El vergonzoso prontuario legislativo de la UDI: La lucha porque la homosexualidad siguiera siendo perseguida como delito

Hace sólo 15 años, el 2 de julio de 1999, la relación homosexual consentida entre dos adultos dejó de ser un crimen en el país.

La despenalización del vínculo, que hasta entonces era sancionado por el artículo 365 del Código Penal, fue incorporado como una indicación a la ley 19.617 sobre la violación que se presentó en 1993. La nueva legislación fue discutida por seis años en el Congreso, en un debate en que la derecha dura -casi toda la UDI y de RN el diputado René Manuel García- uso términos como “dar patente de normalidad” a “conductas anormales” . En más de una ocasión, además, se comparó la homosexualidad con el incesto.

Producto de su despenalización, una conducta que a mi juicio es anormal desde la perspectiva de la naturaleza de los seres humanos, se transforma en normal y se le da el carácter de lícita”. Andrés Chadwick, ex parlamentario y ex ministro UDI.

Es el caso del ex ministro de Interior, Andrés Chadwick, en la época diputado de la UDI, quien fue uno de los que se explayó en la discusión general del proyecto sobre por qué dos seres humanos con criterio formado no podían decidir con quién tener sexo. “La despenalización del delito de sodomía produce un efecto grave desde el punto de vista social. Me refiero al hecho de que, producto de su despenalización, una conducta que a mi juicio es anormal desde la perspectiva de la naturaleza de los seres humanos, se transforma en normal y se le da el carácter de lícita. La ley, cuando produce ese efecto, trae consigo y genera un testimonio: algo que es anormal se transforma en normal; algo que es ilícito se convierte en lícito”.

Haciendo uso de una falacia, Chadwick fustigó los argumentos de quienes sostenían “que en materia penal no se puede sancionar este delito porque es parte de la vida privada y no hay víctimas. Con la misma justificación, pregunto qué pasa con el delito de incesto -relación sexual del padre o de la madre con sus hijos- que también puede permanece en la vida privada y en el que tampoco hay víctimas, porque puede producirse con el consentimiento de las personas. Sin embargo, nuestra legislación penal sanciona este delito que se da en la vida privada y sin víctimas, al igual que la sodomía, porque hay bienes jurídicos superiores que están protegidos, como el bien de la familia o las costumbres de una sociedad”.

EL LARGO CAMINO

El Movimiento de Liberación Homosexual fue el que empujó a los parlamentarios a terminar con la arcaica condena a las relaciones entre personas del mismo sexo. Ellos consiguieron que en 1994 el entonces diputado Armando Arancibia del PS presentara en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia una moción parlamentaria para modificar el artículo 365.

El 10 de mayo de 1995, la Comisión entregó su primer informe. “En la sodomía no hay ninguna violación de la libertad, porque se comete con pleno consentimiento de las partes involucradas. El despenalizar sería una excelente señal de humanidad y de bienestar. Pretender prohibirla es inhumano y es dañino e irracional (…) Si se mantiene la penalización de la sodomía, lo que la ley promovería en el fondo es la abstinencia sexual de los homosexuales, como lo único socialmente aceptable y legítimo. Esto, desde el punto de vista de los equilibrios, de la finalidad del bien común, parece una exigibilidad un tanto extrema y de allí los problemas que genera”, consignaba el documento que también planteaba que “la homosexualidad no existe, lo que hay son personas homosexuales. No se le considera una enfermedad ni una perversión, sino un efecto psicosexual en la evolución de una persona”.

El texto recogía además la posición de la Congregación para la Doctrina de la Fe en cuanto a que se debe “deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas”, pero que prohibía ejercer la sexualidad entre personas del mismo sexo porque “cuando se empeñan en una actividad homosexual refuerzan dentro de ellas una inclinación sexual desordenada, en sí misma caracterizada por la autocomplacencia. Como sucede en cualquier otro desorden moral, la actividad homosexual impide la propia realización y felicidad porque es contraria a la sabiduría creadora de Dios”.

