La Segunda

El día Lunes 9 de Septiembre estalla un artefacto explosivo en un centro comercial contiguo a la estación del Metro Escuela Militar, dejando un saldo de 14 víctimas de diversa gravedad. Hasta este momento ningún grupo se ha adjudicado el hecho y al parecer en menos de 24 horas en el país se ha desatado una fiebre propia de las caserías de brujas del período inquisidor. Enfatizamos que no es nuestra intención quitarle gravedad al hecho, y somos claros que consideramos este acto como un atentado criminal, premeditado y con clara intención de causar daño. Sin embargo ¿es esto suficiente para hablar de terrorismo?

En nuestro país, quizás de manera inconsciente, mucho sabemos de terrorismo ya que convivimos día a día con él, en su faceta política, comunicacional, económica y social. Está en todas partes, ordena nuestras vidas; lo aplicamos y reproducimos a cada instante. La historia de Chile y, especialmente, su historia económica y constitucional está marcada por la violencia, sangre, fuego y terror para cambiar el estado de las cosas. O bien para mantenerlas como están.

En el caso reciente del atentado con bomba en nuestra capital, estamos convencidos que la intención subyacente de los perpetradores del hecho era infundir el miedo; es decir, causar terror. Pero, ¿de qué terror estamos hablando? Si acudimos brevemente a los medios de comunicación tradicionales pareciera ser que se ha instalado o se intenta instalar el miedo contra organizaciones anarquistas, marxistas, comunistas, colectivos de izquierda revolucionaria, organizaciones estudiantiles, sociales y culturales; especialmente las insertas en colegios, universidades y poblaciones. Aún no conocemos a los autores del delito y a diferencia del Gobierno y la oposición, seremos cautos en que sea el sistema judicial quién determine a los culpables y no nosotros.

Especulemos un poco. Si los perpetradores del hecho fueron organizaciones de izquierda podemos deducir que fue una muy mala estrategia, principalmente porque el poder de la izquierda radica en su relación y cercanía con la gente, especialmente con los sectores más humildes de la sociedad y la operación logró atemorizarlos, particularmente a ellos. Sin embargo, desprendámonos del velo de los medios masivos de comunicación y pensemos a quién le sirve este escenario aparente de violencia anti-sistema organizada y dispuesta a sacrificar a gente humilde para conseguir sus objetivos particulares. Sabemos que a fines de septiembre vendrá una álgida discusión respecto a la modificación a la Ley Antiterrorista, sabemos también que fue una promesa de campaña de la Presidenta Bachelet derogar dicha Ley. Sabemos que estamos a días de una nueva conmemoración de uno de los crímenes políticos más grandes de este país como lo fue el Golpe Cívico-Militar; y que en el poder político, económico y militar aún se encuentran personajes que cometieron el delito de sedición y traición a la patria -aún con pena de muerte bajo nuestro código militar- quiénes jamás fueron juzgados. Bajo dicha lógica y con la poca información disponible hasta el momento, ningún argumento da para pensar que efectivamente fueron grupos de izquierda los que orquestaron el atentado con bomba de Escuela Militar, ni el de los Dominicos, ni los demás de estos últimos meses.

Para aclarar un poco la discusión proponemos un pequeño análisis del uso del término “terrorismo” y como podríamos vincularlo con nuestra historia reciente.

“Es común el uso de la palabra terrorismo, por parte de Gobiernos para acusar a sus opositores”:

El Estado de Israel acusa de terrorista a cualquier persona que abrace la causa palestina, como los medios de comunicación de los EE.UU configuran el perfil del árabe-musulmán como potencial terrorista, incluso los radicados en su territorio. En Chile, desde fines de los 60′ se crea el “perfil” del terrorista como un sujeto anti-sistema, radicalizado políticamente y fuera de los canales institucionales. Durante la dictadura bajo este perfil se persiguió a miles de personas -vinculadas realmente o no- con proyectos políticos y organizaciones de izquierda, siempre bajo la bandera de la “humanización” de la sociedad, sin embargo genera un contrasentido acusar a una persona o grupo de violar los derechos humanos del otro y que la solución sea su des-humanización y perdida de sus propios derechos como ser humano.

