Una encuesta CEP publicada en 1988, revelaba que el 75% de los chilenos conocía al “fiscal Torres”. Era tan famoso como las figuras políticas estelares en aquel entonces: Ricardo Lagos y Andrés Zaldívar, y más conocido que Jaime Guzmán, Gabriel Valdés y Andrés Allamand. Sin embargo, Fernando Torres Silva era también el más repudiado de la lista, con una nota de 2,8.

El abogado de la justicia militar, que nunca pisó las aulas de las academias castrenses, estaba en el lugar correcto en el momento propicio en 1986, cuando asumió la investigación, como fiscal ad hoc o fiscal especial, de la causa abierta en los tribunales castrenses por el asalto a la Panadería Lautaro, cometido por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) y donde murió un carabinero. Entonces tenía el grado de mayor. En 1988, cuando se hizo la encuesta, había sido ascendido a coronel y como fiscal ad hoc concentraba las causas por el asalto a la Panadería Lautaro; la internación de armas en Carrizal bajo; el atentado contra Pinochet; el secuestro del coronel Carlos Carreño; la fuga del frentista Sergio Buschmann y el asesinato del dirigente de la UDI Simón Yévenes, entre otras.

A esas alturas había procesado a unas 250 personas, a las que acusaba de distintos grados de vinculación con el FPMR. Sus métodos heterodoxos eran blanco de estruendosas críticas de los abogados de derechos humanos, los partidos políticos que habían salido de la clandestinidad de los primeros años de la dictadura, y aun de partidarios del régimen, que veían que sus actuaciones alimentaban con argumentos a la oposición. Sin embargo, Torres seguía empinado en la cumbre, con el apoyo férreo del general Augusto Pinochet y su esposa Lucía Hiriart.

Esta es la crónica del ascenso y caída del fiscal predilecto de la pareja gobernante.

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