El tablero de ajedrez de la sequía en Petorca

Un tablero de ajedrez, con paños de tierra donde el verde escasea colindando con hectáreas que simulan canchas de tenis. Ese es el panorama de los valles de Petorca, la provincia de la Región de Valparaíso que el 14 de octubre fue declarada nuevamente -casi por sexto año consecutivo- zona de escasez hídrica por el MOP.

La misma zona que es considerada la más complicada de Chile por la falta de agua, que tiene dos ríos declarados agotados desde hace más de diez años, pero que cuenta con cerros repletos de paltos, naranjos y limones por un lado; y otro donde deben cocer el agua antes de consumirla o incluso ir al baño con bolsas plásticas al no contar con ella para el servicio higiénico.

Una provincia que vive con los polos opuestos de ser la mayor zona productora de paltas para exportación -superando a Quillota- y que al mismo tiempo, según el informe de Derechos Humanos de la UDP 2013, no cumple con los estándares del derecho internacional de los Derechos Humanos sobre el elemento que da vida.

Derecho al agua

La sequía en Petorca, reclaman sus vecinos, es sólo para algunos. En Cabildo, comuna ubicada al interior del valle del río Ligua, este 2014 los camiones aljibes no han dejado de extraer agua de los pozos contiguos a la cuenca del río en todo el año, asegura el agricultor y dirigente de Movimiento Defensa por el Derecho al Agua y Protección del Medio Ambiente (Modatima), Ricardo Sangüesa.

“Estamos todos acá en sequía, con racionamiento de agua, y eso de allá parece campo de tenis”, dice Miguel Espinoza, otro de los dirigentes de Modatima, apuntando desde un cerro al costado norte del valle, donde grandes productores agrícolas poseen extensos vergeles de frutas.

Todos coinciden en que la fiscalización de la DGA apenas es decorativa y no consigue dar una solución a los pobladores o agricultores pequeños, aún cuando existen varias multas cursadas a los grandes empresarios de la zona.

De esa forma, no es coincidencia que la Dirección General de Aguas de la Región de Valparaíso lidere a nivel nacional el número de fiscalizaciones tanto por concepto de denuncias de particulares como por inspecciones iniciadas de oficio.

Según los datos entregados por la propia DGA a The Clinic Online, desde el año 2010 a septiembre de 2014, se han tramitado un total de 1.102 expedientes de fiscalización y específicamente en la provincia de Petorca se han tramitado un total de 440 expedientes de fiscalización; es decir, un 40% de toda la región.

Por eso la paciencia de los defensores, tal como el agua, se agota. Según Sangüesa, la falta de regulación del Código de Aguas -que data de 1981- es lo que más afecta porque deja indefensa “tanto a la pequeña y mediana agricultura como al agua de consumo humano porque deja que el mercado opere libremente con nula fiscalización por parte de los organismos del Estado. Cuando decimos que opera libremente es porque se venden derechos de agua sin hacer ningún seguimiento, si el que los vende los deja de ocupar y a la vez compran una mínima cantidad para regar grandes superficies no respetando los litros que realmente tienen, sin haber un ordenamiento territorial, tampoco una asesoría jurídica para los pequeños agricultores, que han perdido todos sus derechos por no contar con los recursos económicos para contratar grandes estudios de abogados para defender sus derechos de agua”.

En el valle del río Ligua, que supondría escasez hídrica en toda su dimensión, basta pasar unos minutos por los poblados como San Lorenzo o La Mora para ver el constante tránsito de camiones aljibe. A un costado del río, en el sector La Sirena, de Cabildo, los camiones no paran de bombear, a menos de 50 metros del cauce del río, por donde hoy sólo se ve un camino de piedras.

Usurpación

En el tablero de Petorca, los habitantes de los pueblos “vecinos” a las grandes agrícolas son los que lo pasan peor. No es raro ver trabajos de Agua Potable Rural (APR), con pozos que buscan cada vez más abajo lo que queda de agua. En La Mora, por ejemplo, se repiten los carteles de anuncio de obras de APR, una al lado de la otra, incluso con dos meses de diferencia entre ambas. Los habitantes, que temen aparecer y enfrentarse a los grandes agricultores, solo se animan a decir que hay que “mirar al frente” para darse cuenta.

