Investigadora del Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela: “El periodista no puede ejercer su labor”

Mariengracia Chirinos contesta nuestra llamada desde Venezuela, donde trabaja en la Universidad Católica Andrés Bello y es investigadora del Instituto de Prensa y Sociedad (Ipys), una organización no gubernamental que trabaja por la promoción y defensa de la libertad de expresión. Chirinos es, precisamente, la encargada del área de Libertad de Prensa. Dice que en los últimos años ha observado “un incremento en presiones directas e indirectas que afectan el ejercicio libre del periodismo. Básicamente hay órdenes que vienen directamente desde el poder del Estado, que se traducen en los miembros del gobierno que prohíben la cobertura a los medios de comunicación”.

Señala que lo más grave no es que “el periodista no pueda ejercer su labor”, sino que se está creando una ciudadanía desinformada: “Es el ciudadano que no está siendo informado y que no cuenta con las herramientas informativas necesarias para tomar decisiones de si salir a la calle o no, si acudir a un centro médico o no, porque son informaciones que son bastantes cuestionadas y que cubrirlas puede costar hasta el puesto de trabajo de un periodista”. Agrega que se encuentran ante un movimiento complejo que “entre 2013 y 2014 hemos estado en presencia de blackouts informativos en momentos en que la sociedad necesita saber qué es lo que está sucediendo en la calle”.

¿Cómo han sido estos blackouts infromativos?
Un momento de inflexión ocurrió el 12 de febrero de 2014, justamente cuando en Caracas habían protestas y se conocía esa tarde que en menos de cinco horas murieron tres personas en manifestaciones. Los medios, sobre todo audiovisuales, que son los de mayor penetración y mayor audiencia, no transmitieron lo que estaba ocurriendo en las calles en Venezuela. Y al final el refugio informativo terminaron siendo las redes sociales. Entonces es un conjunto de inflexión bastante fuerte que además se vio opacado por el manejo de cadenas de locución que realizaban funcionarios del alto gobierno y se privilegiaba el discurso político partidista por encima de lo que estaba ocurriendo en las calles de Venezuela. Incluso esa misma tarde, mientras habían protestas y se conocía de ciudadanos que habían sido agredidos, de personas asesinadas y reporteros agredidos, que estaban cubriendo en la calle, hubo un discurso bastante violento por parte del presidente de la Asamblea Nacional y también por parte del Presidente de la República en el que se opacaban estos hechos de violencia. Entonces hicimos un monitoreo de manera empírica esa misma tarde y pudimos determinar que cuando ya se sabía de las manifestaciones, de al menos 39 emisoras que operan en Caracas, 30 de ellas no informaban lo que estaba ocurriendo en la calle.

¿Por qué se produce eso?
También por el miedo que tienen los propios medios tradicionales, radio y televisión básicamente, a ser sancionados por parte del Ejecutivo. Incluso hubo una decisión de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones del día anterior, en que se le advertía a los medios que si ellos incitaban a la violencia en la cobertura noticiosa, iban a ser sancionados . Entonces estas decisiones y estas inhibición de los propios medios de comunicación se tradujo en un hecho de censura que ha estado presente en los últimos años de Venezuela. Ipys Venezuela realizó una investigación que denominó “La orden es el silencio” y fue un estudio sobre la ejecución de la censura en periodistas y medios de comunicación en Venezuela. Y 42% de los encuestados afirmaba que había recibido presiones de los propios medios para modificar las informaciones noticiosas. Vemos que aparte de esta inhibición informativa también el contexto adverso ha hecho que lleguemos al eslabón más alto de la censura que es la autocensura de periodistas que se inhiben de informar.

¿Lo han comprobado?
Por lo menos en ese estudio 29% de los periodistas consultados decían que ni siquiera se tomaban la molestia de hacer la cobertura de alguna situación que pudiese ser incómoda porque sabían que el medio no lo iba a sacar. Entonces también vemos que existe un discurso de criminalización permanente desde el poder Ejecutivo y el poder Legislativo hacia los medios privados nacionales e internacionales. Hay cadenas de radio y de televisión que son constantemente señaladas desde el Ejecutivo de mantener una campaña mediática y de guerra psicológica en contra de Venezuela. Y los altos voceros hasta han llegado a decir que son discursos que apoyan un supuesto Golpe de Estado en el que se ven involucrados caricaturistas, periodistas venezolanos, medios nacionales e internacionales. Entonces vemos que hay acusaciones bastante irresponsable de parte del poder Ejecutivo que limita el ejercicio del periodismo. Y el más afectado no es el periodista que no puede ejercer su profesión, es el ciudadano que no está siendo informado y que no cuenta con las herramientas informativas necesarias para tomar decisiones de si salir a la calle o no, si acudir a un centro médico o no, porque son informaciones que son bastantes cuestionadas y que cubrirlas puede costar hasta el puesto de trabajo de un periodista.

