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Lo que sabemos: durante los últimos nueve años han estallado más de 200 artefactos explosivos en la ciudad de Santiago, casi todos los cuales han sido colocados en cajeros automáticos o en lugares que de una u otra forma representan “el poder” del mercado o del Estado, los que se han hecho estallar en horas donde resulta poco probable que dejen lesionados. La inmensa mayoría han sido reivindicados a través de panfletos dejados en los mismos lugares en que han estallado o a través de declaraciones publicadas en determinados sitios web por grupos que aluden a ideas o personas que se relacionan con corrientes “insurreccionalistas” que promueven la “acción directa” en contra de lo que denominan como un orden “opresor”.

De todos estos atentados sólo dos se han alejado manifiestamente de los referidos parámetros: aquél que hace algunas semanas estalló en el metro Los Dominicos sin dejar heridos, y el más reciente en la estación Escuela Militar de Santiago, el cual por primera vez estalla en un horario y lugar donde era evidente que se podía lesionar de forma grave a un sin número de personas que transitan por dicho lugar, quienes sin duda no representan de manera alguna al poder político ni económico de nuestro país. A todo lo anterior se debe agregar que, a diferencia de casi la totalidad de los otros atentados explosivos, estos últimos no han sido reivindicados por nadie. Conclusión: algo no cuadra con las bombas detonadas en el Metro.

Se ha dicho en cuanto a la autoría de estos atentados que serían los mismos grupos anarquistas que venían colocando bombas desde siempre pero que se han radicalizado con el tiempo, que serían grupos nuevos los cuales han irrumpido con una nueva forma de acción directa, e incluso se ha dicho que serían personas que están o han estado vinculados con organismo de seguridad y que buscan crear un escenario que debilite al gobierno, paralizando o entorpeciendo la agenda de reformas estructurales que ha iniciado. Cualquiera que sea la hipótesis correcta, lo cierto es que la amenaza a los principios que fundan un Estado democrático de derecho no deriva sólo de quienes han perpetrado estos cobardes atentados en contra de personas inocentes, sino que además proviene de la ambición de personas y grupos enquistados en el Estado desde hace años, quienes jamás han sido llamados a responder de su actuaciones, y ahora pretenden obtener más atribuciones y dinero sin ningún control ni contrapeso.

Todo lo anterior nos abre una serie de preguntas cuya respuesta implica no sólo decidir de que manera se puedan castigar en forma ejemplar y con penas efectivas a los verdaderos responsables de estos gravísimos delitos, sino que también importa definir en qué tipo de sociedad queremos vivir.

En este contexto, tan decidor como la irrupción de esta nueva forma de atentados explosivos, resultan las diversas reacciones que han generado estos hechos. Es así como hay grupos políticos los cuales creen que el discurso de seguridad vinculado con la represión de toda forma de delincuencia, en especial la más grave, les trae beneficios electorales, a pesar que cuando fueron gobierno estuvieron lejos de cumplir mínimamente con la falacia de que pondrían fin a la delincuencia o la reducirían a su mínima expresión. Por otra parte, están los operadores de los órganos de persecución criminal, quienes pretenden obtener de manera rápida la mayor cantidad de recursos y facultades posibles, sin mayores cuestionamientos y ningún control, justificando tal ambición a partir de un discurso engañoso fundado en las nociones de “peligro” y “terror”.

Finalmente están quienes pretenden acceder a cargos en nuevas entidades de “inteligencia” o de carácter “especializado”, bajo la perspectiva de seguir eternizándose en la administración del Estado aprovechando la situación de perplejidad de la autoridad política ante estos graves hechos, no obstante que han tenido un trayectoria consistente de fracasos en sus labores de investigación, dando cuenta de su absoluta falta de idoneidad y competencia para ejercer tales funciones.

Como se puede apreciar, el equilibrio entre seguridad y libertad que se pretende colocar falazmente como intereses contrapuestos, cobra una importancia trascendental, lo que nos obliga como sociedad el enfrentarnos de manera decidida y asertiva al discurso que se nos pretende vender por quienes están más preocupados de sus propios intereses que de resolver un grave problema de seguridad pública. De esta forma no es serio que el Fiscal Nacional Sabas Chahuán solicite la creación de una fiscalía especializada en delitos de alta complejidad, a partir de una estructura que había promovido hasta ahora sin éxito como parte de su original “plan de fortalecimiento institucional”, y que importa establecer un estanco con altos grado de autonomía al interior de la institución, diseñado para recibir a ex fiscales nacionales y regionales, sin que a cambio se establezca que un organismo independiente (Contraloría o algún otro) pudiese verificar la veracidad de la información que el Fiscal Nacional aporta sobre el uso que le da a los más de 140 mil millones de pesos que sólo por vía de ley de presupuestos se le asigna al Ministerio Público cada año. Además Chahuán pretende que se le entreguen otros 4 mil millones de pesos a fin de que los pueda utilizar, en dicho contexto, a su arbitrio.

