Poder
20 de Enero de 2014Caso Bachelet: CIDH recomienda a Chile investigar y juzgar a torturadores de ex oficiales FACh
Las seis recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA son la respuesta al recurso interpuesto en 2003 por 12 ex oficiales torturados y condenados por traición a la patria y sedición, en el proceso 1-73. Esto luego que en 2001 solicitaran a la Suprema que anulara las sentencias en su contra ya que los testimonios en que se sustentaron fueron obtenidos bajo tormento. En 2002 el máximo tribunal rechazó la presentación, acusando falta de competencia sobre la actuación de los tribunales en tiempo de guerra. La decisión de la entidad aparece en momentos que Chile rinde el llamado "Examen Periódico Universal" ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU que se realiza en Ginebra. La información fue confirmada por el abogado Boris Paredes en exclusiva a The Clinic Online.
La Comisión de Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA recomendó al Estado de Chile que investigue, juzgue y sancione a los torturadores de los ex oficiales de la Fach que sufrieron apremios después del golpe militar. Ello incluye revisar la muerte del general Alberto Bachelet, padre de la Presidenta electa. El texto al que tuvo acceso The Clinic Online afirma que “la CIDH estimó que deben establecerse las responsabilidades penales y/o administrativas a que haya lugar, por la omisión de investigar las torturas padecidas por las víctimas… que fueron puestas en conocimiento de las autoridades chilenas”. En suma, analizar la actuación en estos casos del Poder Judicial.
La decisión de la CIDH consta en un informe de recomendaciones que notificó recientemente el organismo, entre otros, al abogado Boris Paredes, quien alegó esta presentación en en Washington DC, Estados Unidos.
El profesional confirmó la información en exclusiva a The Clinic Online.
“Desde este punto de vista creemos que es fundamental que el Estado entienda que debe investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes de esta envergadura. También se ha recomendado reparar tanto moral como materialmente a estas personas”, apuntó Paredes.
La historia que gatilló la intervención de la CIDH comenzó en 2001 cuando un grupo de doce ex oficiales recurrió a la Corte Suprema para anular el proceso 1-73 sustanciado por la judicatura militar en los días posteriores al golpe. En esta causa fueron indagados y condenados funcionarios de la Fach por “sedición y traición a la patria”, entre otros delitos. Previamente sufrieron torturas en la Academia de Guerra Aérea (AGA) los oficiales leales al gobierno de Salvador Allende. Fue lo que le ocurrió al General Bachelet.
Pues bien, la Suprema a fines de 2002 rechazó la presentación de los ex FACh, señalando que no era posible anular el proceso 1-73, ya que se carecía de competencia para revertir casos incoados bajo el fuero militar.
La decisión del máximo tribunal vino a confirmar lo señalado en el Informe Rettig sobre la connivencia que mantuvo la justicia chilena con la dictadura militar de Pinochet, cuando en dos fallos, uno de 1973 y otro de 1974 no ejerció, como era su labor, la facultad y superintendencia sobre los tribunales militares en tiempos de guerra.
Con el rechazo de la Suprema, los ex aviáticos decidieron recurrir a la CIDH en 2003. Y aunque el organismo demoró 10 años en resolver la presentación, sus recientes recomendaciones dejan en mal pie a la judicatura chilena, porque precisamente la próxima semana, dijeron fuentes de la Suprema, Chile rinde el llamado “Examen Periódico Universal” ante el Consejo de Derechos Humanos de ONU que se realiza en Ginebra, Suiza.
En la delegación viaja el ministro de la Segunda Sala (Penal) -donde se resuelven los casos de violaciones de derechos humanos- Hugo Dolmestch.
¿REVOCATORIA?
De allí que la tercera recomendación de la CIDH apunte precisamente a que la Suprema modifique el criterio que afectó las pretensiones de justicia de los ex oficiales constitucionalistas. A saber: “Adoptar las medidas necesarias para otorgar un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos de las víctimas y sus familiares que le fueron conculcados, en particular respecto al valor probatorio dado a las confesiones rendidas bajo efectos de tortura”.
Al respecto Paredes comentó que “en términos generales estas recomendaciones nos dan la razón en todo lo que planteamos. Si bien se puede discutir los alcances, en el derecho moderno tienden a cumplirse las recomendaciones porque forman parte de un sistema integrado. Y creemos que lo lógico es que el Estado responda de una manera efectiva y eficaz. Y obviamente negocie una reparación digna”.
En Chile el único proceso que se encuentra abierto por las torturas en la AGA lo sustancia el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago Mario Carroza, precisamente por la muerte del general Bachelet. En esta causa se encuentran acusados el ex general Edgar Cevallos Jones y el coronel Ramón Cáceres. Se trata del caso donde el magistrado descartó someter a proceso al ex comandante en jefe de la FACh y ex integrante de la Junta Militar, Fernando Matthei.
Lea las recomendaciones de la CIDH