“Es el uso sistemático del terror para coaccionar sociedades o gobiernos”:

Dejemos de lado por un momento la pregunta respecto al autor material del atentado, y concentrémonos en su repercusión mediática. Un clima de miedo y terror es exactamente lo que generan medios como Canal 13, el diario La Segunda, La Tercera y El Mercurio, cuando dan una cobertura sensacionalista y morbosa respecto a estos hechos y la estabilidad económica, política y social del país. Son justamente este tipo de titulares articulados desde las mismas oficinas de edición, las que construyen y aplican en la población el terrorismo a través de las comunicaciones. Ya no se trata de informar, sino se trata de “producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitos de la misma especie” (artículo primero de la Ley Antiterrorista chilena).

Observemos que la modificación de la Ley Antiterrorista es una política que se viene articulando al menos desde finales del año 2011, cuando el Estado de Chile comienza a importar “asistencia técnica y jurídica” de sus pares españoles en relación a los Manuales de Procedimiento de manifestaciones, legislación anti-terrorista y no menos grave, de sus pares estadounidenses, instructores de operaciones de contra-insurgencia urbana -guerra contra civiles- con una base militar a pocos kilómetros al norte de Concón.

El clima que se viene fraguando desde las dirigencias del empresariado nacional con complicidad de los Partidos tradicionales de Derecha (DC–RN–UDI), de una “catástrofe económica” producto de las exiguas modificaciones tributarias planteadas por el Gobierno entrante, también se puede considerar como una estrategia más para infundir temor en la población y frenar con ello la agenda de cambios que plantea el Gobierno en base a las cifras de crecimiento económico que cualquier persona medianamente informada en economía sabe que responden a problemas de fluctuación naturales en los mercados internacionales.

¿Es que nadie respeta la justicia en este País, o en este país la justicia no es más que un trámite? Nuestro propio Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, prefiere adelantarse a la investigación y al debido proceso, culpando a priori y secundando a nuestros “terroristas” medios de comunicación, al acusar a “células antisistémicas” que dudosamente tendrían razones y/o capacidad logística para evitar ser descubiertos de un delito que a todas luces le es perfectamente funcional a lo más oscuro de la derecha de este país. Pareciera ser que no estar de acuerdo en nuestros días con la desrregulación económica, el libre mercado, la injusticia social y la “democracia” representativa-liberal, es razón suficiente para constituir un sujeto terrorista. De ser así los escritores del presente artículo somos orgullosos terroristas, al igual que los miles y miles de chilenos y chilenas que han demostrado en los últimos años su descontento con el orden imperante.

Es importante considerar los peligros a los que se enfrenta la población cuando permite a su sistema judicial contar con herramientas que le otorgan un poder más allá de lo razonable e incluso con instrumentos condenados internacionalmente, como indican los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la aplicación de la Ley Anti-terrorista contra el pueblo mapuche, en los cuáles se ha condenado al Estado chileno por utilizar una Ley que viola en lo más básico el principio de legalidad y la presunción de inocencia. Contar con una Ley Antiterrorista más laxa en su definición y endurecida en sus procedimientos y penas es acercarse al ejemplo de Guantánamo, con cientos de detenidos sin cargos, sin condenas, sin juicio, sin pruebas, y sometidos periódicamente a las más inhumanas torturas conocidas en el siglo XXI.

Finalmente, planteamos la derogación de esta ley espuria, como el mejor camino para avanzar hacia una sociedad más justa, y creemos firmemente que si hay quienes debiesen ser procesados y catalogados como terroristas, son quienes poseen los recursos económicos, políticos, comunicacionales y articulan campañas de terror masivo desde lo más alto del poder y a través de los medios de comunicación tradicionales.

*Amador Sepúlveda, estudiante Administración Pública, Usach; Vicente Rojas, estudiante Licenciatura en Estudios Internacionales, Usach; y Álvaro Romero, estudiante y presidente del Centro de Estudiantes de Publicidad Usach.