El caso vinculado a Bachelet que el Ministerio Público le quitó al equipo del fiscal Gajardo en 2009

En septiembre de 2008 el entonces fiscal Vinko Fodich y su colega Pablo Norambuena -quien ha sido el segundo a bordo en la investigación del caso Penta- dirigieron las diligencias en que incautaron 22 cintas magnéticas con el registro de correos electrónicos y el servidor de la Presidencia en La Moneda.

Ambos lideraban la investigación sobre pagos facturados por esa entidad a brigadistas y colaboradores de la campaña de Michelle Bachelet. El tema causó molestia en el gobierno y fue Felipe Harboe, subsecretario de Interior en la época quien envió un reclamo formal al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán. Tal como ocurrió la semana pasada con la arista de SQM en el caso Penta, Chahuán estaba de vacaciones -era febrero de 2009- y su subrogante decidió pasar el caso a la Fiscalía Centro Norte, justificando que la fiscal jefe Sonia Rojas tenía mayor rango.

Siguiendo el mismo modus operandi, el anuncio se hizo en verano y hay otra coincidencia: estuvo involucrado el fiscal Alberto Ayala, quien ahora se quedó con el caso Penta y en ese entonces subrogó a Chahuán; y Gajardo fue espectador privilegiado, porque aunque no estaba en la causa, era parte del equipo de Fodich.

Rojas jubiló un año después, y tal como consignó Revista Qué Pasa en octubre, “la causa no prosperó en tribunales y la indagatoria fue cerrada”. Además, fuentes de la investigación confirmaron a The Clinic Online que las cintas incautadas nunca se periciaron.

LA HISTORIA

La denuncia había sido presentada por el diputado de Renovación Nacional, Nicolás Monckeberg. Sus antecedentes señalaban que la empresa Ser Producciones Creativas -contratada para realizar eventos durante la segunda vuelta- había actuado como “caja pagadora” de 22 brigadistas de la campaña de Bachelet financiados con dinero de la Presidencia durante la administración de Ricardo Lagos. La causa fue dirigida por los persecutores de la fiscalía Oriente, Fodich y Norambuena. En el equipo se encontraba también el fiscal Carlos Gajardo que, en su calidad de Jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, hasta la semana pasada dirigía la investigación del caso Penta. Fodich había sido jefe de Gajardo en la fiscalía de Ñuñoa y hoy se dedica al ejercicio privado de la profesión. De hecho, es abogado de Iván Álvarez, el exfuncionario del SII que ideó el fraude al FUT. Norambuena, por su parte, trabaja codo a codo con Gajardo en la investigación que tiene en la mira a varios parlamentarios de la UDI.

La arista que causó la reasignación del caso, sin embargo, fue la que involucraba al entonces jefe de gabinete de Bachelet, Rodrigo Peñailillo, a su directora de programación María Angélica “Jupi” Álvares y a su encargado de discursos Francisco Díaz, hoy subsecretario de Trabajo; entre otros miembros de la campaña. Según las indagaciones del equipo liderado por Fodich y Norambuena, la empresa Enlace S.A. había sido contratada para una asesoría comunicacional, aunque el administrador y publicista de la compañía, Eduardo Bustos, habría admitido que dicho trabajo no se realizó y que, en cambio, el dinero recibido habría sido entregado en efectivo y sobres cerrados a los colaboradores de Bachelet.

Tal como sucedió con Carlos Gajardo, los persecutores pidieron una serie de diligencias a Servicio de Impuestos Internos que culminaron con la polémica incautación en La Moneda, aunque éstas no prosperaron. Vinko Fodich señala que “en aquella época el Servicio de Impuestos Internos nunca presentó denuncia ni querella, no obstante que los montos eran superiores a muchos de los que se hablan hoy en día (en el caso Penta)”.

La molestia del gobierno se tradujo en que el Fiscal Nacional entregara el caso a la Fiscal Jefe Centro Norte Sonia Rojas, quien se jubiló un año después sin llamar a nadie a declarar. Lo hizo en medio de sus vacaciones mientras el Fiscal Nacional subrrogante era Albero Ayala, quien la semana pasada quedó a cargo de la investigación del caso Penta en su calidad de Jefe de la Fiscalía Oriente, de la cual depende el departamento de Gajardo. Hasta antes de eso, Ayala había actuado como supervisor y no se había involucrado directamente.

En su momento el diputado Monckeberg vio con buenos ojos la reasignación de la causa a un fiscal con mayor rango. No imaginaba que el caso terminaría archivado y sin resultados. Hoy señala a The Clinic Online que “es evidente que hace cinco años atrás cuando descubrimos que se habían pagado gastos de campaña de Michelle Bachelet con dineros públicos, repentinamente se cambió al fiscal que llevaba la investigación y la causa sufrió inexplicablemente un enlentecimiento y después una paralización. Y nunca se aclaró al país una irregularidad evidente en el financiamiento de la campaña”. No considera, sin embargo, que el cambio de fiscalías en la arista SQM responda a una maniobra como la de 2009, aunque no descarta que ello se haya intentado. Aduce que “en este caso, creo que los fiscales nombrados para continuar la investigación son fiscales de mucho más peso y reconocimiento profesional y dudo que ellos se presten para una maniobra como la que se efectuó hace cinco años atrás. Yo definitivamente confió en que esta investigación se desarrollará con total transparencia”.

Fodich, por su parte, destaca la similitud entre estos dos casos y en el actuar del Ministerio Público: “Yo creo que si bien la situaciones eran similares, en el sentido que lo que se investigaba en esa oportunidad eran facturas ideológicamente falsas porque daban cuenta de un servicio no prestado, creo que los tiempos han cambiado y hoy día existe mayor conciencia o mayor presión mediática hacia las distintas instituciones, como el Servicio de Impuestos Internos por ejemplo, para que ejerzan su rol”.

Finalmente el caso terminó archivado y sin mayores resultados, aunque Fodich señala que “había antecedentes suficientes como para haber imputado, a mi juicio, responsabilidad contra varias personas”.