La sodomía es una conducta anormal y antinatural (…) La ley no le puede dar patente de normalidad a una relación que naturalmente no lo es. Se produce una evidente relajación de los criterios morales en la sociedad cuando en la práctica se le da el mismo valor legal a las relaciones homosexuales que a las naturales entre un hombre y una mujer”. Iván Moreira, senador UDI.

Con estos antecedentes partió el debate en la Cámara de Diputados. El 6 de junio de 1995 intervino la diputada de la época, María Angélica Cristi. “Se hace necesario mantener alguna forma de intolerancia frente a conductas que, al menos, merecen una sanción social, básicamente como una forma de prevenir en nuestro país la aparición de un homosexualismo militante, como ha sucedido en otros, y que con cierta agresividad se organiza y exhibe, iniciándose, de esta forma, una especie de escalada de exigencias para lograr concesiones jurídicas de relaciones anormales”, dijo.

Afirmó también que “debe legislarse para proteger la integridad y el orden de la familia cuando uno de los cónyuges incurra en conductas homosexuales o, tal vez, en sanciones civiles. Es necesario mantener un muro de contención para evitar el libertinaje, como ha sucedido en otros países”.

A LO MERO MACHO

Aunque parezca extraño, Cristi no era extrema respecto de sus pares de la UDI. Sus argumentos era compartidos y complementados.

El 13 de junio de 1995, Iván Moreira -ex diputado y actual senador-, lo demostró. Arguyó que “en el caso de la sodomía, lo que se resguarda es la moralidad pública en aras del bien común” y subrayó que despenalizar la sodomía “puede ser el inicio de una serie de otras propuestas que, indudablemente, socavan los valores sociales y atentan contra la familia y el bien común. Así, por ejemplo, ocurre con el matrimonio de homosexuales, su derecho a adoptar hijos y ‘educarlos’”.

Moreira aseveró además que “la sodomia es una conducta anormal y antinatural (…) La ley no le puede dar patente de normalidad a una relación que naturalmente no lo es. Se produce una evidente relajación de los criterios morales en la sociedad cuando en la práctica se le da el mismo valor legal a las relaciones homosexuales que a las naturales entre un hombre y una mujer”.

El diputado RN, René Manuel García -que ostenta hoy el mismo cargo- era aún más retrógrado y discriminador. Inició el 2 de agosto de 1995 advirtiendo que iba a hablar “a lo mero macho” y adujo que “la gente debe proteger a la sociedad de las malas costumbres. Si hay personas que tienen ese problema las respeto y les doy la condición de ciudadanos, porque sería ilógico y antidemocrático lo contrario, pero no quiero que den el ejemplo en los lugares públicos”.

Votemos por lo que creemos que es lo mejor para la sociedad: proteger las buenas costumbres, la moral y a nuestros hijos de esta lacra de la sociedad que es la homosexualidad, y así evitaremos las campañas del sida, las infecciones que ha provocado, y todo este castigo que Dios ha impuesto, prácticamente, a toda la comunidad homosexual del mundo”. René Manuel García, diputado RN.

Su intervención es una de las más violentas que hubo en el hemiciclo. Ironizó con que “después, podrán adoptar hijos, y cuando ese hijo -como lo hemos visto en programas españoles en que aparecen matrimonios homosexuales y tienen un hijo normal- invite a un amigo a la casa, y le diga ‘esta es mi mamá y este es mi papá’ sin duda al amigo se le producirá una gran confusión y se preguntará qué está pasando. Hay algunas cosas que son irrisorias, pero que constituyen una realidad que debemos evitar en el país”.

En la misma línea afirmó que “en los países en que están aprobadas estas conductas, hay barrios en los que los homosexuales se aislan, porque, por muy liberales que sean, la sociedad también produce un rechazo hacia la gente que tiene esta condición”.

