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La Universidad San Sebastián (USS) logró una victoria judicial en contra de la decisión adoptada por el alcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) de cerrar el acceso a la rampa de estacionamientos, ubicada en Bellavista con Pío Nono, donde se erige el edificio central de la casa de estudios en Santiago.

Así lo informó a The Clinic Online el abogado de la USS Cristián Espejo, quien explicó que el 25 Juzgado Civil de Santiago acogió una “orden de no innovar” (ONI), mientras se resuelve el fondo de la presentación por “nulidad de derecho público”.

De esta manera, la USS encontró un intersticio legal que, al menos hasta ahora, pone en jaque la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones y la Suprema, en torno a la facultad que tiene un jefe comunal para decretar la medida antedicha.

“Aquí se trata de un principio de racionalidad de la decisión. La obra ya está construida y se hicieron las medidas de mitigación. Además, respecto de la medida propiamente tal, la parte que represento aún no ha sido citada, hecho que esperamos poder ejecutar a la brevedad para conversar con el alcalde Jadue y regularizar. En todo caso, esta presentación no va en contra de la facultad del alcalde de decretar las medidas que estime convenientes, sino que es una vía distinta”, explicó Espejo.

Actualmente, el juicio sigue en el tribunal civil y hasta ahora la municipalidad no ha contestado el requerimiento presentado por Espejo.

La altura

Hay que recordar que Jadue ordenó el cierre de los estacionamientos de la USS -que cobra precios leoninos a los usuarios- luego que la Fiscalía Centro Norte lograra en 2013 una condena por cohecho en contra del ex director de obras comunal, Carlos Reyes. Ello junto a una confesión respecto de un presunto pago de <em>coimas por parte de Enrique Herrera (15 millones), entonces representante legal de la casa de estudios, hecho por el cual se querelló el Consejo de Defensa del Estado (CDE). La supuesta proposición tenía como fin de bajar el valor que pagaban por el bien nacional de uso público, que es precisamente donde se ubica la rampa de acceso a los estacionamientos.

Junto a lo anterior, se juntó la apertura de un cuaderno de sanción por parte de la Superintendencia del Medioambiente, que encontró anomalías en los estudios de impacto.

Ahora bien, es altamente probable que Jadue recurra de la decisión ante el mismo juzgado civil o bien a los tribunales superiores, pero hasta el cierre de esta decisión ello no había ocurrido. Y esto porque no habría sido notificado por el receptor judicial del juzgado.

En todo caso, no es el único problema que enfrenta la USS. Hace un par de semanas, el edil ordenó la demolición parcial de la torre de departamentos de 19 pisos que se erige detrás del edificio de la casa de estudios, que a su vez está al lado de otra ya habitada.

La medida adoptada por Jadue -y revelada por este diario- se debió a que esta obra superó con creces la altura permitida por el plano regulador. En tanto, una tercera torre de las mismas características, sólo podrá alcanzar un 20% de lo proyectado por la inmobiliaria. En tanto, el primer edifico, donde hay dueños y arrendatarios, no se verá afectado -aseguró el edil, ya que las personas que compraron su propiedad lo hicieron de buena fe, ya que desconocían los problemas con la Ley de Urbanismo.

Para dictaminar la demolición, Jadue contó con informes de la Seremi de Vivienda y el ministerio del ramo. En todo caso, todo indica que es una batalla legal entre el edil y la USS que recién comienza.

Este diario intentó obtener una versión de parte de Jadue, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

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