sospechosos bombazos A1

(Foto: en primer plano, Juan Flores y Nataly Casanova, que ayer quedaron en prisión preventiva)

La Fiscalía Sur pidió ayer  la autorización del 15º Juzgado de Garantía para investigar una serie de teléfonos celulares, discos duros, pendrives y computadoras que fueron hallados en seis domicilios registrados a nombre de Juan Flores, el principal imputado de la colocación de artefactos explosivos en dos estaciones del metro y la Primera Comisaría de Santiago.

La solicitud se enmarca dentro de la investigación que realiza el Ministerio Público Sur en contra de Flores y su pareja Nataly Casanova, quienes quedaron en prisión preventiva por delito terrorista, luego que el juez René Cerda, acogiera los argumentos del fiscal regional Raúl Guzmán -y del resto de su equipo- en la audiencia de formalización de cargos que se desarrolló ayer en el Centro de Justicia.

Básicamente, el magistrado estableció que existen presunciones en contra de Flores respecto de su participación en el atentado a la estación Los Dominicos y en el Bulevar de la Escuela Militar -junto a Casanova- y la Primera Comisaría de Santiago, donde actuó a juicio de la fiscalía con un segundo sujeto sin identificar. En tanto, Guillermo Durán el tercer detenido el pasado 18 de septiembre en una casa de La Pintana, sólo quedó con arresto domiciliario parcial (de 22.00 a 06.00), arraigo nacional y firma en la unidad policial más cercana a su domicilio. El juez otorgó diez meses para la investigación.

Alcances

La petición de la Fiscalía Sur para analizar estos elementos digitales de comunicación y almacenamiento, es una de las diligencias para hallar otras pruebas que puedan engrosar los argumentos con miras a un juicio oral.

Por ejemplo, en el caso de los teléfonos móviles, permiten no sólo determinar con quién habla el usuario, sino también a través de la geo-referenciación de las antenas de las compañías, situar al aparato en un punto geográfico, donde pueden existir cámaras de seguridad, presuntos cómplices, entre otros elementos que podrían ser utilizados como prueba.

Esta búsqueda es común en las indagatorias en contra de las bandas de narcotraficantes, cuyos miembros no sólo hablan en clave para evitar ser descubiertos en las escuchas, sino también porque cambian constantemente de teléfonos. En muchos casos, son descubiertos por este método.

Pues bien, la idea del Ministerio Público, es cruzar información con los trayectos realizados por Flores con su tarjeta BIP- en Metro y Transantiago- indicios, entre otros, que lo mantienen detenido en el penal Santiago Uno.

En el caso de los artefactos de almacenamiento, como también las computadoras, la fiscalía busca obtener información de vínculos vía internet con otras células o grupos nacionales o extranjeros. Asimismo, datos guardados que pudieran tener relación con la investigación. Se trata de una pericia que deberá realizar el Cibercrimen de la PDI.

No son las únicas diligencias. Ayer el magistrado otorgó un plazo de dos días a los abogados defensores para que sus clientes -Durán, Flores y Casanova- autoricen la realización de análisis siquiátricos, sicológicos y químicos, como también a sus cuerpos en busca de tatuajes. Transcurrido el plazo, si los imputados no acceden por propia voluntad, se resolverá por la vía judicial.

Para la fiscalía es importante contar con estas pericias -se indicó en audiencia- porque resultaron vitales para establecer la responsabilidad de Hans Niemeyer -condenado a 5 años de presidio efectivo- y de Luciano Pitronello penado con seis de libertad vigilada, respectivamente. El primero por colocación de una bomba que explotó el 30 de noviembre de 2011 en una sucursal del BCI; el segundo por la misma situación donde resultó con el cuerpo quemado, en junio del mismo año en un banco Santander.

La audiencia de ayer no estuvo exenta de discusiones jurídicas respecto del valor probatorio de los antecedentes presentados por el Ministerio Público. Los abogados Rodrigo Torres y Nicolás Orellana, patrocinantes de Juan Flores, cuestionaron que los trayectos de la tarjeta BIP, como también las imágenes de las cámaras de seguridad fueran determinantes para decretar la prisión preventiva. Igual situación ocurrió con Casanova, argumentos que en todo caso no fueron acogidos por el juez.

Jurisdicción

Ayer, antes de que comenzara la formulación de cargos, llegó el defensor regional norte, Leonardo Moreno. Su presencia tenía una explicación: dicha entidad estuvo encargada del llamado caso bombas, donde fueron absueltos 15 acusados de colocación de artefactos explosivos en 2012.

Sucede que tres de los ataques investigados, Los Dominicos, Escuela Militar (Las Condes) y Primera Comisaría (Santiago Centro), se encuentran bajo su jurisdicción, por el llamado “principio de ejecución del delito”. Es decir, el lugar geográfico de Santiago donde ocurrió el hecho.

Actualmente, la Fiscalía situó el origen de los ilícitos en La Pintana, donde la madrugada del 18 de septiembre fueron detenidos los imputados en un operativo que contó con más de 220 carabineros. De esta manera, lograron que la autorización de allanamiento quedara incoada en el 15º Juzgado de Garantía. Por tanto Flores, Casanova y Durán son defendidos por la Defensoría Sur.

Fuentes de la entidad indicaron que el actual tribunal es proclive a la fiscalía, como también la Corte de Apelaciones de San Miguel, de allí que se evalúa presentar la llamada “inhibitoria”. En otras palabras, que la Defensoría Sur “trabe” una contienda de competencia para que los hechos sean sometidos al conocimiento de tribunales que valoren con mayor estándar las pruebas del Ministerio Público. Estos son el Séptimo y Cuarto de Garantía, de Santiago y Las Condes, respectivamente.

La estrategia no es un hecho menor. Si ocurre el cambio, ambos casos podrían recaer en el defensor público Claudio Aspe, quien participó en el caso bombas y consiguió la posterior absolución de los imputados.

Aspe también logró la absolución en el Cuarto Tribunal Oral de Santiago, de todos los imputados del llamado caso Kodama en junio pasado, decisión confirmada por la Corte de Apelaciones de Santiago.