El ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, dio a conocer que este lunes solicitó a la superintendenta de Servicios Sanitarios, Magaly Espinosa, que realice una investigación sumaria para determinar cuáles son las responsabilidades de la empresa Aguas del Altiplano en la demora en la reposición del servicio de agua potable en las regiones de Arica y Parinacota, y de Tarapacá, afectadas por el terremoto que afectó al norte del país.

También, le solicitó que determine un “protocolo que obligue a los gerentes generales de las compañías de agua a hacerse presente rápidamente en la zona de catástrofe para facilitar las soluciones, ya que en este caso lo que hubo fue ausencia durante un espacio prolongado de quienes tomaban las decisiones en la empresa”.

Y lo tercero, que fiscalice “no sólo en esta empresa, sino que en todo el sector sanitario para determinar cuál es el grado de respaldo con que cuentan ante fallas eléctricas, que afecten la distribución de agua” en casos de emergencias, puntualizó.

El secretario de Estado agregó que “las dificultades que se presentaron en gran parte, tenían que ver con la falta de electricidad. Las empresas sanitarias tienen la obligación de tener sistemas de respaldo para permitir que cuando se corta la electricidad se reponga lo antes posible”.

Undurraga afirmó que estas son las tres medidas que solicitó a la superintendenta de Servicios Sanitarios, con quien sostuvo una reunión de trabajo en la mañana, en el MOP.

Reiteró que “la primera, un sumario para determinar las responsabilidades de la empresa sanitaria en el norte. Segundo, establecer un protocolo para que los gerentes generales estén en la zona de desastre y así se puedan tomar más rápido las decisiones”.

Añadió que “para estas dos primeras medidas hemos pedido un plazo de 10 días”.

Y tercero, señaló, “una fiscalización a todo el sector sanitario, de manera de establecer qué grado de respuestas hay en cada una de las empresas ante fallas eléctricas y cómo eso puede afectar la distribución de agua, de determinar que el grado de respuesta no es bueno, según la norma, de manera de asegurar que esto no se repita en el futuro. Para esta tercera medida, hemos establecido un plazo de 30 días”.

Asimismo, sentenció que “tenemos la convicción de que hay un conjunto de comportamientos en el sector sanitario, fundamentalmente en la empresa sanitaria, que cubre tanto la Región de Arica y Parinacota como Tarapacá, que si hubieran sido distintos, habría sido más rápida la respuesta en la reposición del servicio de agua potable después del terremoto. Así que tenemos una convicción de que hay algunos aspectos que tienen que cambiar, no sólo para esta empresa, sino que también para todo el sector sanitario”.

En tanto, la superintendenta explicó que “se inicia una investigación sumaria para determinar si los antecedentes dan lugar a la formulación de cargos. Las multas tienen que ver con el cumplimiento de estándares de calidad de servicio y de instrucciones otorgadas por la Superintendencia, de esta forma podremos, según lo que encontremos en esta investigación, establecer los niveles máximos de multas que pueden arriesgar”.

Espinosa agregó que “lo importante acá es que tenemos que avanzar en las respuestas del sector sanitario frente a eventos de esta naturaleza, Chile es un país sísmico y está enfrentado permanentemente a este tipo de situaciones. Se ha trabajado en protocolos de emergencia, pero estos protocolos tendrán que tener una segunda parte a raíz de la experiencia vivida en el norte, y este plan de fiscalización nos permitirá dar cuenta de la respuesta efectiva de las empresas y el nivel de seguridad que tiene la población de este suministro básico en situación de emergencia”.