El vergonzoso prontuario legislativo de la UDI: La negativa absoluta a derogar la pena de muerte

“¿Es legítimo y válido que en determinadas circunstancias se pueda castigar a un ser humano con la muerte?” Esta era la pregunta fundamental que se hacía el senador Juan Hamilton cuando en 1999 ingresaba una moción para derogar la pena de muerte. Para esa fecha, 58 personas habían sido fusiladas por esta causa. En la mayoría de esos casos los crímenes cometidos habían sido robo con homicidio y homicidio calificado.

En el trámite inicial, el senador Hamilton señalaba, entre otras causas para la abolición, que “la pena de muerte también es injusta, ya que parte del supuesto –tantas veces desmentido en los hechos- de que el error judicial no es posible a través de procedimientos que puedan llevar a la pena irreparable”.

Este punto resultó particularmente importante, sobre todo si se considera que datos recientes han logrado estimar que un 4.1% de los condenados a muerte en Estados Unidos habrían sido probablemente inocentes. Hacer este tipo de estadísticas resulta particularmente difícil debido a las complicaciones de los procesos de justicia, sin embargo, según un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences este año, entre enero de 1974 y diciembre del 2004, más de 50 personas inocentes habrían sido ejecutadas.

El proyecto

La idea fundamental del proyecto consistía “en abolir la pena de muerte y en sustituirla, por una nueva pena: “el presidio perpetuo efectivo”. Esta última parte se refería a los 40 años de condena reales antes de poder optar a cualquier tipo de beneficio.

Otra de las argumentaciones para acabar con la pena capital se refería a la negación de la posibilidad de rehabilitar que la pena de muerte genera: “parte de la teoría -desmentida una y mil veces en los hechos- de que hay seres humanos que no son regenerables, que no se pueden recuperar y que, en consecuencia, deben ser eliminados como si fueran escoria”, se leía en la moción y agregaba que estar tesis esultaba injusta pues causaba un daño a familiares inocentes del agresor.

El Estado, consignaba la propuesta, no podía actuar como en “una especie de venganza”, y rebajarse “al nivel del ofensor, porque se ahorra todo intento de rehabilitación de seres que, a menudo, han sido relegados a una abyecta pobreza, y, como ha ocurrido en nuestro país, en oportunidades tal sanción ha sido usada como instrumento de represión política”.

Por otra parte, muchos de los argumentos a favor de la derogación se refirieron a que “la experiencia universal demuestra que (la pena de muerte) carece de todo efecto disuasivo o intimidatorio”.

La autoridad puede disponer, como pena o sanción, del derecho a la vida de una persona? A mi juicio, sí, porque tiene potestad o atribución para hacerlo”. Andrés Chadwick, ex diputado, ex senador y ex ministro UDI.

Y aunque hoy día nos cueste imaginar la escena de un antiguo pelotón de fusilamiento y una persona -condenada por un delito- en el paredón, no fueron pocos quienes se opusieron al proyecto, particularmente en la UDI.

El senador Hernán Larraín, -quien aún se mantiene en el cargo-, por ejemplo, aseveró “que en realidad es malo debatir entre quienes son partidarios de aplicar la pena de muerte y quienes no lo son. Porque pareciera –dentro de ese contexto- que algunos son partidarios de matar a otros”. Sin embargo, se refirió a esta sanción, la más drástica de todas, como “una necesidad social” y señaló que ésta y todas las sentencias deben operar, ante todo, como castigo: “la penalidad de restricción de libertad es, por cierto, extremadamente dolorosa. Ése es el sentido”.

Profundizando en esta idea, Larraín cuestionó que “si frente a determinados hechos atroces, horrorosos, que afectan a víctimas inocentes, podemos no dar el sentido que tiene el castigo, que es, ante todo, retributivo, antes que ejemplarizador, antes que otros efectos secundarios o rehabilitador de la persona. El efecto propio de la penalidad es el del castigo o el de carácter retributivo a un hecho cometido por una persona”. Es decir, apeló al viejo “ojo por ojo”.

Su par de la época, Francisco Prat -que emigró de RN a la UDI-, apeló al pánico colectivo. Sostuvo que “lamentaría mucho que, después de derogar la pena capital, hubiera actos de linchamiento en poblaciones por hechos graves perpetrados en contra de menores. Lo más probable es que surjan estas conductas masivas de linchamiento, porque, cuando la sociedad advierte que no existen penas adecuadas a la gravedad de los delitos, opta por hacer justicia ella misma”.

El efecto propio de la penalidad es el del castigo o el de carácter retributivo a un hecho cometido por una persona”. Hernán Larraín, senador UDI.

