Columna: Las burbujas de Michelle

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El pasado viernes, la presidenta anunció y firmó el proyecto de ley de «agenda corta de seguridad», que entre otras medidas busca asegurar el cumplimiento efectivo de las penas asignadas a delitos de «alta connotación social», como lanzazos, hurtos y robos, además de ampliar las facultades del Ministerio Público y aumentar la dotación policial. Pero ¿qué dijo en realidad la presidenta ese día?

Primero, la mandataria se preguntó: «¿Cuántas veces hemos visto con desesperanza que el lanzazo, el asalto a casas, entra en lo que la gente llama “la puerta giratoria”, es decir, queda sin castigo efectivo?». Con esto, Bachelet hace una referencia equívoca. No es lo que la gente llama «puerta giratoria», es lo que tanto el Gobierno como la oposición llaman así. Ante cada delito que aparece en los medios, recurren una y otra vez a la falta de castigo y a la necesidad de sancionar con penas más duras a los delincuentes para que no salgan a la calle a reincidir. El problema es que lo que la gente ve con desesperanza es, en realidad, cómo entran y salen, una y otra vez, leyes inconducentes por la puerta giratoria del mundo político.

Segundo, la presidenta señaló: «Debemos endurecer el control y persecución de quienes, una y otra vez, burlan la ley». Con esto, no hizo otra cosa que demostrar el sesgo ideológico de un gobierno neoliberal. La Administración actual no está buscando endurecer las penas que pudieran recaer sobre quienes infringieron la ley en el caso Penta. No está buscando endurecer el control para que los ejecutivos vayan a la cárcel. Está persiguiendo al que sale a robar porque ese es su medio de supervivencia. Recurrir a la prisión como medio principal para disuadir a quienes cometen crímenes contra la propiedad no es otra cosa que la manifestación patente de un Estado que criminaliza a los sectores más precarizados de la población, aquellos que justamente no tienen acceso a esa propiedad que ha llevado a la clase política al poder.

Tercero, la máxima autoridad del país indicó que «la delincuencia se combate con hechos, no con consignas». La presidenta y los eximios juristas del Gobierno entienden que despachar un proyecto de ley que endurece las penas para delitos comunes es un hecho que combate la delincuencia y no una simple consigna. Resulta a lo menos irónico que un lanzazo sea calificado como un delito de alta connotación social, mientras que el enorme fraude tributario del caso Penta sea presentado como una serie de «errores involuntarios». Algo no está bien.

Y es que lo que Bachelet no dijo ese día es que está haciendo burbujas de jabón. Si pretende que la delincuencia disminuirá gracias a la aplicación de un castigo efectivo, o el Gobierno no sabe lo que es un hecho o, simplemente, prefiere las consignas. Porque no es solo que carezca de una política pública para tratar el sistema penitenciario y no haga nada para paliar el hacinamiento, la falta de salubridad, la vulneración de derechos y la violencia sistemática que se vive cotidianamente al interior de los recintos penales, sino que, con su nuevo proyecto, en realidad, los exacerba. De aprobarse la propuesta de Bachelet, diez mil nuevos cupos se abrirán en las cárceles para albergar a las personas que cometen el tipo más común de delitos y que, cuando salgan, se encontrarán en peores condiciones que las que padecían cuando ingresaron. Y el Estado volverá a exigirles una rehabilitación que, como siempre, no hará nada por generar.

Si la presidenta continúa en esta línea durante los tres años que le quedan de gobierno, seguirá haciendo burbujas de jabón. Y todos sabemos cómo revientan las burbujas de jabón.

*Director geográfico del Centro de Detención
Preventiva Santiago Sur, Leasur.