Su discurso lo terminó diciendo: “seamos normales, velemos por nuestros hijos, velemos por los matrimonios bien constituidos y no abramos una puerta para que se produzca una debacle en el país (…) Creo que a la mayoría de los diputados presentes no les gustaría tener un acto homosexual ni a las diputadas un acto lésbico y por lo tanto (…) votemos por lo que creemos que es lo mejor para la sociedad: proteger las buenas costumbres, la moral y a nuestros hijos de esta lacra de la sociedad que es la homosexualidad, y así evitaremos las campañas del sida, las infecciones que ha provocado, y todo este castigo que Dios ha impuesto, prácticamente, a toda la comunidad homosexual del mundo.

El RN, Francisco Bayo, fue igual de cruel. Sostuvo que la homosexualidad es una especie de enfermedad que se da en la adolescencia. “En Chile, la mayor parte de homosexuales se genera, precisamente, en niños de entre 8 y 13 años, en una etapa de indiferenciación sexual, en que se aprovechan de ellos a través de conductas anómalas, normalmente por parte de tíos -en el sector rural, que es lo que me consta- para convivir y transformarlos en homosexuales el día de mañana”, dijo.

LA INDOLENCIA

El 2 de agosto de 1995, René Manuel García volvió a la carga y en un planteamiento inaceptable apeló a la necesidad de que las personas homosexuales portaran siempre un test de Sida visible, una práctica similar a la de la Alemania nazi con los judíos. “Se habla de daño, y todos sabemos que en esas relaciones siempre lo hay. ¿Y qué daño más grande si esta gente está con el virus del sida y tiene varias parejas? ¡Infecta al resto de las personas! Entonces, se produce daño a la vida; no al acto sexual, no a las condiciones de privacidad. En consecuencia, ¿por qué no se exige a las personas que practican estas conductas, que la sociedad conoce, que tengan su test en la mano para saber si están sanas?”.

Los derechos que ellos tienen como ciudadanos, eso jamás lo he puesto en duda, ni lo voy a poner jamás en duda. Es así. Pero no quiero que se les reconozca la libertad de andar en cualquier lugar”. René Manuel García, diputado RN.

La burda argumentación no terminó ahí. “Quienes hacemos estas críticas tendríamos que ser muy irreverentes para no solidarizar con los enfermos que han adquirido esto por transfusión, por tratamiento médico, etcétera; pero no podemos ser solidarios y amparar a la gente que lo ha contraído por semejante relación sexual”.

Dictaminó además qué respetaba “los derechos que ellos tienen como ciudadanos, eso jamás lo he puesto en duda, ni lo voy a poner jamás en duda. Es así. Pero no quiero que se les reconozca la libertad de andar en cualquier lugar”.

Esa misma jornada habló el ex diputado UDI Darío Paya, quien además fue hasta el 11 de marzo de este año embajador de Chile ante la Organización de Estados Américanos.

En una arremetida falaz aseguró que “tampoco estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir, que considerar que algunas formas de ejercer la sexualidad sean negativas significa un resabio cultural del pasado. Creo que el incesto, la relación sexual entre un padre y sus hijas o entre dos hermanos -y que es actividad sexual en la que puede haber placer- está mal, es antinatural. Y puede ser un resabio cultural, como aquí se ha mencionado, pero me alegro de tenerlo y espero no perder nunca semejante resabio. Del mismo modo, creo que las relaciones entre homosexuales no son naturales ni normales”.

En un acto de indolencia subrayó que “llama la atención que se dedique mucho más tiempo y toda clase de campañas públicas en favor de los enfermos de sida, en circunstancias de que gran parte ha contraído la enfermedad como consecuencia de una vida sexual anormal y, en cambio, se da mínima importancia a enfermedades que en todas partes del mundo causan una cantidad infinitamente más grande de víctimas que nadie recuerda y que son inocentes y sin ninguna responsabilidad al momento de contraerlas, como es el caso de la tuberculosis”.