Otro partidario de mantener la pena de muerte fue el ex vocero del gobierno de Sebastián Piñera, Andrés Chadwick, quien, cuando era diputado realizó el siguiente análisis: “la autoridad puede disponer, como pena o sanción, del derecho a la vida de una persona? A mi juicio, sí, porque tiene potestad o atribución para hacerlo”.

Chadwick además señaló que la legitimidad de aquella facultad derivaba de que “toda autoridad proviene de Dios y cuenta con la potestad y atribuciones, en cuanto sea legítima y para encaminarse al bien común, de privar de derechos a las personas que infringen las normas que se da una sociedad”. Además señaló que delito y pena “se hallan íntimamente vinculados. Y el separarlos lleva a un error o a una visión parcial”. Por lo tanto, declaró que “ella debe entenderse como un castigo. ¿Y éste a qué debe ser proporcional, en justicia? Al daño que la conducta ha causado en el cuerpo social”.

El Estado somos todos nosotros. Nuestra nación, política y jurídicamente organizada, debe defender el valor más preciado: el bien común, el cual comienza por defender la vida en general, y eso se logra con la mantención de la pena de muerte”. Jorge Ulloa, diputado UDI.

Con todo, Chadwick reconoció que era posible la rehabilitación y ejemplificó con “la enorme rehabilitación, trascendental y espiritual, que en su momento mostraron dos personas condenadas a muerte en Calama. Para quienes creemos en la trascendencia del ser humano y tenemos fe en ella, la rehabilitación producida en esos términos, con carácter espiritual y trascendente, tiene también un extraordinario valor”. Aún así, insistió, la pena capital debía mantenerse. Cuando llegó al Senado, un par de años después, cambió de opinión.

Si bien la mayoría de los defensores de la permanencia de esta pena señalaron que debía aplicarse exclusivamente para crímenes como violación de menores con resultado de muerte, el fallecido Beltrán Urenda (UDI), dejó entrever que debía incluirse el tráfico de drogas: “de más está insistir en el peligro cada vez mayor que representa la penetración de la droga y todo lo que ello implica en nuestra sociedad, con sus efectos tan devastadores”.

Urenda fue también uno de los que se refirió al caos como argumento para no derogar la polémica condena: “su eliminación puede traducirse en estallidos sociales y, lo que es más grave, en un deseo irrefrenable de hacer justicia por propia mano”.

LOS SENADORES DESIGNADOS
Los ex colaboradores de Pinochet que fueron designados como senadores también mostraron una extraña fascinación con el derecho a disponer de la vida de otro. El ex director de Carabineros, Fernando Cordero, declaró en la primera discusión general en el Senado el 4 de octubre del año 2000 su “deseo ser enfático en señalar que soy partidario de tal sanción por la única razón de que los delincuentes, cuando cometen un crimen atroz, contrarían las reglas básicas de convivencia impuestas por una sociedad”. A eso agregó que su experiencia personal de 40 años como carabinero, lo hizo “conocer muy de cerca profundos dramas causados por la acción ruin de los parias de la sociedad”.

La traición, intelectual o material, o por la cobardía frente al enemigo. En estas situaciones, la aplicación de la pena de muerte me parece legítima”. Julio Canessa, senador designado.

Cordero se definió además como un fiel creyente del poder disuasivo de la pena de muerte, y advirtió que de aprobarse el proyecto, la sociedad estaría dando “una señal de debilidad frente a la delincuencia, flagelo en creciente y sostenido aumento durante los últimos años”.

En la misma sesión, el ex Comandante en Jefe de la Fach y senador designado, Ramón Vega, se refirió al valor de la vida señalando que así como “los héroes sacrifican su vida por el supremo bien común”, también por el bien de la sociedad resultaba posible quitar una vida: “quien asesina a su prójimo inocente comete una falta suprema y sabe conscientemente que su propia vida es la que queda penalizada. Es la razón por la que se ha dicho que este problema nació con la historia del ser humano. En el fondo, no es la justicia quien sanciona; el que comete el delito es quien se aplica su propia pena”.

Además, como ha sido común en las argumentaciones contrarias al divorcio o la igualdad de derechos de hijos legítimos con ilegítimos, Vega anunció la catástrofe: “la inseguridad, recordemos, es siempre peligrosa para un Estado democrático de Derecho, por cuanto es el caldo de cultivo de la renuncia al más grande de los dones: la libertad. La inseguridad genera el incremento de la autodefensa personal en reemplazo de lo que el Estado no otorga: más armas, más guardias, más cercas, más muros con vidrios, más muertes injustas por el empleo equivocado o apresurado de una seguridad inexperta o excesiva”.

