En una especie de guerrilla de cartas sobre si el Ministerio de Educación tiene o no las facultades para fiscalizar la venta y traspaso de recursos en las universidades privadas, el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, insistió en que la institución dirigida por Carolina Schmidt sí tiene las herramientas para hacerlo.

A través de una carta a El Mercurio, el timonel de la “casa de Bello” comienza diciendo que “en su carta publicada el lunes, Carlos Williamson, director nacional del Servicio Civil del Gobierno y ex prorrector de la Universidad Católica de Chile, reconoce que tengo razón al decir que el Ministerio de Educación tiene la obligación de fiscalizar, pero se contradice al decir luego que no en los contratos de transacciones relacionadas”.

Víctor Pérez explica la contradicción esgrimiendo que “el contralor general de la república estableció que “las potestades fiscalizadoras, normativas y reguladoras del sector las tiene Educación. Ahí hay un velo de ausencia”, con lo que queda claro que el Ministerio de Educación sí tiene la obligación y las facultades para fiscalizar, y porque recientemente la prensa reveló el contrato de compraventa de la marca y los estudiantes de la U. Andrés Bello que está publicado en la SEC de Estados Unidos, que al parecer supondría una violación de la ley chilena”.

Según la autoridad universitaria esto se trata de un “antecedente público”, hecho que se agrega a lo “revelado por el Consejo Nacional de Educación y cuya investigación formal debería ser respaldada por cualquier actor serio del debate educacional chileno, porque apunta a un tema de fondo: Chile es un Estado de Derecho y todos estamos obligados a respetar la ley, y no se entiende que haya tantas dificultades para que el Ministerio de Educación cumpla con su obligación de hacer cumplir la ley”.

En duras palabras el rector señala que “es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía enterarse por los medios de comunicación que grupos inversionistas nacionales y extranjeros compran y venden universidades en cifras millonarias en dólares, ante la vista y paciencia de las autoridades, en un país en que por ley las universidades no pueden tener fines de lucro”.

Finalmente, Víctor Pérez manifiesta que “lo anterior obliga a concluir que el ministerio sí tiene la obligación y las atribuciones para fiscalizar la forma en que Laureate habría ingresado y operaría en Chile, lo que además considera los traspasos millonarios de recursos desde la U. Andrés Bello y la U. de las Américas a su matriz Laureate. Y hasta la fecha la ministra Carolina Schmidt se ha negado a hacerlo”.