Una dura respuesta a Evelyn Matthei lanzaron los jueces del país a través de la Asociación de Magistrados, luego que la candidata los tratara como “de izquierda” en el marco de las elecciones.

En una carta a El Mercurio el presidente de la agrupación Leopoldo Llanos dice que la afirmación de Matthei merece varios reparos.

“Desde luego, los jueces podemos tener una visión política, cercana a la derecha o a la izquierda, porque somos también ciudadanos. Pero una cuestión distinta es actuar políticamente (porque la ley lo prohíbe) y que resolvamos en consideración a la postura ideológica, la que nada tiene que ver a la hora de juzgar a las personas” comienza Llanos.

En la misivia a El Mercurio agregan que sobre la “supuesta protección a quienes se imputan delitos con nuestras resoluciones (no leyes, porque no las dictamos), la candidata tampoco exhibe demostración empírica alguna sobre el particular”.

Para justificar el argumento los jueces entregan datos duros: “entre 2006 y 2013 fue decretado por los tribunales de primera instancia el 87,69% del total de peticiones de prisión preventiva. Y de los asuntos llevados a juicio, en el año 2012 las sentencias condenatorias aumentaron a 82,2%”.

Luego de los números los magistrados dicen que se demuestar “lo gratuito de las aseveraciones de la candidata, que solo se explican por la necesidad de explotar un nicho electoral (la seguridad pública) en donde los únicos indefensos frente a ataques sistemáticos a su labor son, precisamente, los jueces, porque la ley impide que puedan defender públicamente sus decisiones”.

Finalmente en la carta se sentencia que “es útil recordar que los tribunales, frente a una imputación de delitos, deben actuar como terceros imparciales (son jueces, no parte); que solo resuelven a base de las pruebas aportadas; que la investigación de los delitos la llevan a cabo otros organismos públicos; que sus decisiones son susceptibles de recursos procesales; y que confirmadas estas por los tribunales superiores, quedan firmes y producen cosa juzgada, debiendo ser acatadas por todas las personas y por otros entes o poderes públicos. Es el sistema jurídico establecido en la Constitución y en el Código Procesal Penal, este último aprobado por la señora Matthei cuando fue parlamentaria“.