Otro militar designado senador fue el ex general Julio Canessa, quien si bien dijo que la vida humana “es un regalo de Dios”, agregó que ésta “no constituye, sin embargo, un bien absoluto. Hay ocasiones en que es preciso donarla para alcanzar un bien superior. De la misma manera, también hay oportunidades en que es preciso, en razón de un bien superior -repito-, sacrificar una vida”.

Algunas de estas razones, serían para Canessa, desde “delitos atroces” hasta la “traición, intelectual o material, o por la cobardía frente al enemigo. En estas situaciones, la aplicación de la pena de muerte me parece legítima”.

Rodolfo Stange, ex miembro de la Junta Militar y senador designado, se refirió además a los países que luego de derogar la pena de muerte debieron reponerla: “me refiero a Nepal, Filipinas, Nueva Guinea, entre otras”. Chile, por ser firmante del Pacto de San José, no podría optar a la reposición de la pena una vez derogada, lo que también preocupaba a muchos detractores de la derogación.

La preocupación de Stange, sin embargo, iba por otro lado. Y de un modo curioso, buscaba empatizar los condenados: “también es discutible si para un condenado a muerte, que espera un largo proceso, esta agonía en vida, perpetua, es preferible a una sentencia más rápida”.

Stange además defendió la pena de muerte en los “delitos de de alta deslealtad hacia la patria en tiempos de agresión exterior”, señalando que “no tengo la menor duda en aseverar que a quien se le comprueban estos actos es acreedor indiscutible a la pena de muerte”. Tampoco se mostró partidario de derogarla para delitos cometidos contemplados en el Código de Justicia Militar en tiempos de paz: “no comparto esa opinión, en especial, en los casos de agresión con resultado de muerte a carabineros de servicio”.

Siendo aprobado el proyecto en general por el Senado en sesión del 31 de octubre del año 2000, se pasó al tercer trámite constitucional en la cámara de diputados.

En la discusión general del 3 de abril de 2001, el diputado Alberto Cardemil (RN) se refirió particularmente a las contradicciones de no abolir la pena de muerte en todas sus formas, incluyendo la justicia militar: “un ciudadano -puede tener una conducta ejemplar-, que, víctima del pánico, del miedo en tiempo de guerra, huye del campo de batalla, es sancionado con pena de muerte”. Sin embargo, hizo también una poética defensa de la legislación vigente hasta ese momento: “hoy, Chile tiene una legislación prudente e inteligente respecto del tema. Efectivamente, se mantiene la pena de muerte como una espada dura, filuda, acerada, pendiente y suspendida; una espada de justicia que puede cortar la vida; pero que está asegurada con numerosos mecanismos que la hacen extraordinariamente excepcional”.

¿Qué pensarán los delincuentes? ¿Qué pensará la gente decente? ¿Se sentirá más tranquila, más resguardada? Sin duda, se sentirá más insegura, y los delincuentes, que conocen la ley al dedillo, sabrán que pueden matar a mil personas y esa pena nunca recaerá sobre ellos”. Alberto Espina, ex diputado y actual senador RN.

El entonces diputado RN Alberto Espina -hoy Senador- fue otro de los que vaticinaron un futuro aterrador en caso de aprobarse el proyecto, preguntándose: “¿Qué pensarán los delincuentes? ¿Qué pensará la gente decente? ¿Se sentirá más tranquila, más resguardada? Sin duda, se sentirá más insegura, y los delincuentes, que conocen la ley al dedillo, sabrán que pueden matar a mil personas y esa pena nunca recaerá sobre ellos”.

Por su parte, el diputado UDI Jorge Ulloa -quien continúa en el mismo cargo- dijo que la eliminación de la pena de muerta sería “ una pésima y profundamente equivocada señal”. Además, luego de manifestar su “profunda discrepancia” con el proyecto, declaró que la iniciativa obedecía a “una mal comprendida política de salvación de la vida. Precisamente, cuando una parte del cuerpo se pudre es necesario extirparla. Por ello, por el bienestar de nuestra nación, es absolutamente necesario mantener las cinco figuras delictivas que contempla la pena de muerte como sanción”.

Finalmente agregó: “el Estado somos todos nosotros. Nuestra nación, política y jurídicamente organizada, debe defender el valor más preciado: el bien común, el cual comienza por defender la vida en general, y eso se logra con la mantención de la pena de muerte”.

Pese a la oposición de la derecha, la ley fue promulgada en mayo de 2001. José Antonio Gómez -entonces ministro de Justicia y que hoy ostenta el mismo puesto- aseveró: “Este es un día histórico para el país, cambiar la cultura de la muerte por la cultura de la vida”.

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