La Corte Interamericana de DDHH juzga a Perú por presunta ejecución de miembros del MRTA en 1997

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) juzga desde hoy al Estado peruano por la supuesta ejecución extrajudicial de tres miembros del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en 1997.

El caso se remonta a diciembre de 1996, cuando 14 miembros del MRTA secuestraron a 72 personas en la residencia del embajador de Japón en Lima, Morihisa Aoki, a quienes mantuvieron cautivas durante 126 días.

La operación militar “Chavín Huántar”, autorizada por el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), permitió el rescate de 71 de los 72 rehenes con vida, mientras que fallecieron todos los miembros del MRTA.

En la audiencia de este lunes ante la CorteIDH, organismo autónomo de la OEA con sede en San José de Costa Rica, los jueces escucharon el testimonio de Hugo Sivina, extitular del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), propuesto por el Estado de Perú, quien narró su experiencia como rehén en esos hechos.

Sivina describió cómo fueron los cuatro meses que estuvo cautivo y aseguró que el trato de los secuestrados siempre fue “grosero”, con “momentos de tensión” y que tenían las armas “listas” para ser utilizadas.

“Ellos tenían el control y tenían las AKM (arma de fuego) listas para ser usadas en el caso de que hubiese algún otro tipo de actitud de amenaza o de querer tener otro temperamento”, indicó Sivina.

Añadió que los miembros del MRTA aseguraron que ninguno de los seis magistrados del JNE iba a salir de la residencia porque tenían que “responder” por la muerte de seis de sus “camaradas” que fallecieron en otro operativo.

La demanda contra el Estado peruano indica que tres de los captores, Eduardo Nicolás Cruz, Herma Luz Meléndez y Víctor Salomón, se habrían encontrado bajo custodia de agentes estatales al momento de su muerte, por lo que no habrían representado una amenaza.

Según la demanda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Cruz, Meléndez y Salomón fueron ejecutados extrajudicialmente tras la acción militar.

La CIDH, órgano autónomo de la OEA con sede en Washington, también acusa al Estado peruano de no llevar a cabo una investigación diligente y efectiva de los hechos, ni identificar y juzgar a los presuntos autores materiales e intelectuales.

El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), defensa de las supuestas víctimas, dijo en un comunicado que con la audiencia no se pretende cuestionar el derecho y la obligación de adoptar medidas para el rescate de los secuestrados, que pueden incluir la fuerza.

Lo que se busca es que se respetaran los derechos de los involucrados, ya que presuntamente las víctimas ya habían depuesto las armas y había concluido el operativo, sostuvo el Cejil.

Añadió que el grupo armado con la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima solicitaba la liberación de los miembros del MRTA en prisión y su traslado a la selva central de Perú junto con quienes ocupaban la residencia, por cuya liberación pedían una suma de dinero que no precisa la Cejil en su comunicado.

Durante el juicio, que comenzó este lunes y se extenderá hasta el martes, los jueces escucharán las versiones de testigos y peritos, así como los alegatos finales de la defensa de las supuestas víctimas y el Estado peruano.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de Perú, Daniel Figallo, quien encabeza la delegación del Estado peruano en la audiencia pública, dijo a la agencia oficial de noticias Andina que defenderá “intensamente, y en todos los aspectos y ámbitos a los comandos Chavín de Huántar”.

“Hemos venido a defender los intereses del Estado en esta causa que es la defensa de los comandos (…) como Estado llevamos un altísimo equipo que recoge los testimonios de las verdaderas víctimas del atentado del MRTA: los rehenes”, afirmó Figallo.