Respecto a la extracción de aguas, el director de la DGA, Carlos Estévez Valencia, asegura que debe contarse con el respectivo derecho de aprovechamiento de agua, por lo que en los casos que el servicio ha tomado conocimiento de situaciones de extracciones no autorizadas se han remitido los antecedentes al Juzgado de Letras respectivo para la aplicación de multas, como ha ocurrido en 109 ocasiones durante el año 2011 a septiembre de 2014, en esta provincia.

Según el informe de Derechos Humanos de la UDP 2013, la misma DGA ha constatado la construcción de drenes ilegales, pozos sin derechos de aprovechamiento, faenas sobre el cauce de esteros y extracción de agua por sobre los derechos de aprovechamiento legalmente constituidos, entre otras infracciones.

Los dirigentes de Modatima son los que más han denunciado. Sangüesa dice que lleva más de 50 presentaciones desde 2004 en adelante. En octubre, él se hizo parte de una denuncia a través de la Asociación de Canalistas de los Molinos contra Agrícola Santa Laura y San Antonio, propiedad de Ignacio Álamos Jordán, cuñado del senador UDI Juan Antonio Coloma.

“El rol de la DGA ha sido más bien ser parte del problema más que de la solución porque cuando hubo fiscalizadores con ganas de hacer bien el trabajo, esto les costó el puesto. Hay denuncias que no se llevan a cabo, algunas que se perdían en el trayecto de la gobernación a la DGA u otras que no se concretaban porque según ellos estaban mal hechas, pidiendo prácticamente al agricultor que le entregara todos los datos georeferenciados y los pequeños agricultores no cuentan con esa tecnología ni tampoco pueden entrar a los campos ajenos”, dice Sangüesa.

Las problemas que enfrentan los defensores del agua los han llevado a enfrentarse a la justicia en varias oportunidades. Rodrigo Mundaca, uno de los voceros, ha enfrentado cuatro juicios por denunciar estos hechos, incluido uno por injurias y calumnias con publicidad por parte del ex ministro de Interior de Michelle Bachelet, Edmundo Pérez-Yoma.

Los problemas legales comenzaron cuando Mundaca comenzó a denunciar que el empresario y político de la DC usurpaba aguas en su comuna en una entrevista en CNN el 19 de abril del año 2012. Sin embargo, en septiembre pasado, tras volver de Paris, donde estuvo exponiendo sobre los problemas del agua en Chile, el agrónomo se enteró que Pérez Yoma había desistido del juicio.

La misma suerte ocurrió otro de los cuatro litigios que lo perseguían. Sin embargo, el 22 de octubre pasado el tribunal de La Ligua desestimó los recursos de reposición presentados por su abogado, tras haber sido condenado a 61 días de presidio en abril de 2014, y fue notificado de la confirmación de su condena, la que consta de arraigo nacional y firma mensual por un año en Gendarmería.

Cabe destacar que uno de los abogados de Pérez Yoma es el ex director de la DGA, Rodrigo Weisner, quien además en la causa de Mundaca actuó como testigo y que es el encargado de una planta que la Compañía Cervecerías Unidas S.A. (CCU) pretende construir en Paine, en la misma zona donde el ex DGA decretó en 2008 que el acuífero ya no soportaba nuevas extracciones, según informó Ciper.

No es lo único que ha enfrentado estos meses. En agosto pasado, la jueza Jeanette Roco de La Ligua tuvo que inhabilitarse de condenar a Mundaca en otro de los juicios. ¿La razón? La misma jueza Roco había condenado el 12 de marzo de 2013 al pago de 20 UTM -pena máxima según el actual Código de Aguas- a la Agrícola El Cóndor Limitada, de propiedad de Pérez Yoma, representada por su hijo Cristián Pérez Vergara, por la realización y ejecución de trabajos y obras en el cauce del Estero Los Ángeles sin permiso de la autoridad competente.

A pesar de no acreditar el robo de agua, sí se constató la existencia de una tubería enterrada desde la captación de un agricultor a un pozo al interior de Agrícola El Cóndor. Una denuncia que se ha repetido en varias oportunidades con el ex ministro DC y otros grandes agricultores de la zona.

