Opinión
24 de Enero de 2014Caso Bachelet: Suprema conocía desde noviembre informe de la CIDH que ordenaba investigar a torturadores
Tanto es el conocimiento que tuvo el Poder Judicial del informe de la CIDH hace más de dos meses, que la respuesta al Ministerio de Relaciones Exteriores firmada por el entonces presidente Rubén Ballesteros, tiene cuatro páginas y da respuesta a una serie de consultas hechas por la Cancillería. Las respuestas fueron recopiladas nada menos que por el Coordinador Nacional de Causas de Derechos Humanos, el ministro Hugo Dolmestch. Se trata del mismo magistrado que este miércoles indicó que antes de resolver cualquier tema, el gobierno debía notificarlos, cuestión que el Minrel había hecho hace dos meses.
J. M.S.
Desde el 19 de noviembre pasado la Corte Suprema conocía la totalidad del informe de fondo enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que recomendó investigar, juzgar y sancionar a los torturadores de los ex oficiales de la FACh que estuvieron detenidos junto al general Alberto Bachelet, quien murió producto de los apremios que sufrió en la Academia de Guerra Aérea (AGA).
Así consta en el oficio 798 fechado el 26 de diciembre de 2013 enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrel), dando cuenta de la recepción de las recomendaciones de la CIDH.
El documento fue entregado a The Clinic Online por un alto magistrado.
PASAR PIOLA
La fecha en que la Suprema supo de las recomendaciones de la CIDH es relevante, porque su contenido sólo salió a la luz pública este martes 21. Esto, luego de que este medio revelara la decisión del organismo interamericano, no sólo para que se juzgara a los torturadores, sino también a los órganos que se negaron a impartir justicia. Es decir, el Poder Judicial.
Hay que recordar que doce oficiales de la FACh que estuvieron junto a Bachelet, recurrieron en 2001 al máximo tribunal para que éste anulara las condenas del proceso 1-73 por sedición y traición a la patria al que fueron sometidos después del golpe militar de 1973 por su lealtad al gobierno de Salvador Allende . Sin embargo, en 2002 la Suprema rechazó la petición argumentando que no tenía facultades para anular las decisiones de los tribunales en tiempos de guerra.
Los recurrentes entonces hicieron una presentación ante la CIDH en 2003, que luego de 10 años envió a Chile seis recomendaciones.
¿SÍ O NO?
Tanto es el conocimiento que tuvo el Poder Judicial del informe de la CIDH hace más de dos meses, que el texto enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores firmada por el entonces presidente Rubén Ballesteros, tiene cuatro páginas y da respuesta a una serie de consultas hechas por la Cancillería. Éstas apuntaban básicamente a tres aspectos: número de causas por torturas relacionadas con los ex oficiales de la FACh; si la fiscalía judicial de la Suprema podía denunciar de oficio casos como éstos y si en 2011 cuando se iniciaron más de 700 indagatorias por homicidios calificados hubo algunas por tortura.
Las respuestas fueron recopiladas nada menos que por el Coordinador Nacional de Causas de Derechos Humanos, el ministro Hugo Dolmestch. Se trata del mismo magistrado que este miércoles indicó que antes de resolver cualquier tema, el gobierno debía notificarlos de la situación, cuestión que Cancillería había hecho hace dos meses.
Olvido, omisión involuntaria -o como haya sido- lo cierto es que las recomendaciones de la CIDH como la existencia de este oficio aparecen justo cuando el propio Dolmestch viaja a Ginebra al llamado “examen periódico universal”, que se realiza en la Consejo DDHH de la ONU.
Llama la atención que aún conociendo las recomendaciones de la CIDH, la información no haya sido analizada por el pleno del máximo tribunal, atendida la relevancia del tema. Un magistrado de la Suprema al ser consultado por este diario, indicó que desconocía por completo el informe de la CIDH, como también el oficio de respuesta y le pareció “llamativo” que no se hubiera dado cuenta al ampliado de ministros.
El tratamiento a esta información fue distinto al que la Suprema tuvo, por ejemplo, con la condena dictada recientemente por la Corte Interamericana de DDHH para que la justicia chilena investigara un caso de tortura que afectó a Leopoldo García Lucero. En este caso el Poder Judicial acató a las pocas semanas el dictamen internacional y derivó los antecedentes al ministro en visita Mario Carroza, tal como se informó ayer.
El informe de la CIDH sobre los ex oficiales de la FACh también tuvo un tratamiento desigual, por ejemplo, con el que envió el mismo organismo sobre la demanda interpuesta por la jueza Karen Atala, por la discriminación que sufrió luego que un fallo de la propia Suprema le quitara la tutela de sus hijas. En la oportunidad fue analizado profundamente en el Pleno.
CACHITO
En tanto al nuevo presidente de la Suprema, Sergio Muñoz el asunto de la CIDH le cayó como un verdadero cacho. Y no porque busque deshacerse de la responsabilidad que le cabe al Poder Judicial ni menos desconocer al sistema interamericano, sino porque en su oficina hubo que buscar el informe enviado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.
De hecho, Muñoz también desconocía el informe de la CIDH, dijeron en la Suprema. Así se colige también de las declaraciones que formulara este miércoles el magistrado -consignadas por Radio Cooperativa- en torno a que la judicatura estaba abierta a evaluar las recomendaciones de la CIDH, una vez que fueran notificadas oficialmente. Hecho que, por cierto, ya había ocurrido.
¿Por qué el Pleno no se enteró del documento, pese a la relevancia? ¿Cuándo lo conocerían la totalidad de los ministros? Las respuestas aún están en el aire.
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