Así nos ven en el mundo: “Libertad provisional a exalcalde chileno procesado por crímenes de Pinochet”

La jueza chilena Marianela Cifuentes concedió hoy la libertad provisional bajo fianza al coronel retirado y exalcalde derechista Cristián Labbé, a quien procesó este lunes por asociación ilícita en un juicio sobre trece ejecutados o desaparecidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

Así lo informaron hoy fuentes judiciales, que precisaron que la magistrada, que también procesó a otros nueve exagentes, fijó a Labbé una fianza de 200.000 pesos (unos 340 dólares).

Conforme a lo dispuesto en el antiguo sistema procesal chileno, por el que se lleva el caso, la determinación de la jueza debe ser revisada por la Corte de Apelaciones, lo que según las fuentes ocurrirá este miércoles.

En tanto, Labbé sigue recluido en un recinto militar del sector santiaguino de Peñalolén, donde ha sido visitado por dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), partido al que pertenece y en cuya representación fue durante 16 años alcalde del municipio santiaguino de Providencia.

El ex coronel, que también fue guardaespaldas de Augusto Pinochet tras el golpe militar de 1973, ha negado haber asesinado o torturado a algún prisionero.

En su declaración judicial, aseguró que su función en la Escuela de Ingeniería del Ejercito de Tejas Verdes, a unos 112 kilómetros al suroeste de Santiago, donde ocurrieron los hechos los hechos a fines de 1973 y comienzos de 1974, era “dar clases de Educación Física” a los agentes.

La versión se contradice con lo que han señalado los querellantes, que son prisioneros supervivientes de Tejas Verdes, que aseguran que Labbé, que antes de 1973 estuvo en Brasil en cursos de guerra antisubversiva, daba durante la aplicación de tormentos consejos y aplicaciones a los torturadores.

Las instalaciones de Tejas Verdes, según investigaciones periodísticas, fue la cuna de la DINA (Dirección de Inteligencia Nacional), cuyo jefe, Manuel Contreras, era en ese tiempo director de la Escuela de Ingenieros.

Labbé, según los supervivientes, era instructor de los torturadores en un período en que los prisioneros fueron “los conejillos de indias” del modelo represivo que se prolongó durante toda la dictadura (1973-1990).

El general Contreras, que cumple condenas por un total de 361 años de prisión tras ser condenado en varias decenas de juicios por violaciones a los derechos humanos, también fue procesado por la jueza Cifuentes, que también otorgó la libertad provisional con idéntica fianza a los otros ocho procesados en el caso.

Contreras y los demás fueron procesados por asociación ilícita, secuestros calificados (desapariciones), homicidios calificados y tortura, mientras Labbé sólo fue encausado por asociación ilícita.

El Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que es parte querellante en el juicio, apelará en el caso de Labbé y solicitará que se le procese por los mismos delitos que a los demás involucrados.

Francisco Ugás, secretario ejecutivo del Programa, dijo a radio Cooperativa que Labbé debe ser procesado “no sólo por ese ilícito sino también por otros delitos, como coautor en cinco delitos de secuestro calificado (desapariciones) y 13 delitos como coautor de secuestro simple”.

Entre las trece víctimas de este caso había dos carabineros que se negaron a participar en el golpe militar de 1973.