En marzo de este año, de hecho, la DGA dejó sin efecto los derechos provisorios de varios empresarios -la mayoría ligados a la DC- de la zona por perjudicar el suministro de terceros y producir el descenso en los niveles de los acuíferos.

Según la publicación de Ciper, los afectados por esta razón fueron el mismo Pérez Yoma, Osvaldo Junemann -propietario de Agrícola Los Graneros Ltda y ex director de Palta Hass Chile-, el ex diputado Eduardo Cerda y su hijo, Eduardo Cerda García; el ex intendente Marcelo Trivelli y sus hermanos, entre otros.

Todos los nombrados cuentan con “antecedentes” por multas de la DGA por diversos motivos, entre ellos la extracción de agua sin títulos, construcción de drenes y usurpación. Con todo, las denuncias de Modatima no han logrado “encausar” el rumbo en la provincia. Y a pesar de que el río Ligua fue declarado área de restricción en 2004, la provincia pasó igual a tener 2.500 hectáreas de paltos en esa fecha a 12.500 hectáreas en 2012.

Mundaca dice que las paltas de exportación que exhiben los cerros son parte del problema: agotan las napas freáticas y consumen 200 litros de agua diarios, lo mismo que una persona necesita para beber y sus servicios higiénicos por un día. “Multiplica las hectáreas, donde caben unos 400 paltos, que hay acá y las cuentas no cuadran, porque además esos terrenos no están hechos para esas frutas subtropicales”, señala.

Además, en los mismos campos los agricultores que pueden realizar más pozos, cada uno de ellos más profundos, acumulan el agua en tranques que desde el aire o sobre la punta de los cerros se pueden ver. Como el de la foto de abajo, con el pueblo de Cabildo al fondo, donde la gente ya empezó a juntar agua.

Nuevo Código de Aguas

Según Ciper, la titulares de los derechos de agua provisorios que se vieron afectados -27- en total estaban autorizados para utilizar 1.057 litros por segundo. Sin embargo, al parecer nadie se ha preocupado de fiscalizar si esto se cumplió.

Sangüesa dice que en su parcela, ubicada al interior de Cabildo, el año pasado decidió hacer un nuevo pozo para poder extraer agua para sus hectáreas de palta. El anterior que ocupaba, de 40 metros, le duró 14 años. Gastó 18 millones en perforar a 70 metros, pero el agua duró apenas un año. Hoy, en octubre de 2014, ya no tiene agua para mantener el predio y las opciones, una vez más, son endeudarse o vender.

Mientras tanto, el Gobierno actual ha señalado que el agua será una de sus preocupaciones específicas. El 21 de mayo pasado la Presidenta Bachelet anunció que se avanzará durante su Gobierno en declarar el agua como un bien de uso público y revisar el Código de Aguas. Por ejemplo, actualmente para enfrentar la escasez de agua, la DGA no puede redistribuir derechos porque eso implica indemnizar a los actuales dueños.

Y a principios de este mes el Ejecutivo incorporó indicaciones sustitutivas al proyecto de ley que busca reformar el Código. Las nuevas modificaciones, sin embargo, no dejaron contentos a los defensores del agua, quienes insisten que no es suficiente la reformulación del actual régimen, incluso entregándole al Estado la propiedad del recurso hídrico mediante un esquema de concesiones revocables.

Para Mundaca esa no es la vía correcta. “El Código completo debe ser nuevo porque el actual no sirve para nada. Si alguien roba agua, como ha pasado acá, la multa máxima que recibe son 20 UTM (855 mil pesos), que es lo que se gastan en el mall el fin de semana”, dice el agrónomo.

Sin embargo, desde el Ejecutivo señalan que vendrán más modificaciones. El director de la DGA dice que hay claridad de que el Código actual “no permite resolver el problema de fondo de sobre explotación de acuíferos, que se explica en parte por la extracción ilegal del recurso”.

Pero Estévez dice que el Gobierno está planteando enviar 3 iniciativas de Ley en el último trimestre de este año y una de ellos “sería una indicación sustitutiva al proyecto de ley referido a elevar las sanciones, crear un tipo penal especial para la usurpación del agua y atribuciones especiales para los fiscalizadores del Servicio. Mientras la sanción siga siendo de 20UTM como es hoy, nada cambiará”.

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