Bolivia tendrá una ley de consulta a indígenas sobre proyectos económicos

El Gobierno de Bolivia presentó hoy al Congreso una propuesta de ley de consulta a los pueblos indígenas para que puedan decidir sobre la explotación de recursos naturales y obras de infraestructura en los territorios que habitan.

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, presentó el proyecto de ley en un acto en el Palacio Quemado, ante el presidente boliviano, Evo Morales, y diversas organizaciones indígenas y sociales leales al mandatario.

La normativa regula la forma en que los pueblos indígenas deben ser consultados para dar su consentimiento en la ejecución de los proyectos económicos y establece que los acuerdos alcanzados tendrán carácter vinculante y validez legal.

Morales destacó que la propuesta de norma haya sido trabajada en consenso por las autoridades y las organizaciones indígenas y con el apoyo de Naciones Unidas.

El mandatario recordó que bajo las actuales normas algunos dirigentes de los pueblos indígenas plantean reparos por mucho tiempo a las empresas, supuestamente buscando beneficios personales.

“En algunas regiones, la consulta se tarda, pero si alguna petrolera internacional soborna al dirigente en menos de una semana está hecha la consulta. Si la empresa no da plata al dirigente, (pasan) años, nunca se acaba la consulta”, dijo el mandatario.

Agregó que las consultas están garantizadas, pero los dirigentes deben tener en cuenta que los indígenas son la “reserva moral” del país y también pensar que Bolivia defiende los derechos de la Madre Tierra, pero también vive de sus exportaciones de gas.

Las consultas, a su juicio, deben permitir el desarrollo de las comunidades con acuerdos con las empresas para programas de responsabilidad social.

Según Romero, Bolivia será el segundo país de la región en tener una ley de este tipo, después de Perú.

Ecuador está elaborando su propia norma y Colombia que tiene en su Constitución desde 1991 el derecho a la consulta, hasta hoy no ha podido concertar una ley para su aplicación.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas establece que los Estados deben consultar a las etnias y obtener su consentimiento sobre medidas legislativas o administrativas que les afecten.