¿Cuáles son esas presiones indirectas?
Son ejercidas de parte del poder Ejecutivo, otras de parte de otros actores privados o no estatales pero también de parte de los dueños o representantes de los medios de comunicación. Son medidas muy sutiles como la decisión de no nombrar algunos términos. Por ejemplo, se prohibió en algún momento hablar de la chikungunya que es una enfermedad que tuvo un brote a mediados de agosto y septiembre. Se le prohibía a los periodistas hablar de esta crisis porque decían que era una guerra bacteriológica que había sido creada. Entonces el gobierno a través de un discurso totalmente interesado político partidista ha impuesto también la manera de cómo llamar las cosas en Venezuela.

¿Qué otras cosas se han prohibido?
Se prohibió por mucho tiempo hablar del precio del dólar negro en una economía de un control cambiario bastante alto. Se han vetado algunos voceros en medios privados y medios estatales. Ahora vemos un cambio en la propiedad de los medios de Venezuela, en que algunos han sido vendidos recientemente, han sido transacciones que no han sido transparente y todavía no se conocen los dueños. Te hablo por lo meno de el caso de El Universal que es uno de los periódicos más antiguos de Venezuela y mantuvo hasta el año pasado una linea bastante crítica hacia la gestión gubernamental y el diario Últimas Noticias que era el diario de corte popular de mayor penetración y alcance en el país. Estos medios han privilegiado la versión oficial por encima de las denuncia de los ciudadanos. Cada vez son más invisibilizadas las voces disidentes y de crítica y de opinión libre que se ejercen en Venezuela.

¿Esos dos medios han privilegiado la versión oficial desde que se vendieron y no se conocen sus dueños?
Sí, existe un patrón de los medios que han sido vendidos. Globovisión es una televisora venezolana que tenía una voz crítica y era un canal de 24 horas de información, también ha seguido este patrón cuando su cobertura hace dos años era totalmente distinta. También decir que los ciudadanos ahora se expresan por internet es un juego bastante delicado porque en Venezuela cada vez aumenta más el número de ciudadanos que tienen cuentas en redes sociales, pero también hay que considerar que en el tema de la penetración de internet, que es del 44% a nivel nacional, hay sectores sobre todo rurales y locales en los que no llega el internet. Entonces los principales medios de información siguen siendo la radio y televisión.

Desde lo que ustedes trabajan, ¿existe confianza en la independencia de los poderes del Estado?
A nivel de los análisis que hemos hecho, hemos visto debilidades de la libertad de expresión y una de ellas es que existe poca independencia de los poderes estatales. Vemos que existe complicidad en los actuares de las fuerzas de poder que afectan el ejercicio del periodismo. En el caso del poder Ejecutivo o el gobierno, como prefieras definirlo, podemos hablar de amenazas que se han adelantado en cadenas de radio y televisión en contra de algunos medios que luego se traducen en decisiones judiciales o en pronunciamientos del poder legislativo. Entonces vemos que existe una articulación de fuerzas. También hemos visto algunas sentencias que prohíben el acceso a la información pública como un derecho del ciudadano. Se ha limitado el derecho a solicitar información pública por una sentencia de agosto del año pasado se decía que estas informaciones podían perjudicar la eficiencia de la gestión pública, cuando en realidad los funcionarios tienen la obligación de informar y rendir cuentas a los ciudadanos.

¿Son muy comunes las acusaciones de construibuir a un Golpe de Estado?
Sí, por lo menos en lo que va de 2015 y durante 2014 hubo señalamientos reiterados en distintos espacios de querer responsabilizar a los medios de situaciones que tenían que ver con la crisis carcelaria, con la crisis de salud, ahora con la crisis de alimentación y abastecimiento. Hay que saber que los medios están para informar, no para resolver los problemas del país. Vemos que desde el Estado se quiere buscar un culpable y ha sido perfecta la excusa de querer vincular a medios nacionales e internacionales, que lo vimos de forma reiterada la semana pasada contra la revista Semana y su caricaturista Vladdo. Y hay que decir que esta criminalización en contra de los medios no es tan fortuita. Ya Venezuela durante 2014 registró en cinco oportunidades denuncias de criminalización en contra de caricaturistas solamente por hacer sátira o traducir en mensajes de humor el sentir ciudadano. Hay que saber que en cualquier contexto democrático poder respetar la opinión del otro es muy importante. Y en Venezuela no se está cumpliendo.