoría de la Organización de Estados Américanos de Derechos Humanos para que puedan hacer recomendaciones al Estado para que no se restrinjan los derechos procesales del menor. -Además de la situación de Ñirripil, ¿hay alguna otra situación de menores imputados que sea especialmente preocupante para la Unicef? El caso de Gabriel Valenzuela Montoya. A él se le imputan los delitos de robo con homicidio y homicidio frustrado. Gabriel está con internación provisoria en Chol-Chol por más de un año y dos meses. En esto la convención establece que la privación de libertad debe ser la última opción y por el menor tiempo posible. Él estuvo en huelga de hambre solicitando un juicio, y además él está separado de su comunidad y de su familia. Hace tres semanas, él trató de suicidarse. Se presentó un recurso de amparo a su favor, que fue rechazado. El Sename dice que está bajo una situación crítica de estrés y eso nos parece preocupante, porque su internación supera el promedio en que están detenidos los menores no mapuche. ¿Hay una justicia distinta, más severa, para los jóvenes mapuche? No tenemos suficiente información para decir si en total de las causas mapuche hay mayor sanción, pero en algunos de los casos podemos advertir mayor severidad en la aplicación de justicia con jóvenes mapuche. El comité de derechos de niños ya ha observado que los niños mapuche están más vulnerables por ejemplo en los allanamientos a sus comunidades, donde son sometidos a apremios físicos y estrés sicológico y nos preocupa que se consolide una tendencia de mayor severidad con los jóvenes mapuche.
Comentarios
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