Llama la atención que se dedique mucho más tiempo y toda clase de campañas públicas en favor de los enfermos de sida, en circunstancias de que gran parte ha contraído la enfermedad como consecuencia de una vida sexual anormal”. Darío Paya, ex diputado y ex embajador ante la OEA.

Sobre las personas homosexuales, Paya argumentó que “nadie propone marginarlas de la sociedad, ni meterlas en campos de concentración, ni apuntarlas con el dedo ni ninguna atrocidad de ese estilo; pero tampoco -al menos yo- estamos dispuestos a darle patente de normalidad a una conducta anormal, sin perjuicio de la cantidad de gente que la pueda practicar en un momento determinado”.

De paso, lanzó una amenaza. Aseveró que el “lobby homosexual” para “forzar a la sociedad a aceptarlos como un grupo normal” podría provocar una persecución. “En este país nadie persigue a los homosexuales. Nadie los anda persiguiendo ni apuntando con el dedo, pero cuando quieren forzar al país y a la sociedad a aceptarlos como normales y que se les permita casarse, adoptar hijos, pasearse tomados de la mano en cualquier parte, obviamente van a producir una reacción en contra. De manera que sumarse a los esfuerzos de estos pequeños grupos de activistas homosexuales puede tener un efecto muy contraproducente”.

Aquí se pretende, derechamente -porque las cosas hay que decirlas como son-, legitimar la homosexualidad. Lo anormal pasa a ser normal, lo antinatural pasa a ser natural. Podemos entender esta situación, pero nuestra sociedad tiene que prohibir para defenderse y para defender a nuestros hijos”. Iván Moreira, ex diputado y actual senador UDI.

Moreira, en tanto, agregó ese día que “aquí se pretende, derechamente -porque las cosas hay que decirlas como son-, legitimar la homosexualidad. Lo anormal pasa a ser normal, lo antinatural pasa a ser natural. Podemos entender esta situación, pero nuestra sociedad tiene que prohibir para defenderse y para defender a nuestros hijos”.

Y dio cuenta de que la revista “Human Life”, de Washington había detallado 55 propuestas del movimiento homosexual en el mundo. “De ellas di a conocer 7, que realmente no son derechos, sino una verdadera perversión”, en referencia, por ejemplo, a que no se discriminara a alguien gay para ser profesor.

EL SENADO AÚN MÁS CONSERVADOR
Pese a la ofensiva UDI, el proyecto fue aprobado y llegó al Senado el 8 de agosto de 1995. Allí la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, estimó que “si bien es necesaria una reforma integral de nuestro Código punitivo, no es posible abordarla en esta oportunidad” y se planteó que existían dos posturas en la entidad.

Una postulaba que “la eliminación del castigo a la sodomía podría entenderse como la emisión de una señal inconveniente a la población, en cuanto a que sería como socialmente aceptable una conducta que es naturalmente desviada, lo que puede derivar en que más adelante se intente equiparar la pareja homosexual a la pareja heterosexual”; y otra que consignaba que, “por criticable que pueda ser la homosexualidad desde el punto de vista moral, éste es un ámbito de la vida privada que no debe ser regulado por el derecho, que tampoco contempla normas sobre otros tipos de conductas sexuales, y añadieron que no implica la antesala del reconocimiento de la pareja homosexual, sino, simplemente, el levantamiento de la amenaza de un castigo penal que rara vez se aplica, pero constituye fuente de extorsión”.

En esta condición retornó a la Cámara Baja donde, finalmente, el infame artículo 365 fue derogado. “Al no constituir un atentado contra la libertad sexual de los sujetos, único bien jurídico merecedor de tutela penal, pareció prudente suprimir la incriminación de estas conductas, que se cometen con pleno consentimiento de las partes involucradas”, fue la conclusión.