Caso Bachelet llega a la Corte Interamericana de DDHH: Suprema incumplió recomendaciones de investigar a torturadores de ex FACh

Foto gentileza Villa Grimaldi

El Estado chileno incumplió las recomendaciones de investigar a los torturadores de los ex FACh que estuvieron junto al general Alberto Bachelet (padre de la Presidenta), que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en noviembre de 2013.

Básicamente fue la Corte Suprema la que no realizó las gestiones dentro del plazo de seis meses para que ello ocurriera, por lo que la CIDH elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos humanos, máximo tribunal del sistema interamericano de justicia que ha condenado a Chile en varias oportunidades, no sólo por temas de DDHH sino también por discriminación.

La decisión de la CIDH implica que el Estado deberá entrar en un juicio que bien podría terminar con una sanción, de carácter jurídico y eventualmente económico de reparación a las víctimas de los apremios sufridos en la Academia de Guerra Aérea (AGA) después del golpe de 1973, donde Alberto Bachelet murió producto de los tormentos propinados por sus compañeros de armas.

La determinación del organismo ya fue notificada al abogado patrocinante de los ex aviáticos, Ciro Colombara, quien confirmó el hecho a The Clinic Online, pero declinó hacer comentarios.

Hay que recordar que el Estado fue notificado en noviembre de 2013 de seis recomendaciones de la CIDH, entre ellas dos que incluyen a la Suprema de forma directa.

El 19 del mismo mes el entonces presidente del máximo tribunal Rubén Ballesteros recibió el oficio de la Cancillería, tal como lo informó este diario y fue sólo en enero, una vez elegido su reemplazante Sergio Muñoz, que el asunto fue de conocimiento de todos los miembros del Pleno. Es decir al menos tres meses después. Y el plazo corría. Tanto fue el nivel de descoordinación, que Muñoz se enteró de la notificación del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando este diario reveló la información en enero pasado.

Ojo piojo

No fue lo único que recomendó la CIDH al Estado. También establecer las responsabilidades de quienes no hicieron justicia; que se adoptaran medidas para otorgar recursos judiciales “efectivos para la protección de los derechos de las víctimas y sus familiares que le fueron conculcados”. O sea, la Suprema.

Asimismo, señala el documento que publicó este diario, “reparar” tanto moral como materialmente a las víctimas y adoptar “medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, con el objeto de adecuarla legislación y las prácticas chilenas a los estándares interamericanos en materia de tortura y protección judicial”.

Y por último: “Adoptar medidas para prevenir la repetición de hechos similares a los relacionados con el presente caso”.

Los conniventes

El caso de los ex Fach -antes de llegar a la Corte Interamericana- tuvo un largo periplo en Chile. En 2001, doce ex oficiales recurrieron a la Suprema, buscando que se anulara el proceso 1-73 que tramitó la judicatura castrense en los días posteriores al golpe por sedición, traición a la patria, entre otros delitos.

A fines de 2002 el máximo tribunal rechazó el recurso interpuesto por los ex uniformados. En la oportunidad, adujo que carecían de las facultades para revocar los casos bajo el fuero militar.

Lo argüido por la Suprema es el mismo discurso jurídico connivente con la dictadura que estableció el Informe Rettig, cuando en 1973 y 1974 el máximo tribunal no ejerció la superintendencia sobre los tribunales militares en tiempos de guerra.

Con este rechazo los ex FACh recurrieron en 2003 a la CIDH. Demoró 10 años en llegar a una etapa en que podría haber justicia, pero ahora luego que el Estado incumpliera las recomendaciones, se enciende una luz para los peticionarios.

Caja de pandora

Fuentes de la Corte Suprema consultadas por The Clinic Online indicaron que más allá del plazo otorgado por la CIDH se han realizado gestiones para que se inicie el proceso en favor de los ex uniformados y cumplir así las recomendaciones de juzgamiento. En todo ya pasó la vieja.

Fuentes ligadas a los ex FACh, indicaron que el máximo tribunal les ofreció que presentaran formalmente una denuncia, hecho que fue rechazado, ya que la judicatura debía cumplir con lo recomendado por la CIDH.

Actualmente, dijo un supremo, se han hecho gestiones para que la fiscal de la Suprema, Mónica Maldonado, eventualmente, ordene la apertura de un “auto cabeza de proceso” por tortura, que recaería en el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza.

En todo caso, el inicio de una indagatoria no será tan sencillo como parece, ya que Maldonado, después de que el caso está elevado a la Corte Interamericana, seguramente enviará su decisión al Pleno del máximo tribunal para que la decisión tenga el peso formal. Ello implicará una nueva demora.

Ahora bien, el Poder Judicial se encuentra en una suerte de jaque mate, hecho que es reconocido por algunos ministros de la Suprema. Sucede que si Maldonado resolviera iniciar la investigación por las torturas a los ex FACh “de oficio”, las agrupaciones de defensa de DDHH usarán la figura legal para presentar cientos de querellas por esos delitos cometidos en dictadura.

Hay que recordar que el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, sólo ha presentado libelos por detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, mas no por tortura, hecho que siempre ha sido criticado por las agrupaciones.

De allí que ya sea por un fallo de la Corte Interamericana o por iniciativa propia, el hecho es que el Estado y el Poder Judicial, no cumplieron las recomendaciones de la CIDH, aun cuando tuvieron 6 meses para hacerlo. 

Ver también: Caso Bachelet: CIDH recomienda a Chile investigar y juzgar a torturadores de ex oficiales FACh

Y además: Caso Bachelet: Suprema conocía desde noviembre informe de la CIDH que ordenaba investigar a torturadores

 

Lea las recomendaciones de la CIDH

Lea el oficio completo enviado en noviembre a la Suprema