Por otra parte, no es serio que se solicite por diversos sectores políticos que se le entreguen funciones operativas a la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, no obstante existen otros organismos que forman parte del sistema de inteligencia del Estado que actualmente sí tienen tales atribuciones, entre los que se encuentra la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros de Chile. Cabe destacar que esta unidad policial ha estado a cargo de la investigación de prácticamente todos los atentados explosivos ocurridos en los últimos años, incluido aquellos que formaban parte del denominado “caso bombas”, habiendo utilizando todos los medios que hoy se reclaman sospechosamente como necesarios para la persecución de estos delitos, no obstante estar consagrados expresamente en la ley, tales como seguimientos, interceptaciones de comunicaciones y agentes encubiertos. Lo más grave es que el Fiscal Nacional Sabas Chahuán ha dicho públicamente que los agentes encubiertos y las interceptaciones telefónicas que contempla actualmente dicha ley no podrían ser utilizados como prueba en juicio, no obstante la institución que él mismo lidera los ha usado como evidencia en juicios orales seguidos por esta clase de hechos.

Asimismo resulta altamente cuestionable que ciertos sectores pretendan validar como opiniones a considerar aquellas entregadas por quienes han protagonizado los mayores fracasos en la persecución efectiva de esta clase de atentados. Una especial mención en este punto corresponde al ex Director Nacional de la ANI, Gonzalo Yussef, quien pasó de ser un fiscal del montón sin ningún conocimiento especializado a ser jefe del máximo órgano de inteligencia de nuestro país, a través de una designación política de su amigo, el ex Ministro del Interior Rodrigo Hinzpeter.

Según da cuenta la revisión de publicaciones de prensa, durante sus cuatro años de gestión se destacó principalmente por sus llamativas tesis especulativas que jamás logró acreditar, por las criticas que recibió derivadas del hecho que pasaba gran parte de su horario laboral en las dependencias del café con piernas “Bombay” en Santiago, y por su nulo aporte en la investigación de los atentados explosivos ocurridos en la ciudad de Santiago. No obstante todo lo anterior, hoy se le pretende señalar como alguien autorizado en materia de terrorismo, sosteniendo que finalmente los responsables de todos estos atentados serían los mismos imputados absueltos del caso bombas, no obstante no ha sido capaz de aportar antecedentes concretos que funden sus dichos, ni menos ha concurrido a la policía o al Ministerio Público a fin de colocar una denuncia formal de manera de darle una mínima seriedad a sus palabras.

Además, resulta absurdo que se diga que se van a cambiar a los equipos investigadores cuando el fiscal que finalmente está a cargo de la indagación de todos estos delitos es el regional metropolitano sur, Raúl Guzmán, quien junto con gran parte de los fiscales que lo acompañan, participaron en el impresentable y fracasado proceso criminal conocido como “Caso Bombas”. En el mismo sentido constituye una actuación inexplicable y temeraria el que Carabineros de Chile haya creado una nueva unidad de inteligencia a cargo del General Bruno Villalobos, alguien que ha demostrado una y otra vez que no cuenta con las competencias necesarias para dicho cargo, siendo especialmente vergonzoso su papel en el caso del ciudadano pakistaní imputado falsamente de terrorismo.

Así las cosas resulta grave que diversos partidos políticos se hayan comprometido, a priori y sin conocer su texto, a aprobar de manera express una ley “antiterrorista” en el Congreso, la cual según se ha anunciado en forma genérica incluirá más facultades y recursos para los órganos persecutores, sin que paralelamente se establezcan controles objetivos e independientes en el uso de los dineros fiscales extras que se pretenden asignar. Además llama la atención que dentro de los cambios legales anunciados no se encuentre el establecimiento de reglas para la designación de cargos al interior de las policías y del Ministerio Público, de manera que se ponga fin a la situación actual donde en la práctica los nombramientos y asignaciones de funciones se hacen basados en consideraciones de amistad o cercanía. Tampoco se ha anunciado una reforma legal que determine que el cargo de director de la ANI no seguirá siendo de confianza del gobierno de turno, sino que tendrá un carácter técnico, y en cuyo nombramiento deban intervenir los diversos poderes del estado. Asimismo no se ha planteado el definir por ley mecanismos de control real al trabajo de los órganos de inteligencia policial y militar del Estado por parte del poder civil, a fin de impedir cualquier abuso.

De esta forma la lucha en contra de toda clase de delitos, especialmente los más graves como ocurre con los últimos atentados en el metro, no pueden servir de excusa para que bajo la falsa promesa de entregarnos más seguridad, se aprueben leyes que lesionen de manera permanente y grave el debido respeto de las garantías que a cada uno de nosotros nos corresponde en un Estado Democrático de Derecho, todo lo cual hoy está en riesgo a partir del engañoso discurso de quienes, una vez más, nos tratan de pasar gato por liebre.

*Abogado. Magister en Derecho Penal y Procesal Penal.