Columna de Jaime Mañalich, exministro de Salud: El país sangra dos veces

Imagine un hospital público un viernes por la noche. En una sala, un cirujano opera a un joven baleado en una disputa de barrio. A metros, otro médico atiende a una mujer que llegó por una crisis de ansiedad: lleva meses sin dormir desde que su expareja volvió a amenazarla. El SAMU del hospital atiende un llamado de urgencia por una encerrona con resultado de muerte. Solo el último aparecerá en las cifras de homicidios de mañana. Pero todos son, en un sentido literal, víctimas de la misma epidemia, y representan para el país mucho más de lo que se comprende.

Chile lleva una década discutiendo la delincuencia casi exclusivamente como un problema de policías, cárceles y penas. Es una discusión legítima, pero incompleta, porque deja fuera la factura más silenciosa: la que paga la economía cuando deja de crecer, y la que paga el sistema de salud cuando absorbe, en silencio, las heridas de la violencia.

El BID calcula que el crimen le cuesta a la región un 3,44% del PIB; Chile bordea el 2,5%. La Universidad de Talca llega a una cifra parecida por otro camino, entre 2,5% y 3% del PIB, unos US$8.000 millones al año. Y un estudio de CLAPES UC, usando un enfoque puramente contable —policías, cárceles, seguros, pérdida de vidas—, calculó que en 2022 el costo directo de la delincuencia llegó a 2,1% del PIB: más de lo que gastan los ministerios de Defensa y Vivienda juntos.

Pero el dato más incómodo no es ese. Un trabajo posterior del mismo centro, de Cabrera y Hernández, preguntó algo distinto: ¿cuánto crecimiento simplemente dejamos de generar por vivir con más miedo y más violencia? Con datos de casi ochenta países durante veinticinco años, encontraron que cada homicidio adicional por cada 100 mil habitantes le resta al PIB per cápita, en promedio, 1,57%. Traducido a la subida de homicidios que vivimos entre 2016 y 2022, eso significa unos US$8.222 millones al año que Chile dejó de generar. No es un gasto que alguien firme; es, simplemente, riqueza que no llegó a existir.

¿Y la salud? El Servicio Médico Legal y el Minsal registraron 75 mil hospitalizaciones por agresión física en veinte años; al ritmo actual, eso implica mantener el equivalente a más de cien camas ocupadas todo el año, solo por heridas de violencia. Hay que sumar el gasto en salud mental de las víctimas de violencia intrafamiliar —más de nueve millones de dólares anuales, según una extrapolación a partir de cifras de CEPAL— y se llega a un gasto sanitario directo de entre US$ 13 y 22 millones al año. Es una cifra menor comparada con las pérdidas de PIB, y esa diferencia es parte de la lección: la violencia no se nota tanto en la cuenta del hospital como en la inversión que nunca llegó y el empleo que nunca se creó.

Y, aun así, todas estas cifras son una subestimación. Ninguna captura el costo de que una madre deje salir a su hijo después de las ocho, o de que un almacén cierre una hora antes por miedo. Ese costo no tiene código contable, pero se paga todos los días, en cada rutina que cambiamos sin darnos cuenta.

En la epidemia que afecta a América Latina, la tasa de mortalidad para adultos jóvenes por homicidios llega a 11 por cada 100.000 habitantes, 3 de cada 10 asociados a crimen organizado.

Quizás sea momento de dejar solo de preguntarnos cuántos carabineros necesitamos, y empezar a preguntarnos cuánto país estamos dispuestos a seguir perdiendo, en camas de hospital y en crecimiento que no llega, por no resolver esto de una vez con la seriedad que amerita.