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La Unión Demócrata Independiente (UDI) realizó una reunión este lunes, en la que se discutió la propuesta emergida desde el Gobierno para crear un nuevo marco institucional para regular la relación entre la política y el dinero, sea este de origen público o privado.

Este tema surgió luego de que avanzara la investigación por el Caso Penta, siendo la arista política de esta la que tuvo más repercusión en la opinión pública, viéndose involucrados políticos como Ena von Baer, Iván Moreira, Jovino Novoa y Carlos Bombal, entre otros.

A raíz de esto, la UDI entregó una declaración pública en la que aseguran que “se hace necesario avanzar en esta regulación, corregir sus imperfecciones y suplir sus insuficiencias”, para lo cual “compromete” su colaboración bajo ciertos “lineamientos”, entre los que se encuentra la inexistencia de “mecanismos que controlen debidamente el nivel del gasto que se hace en período de campaña y fuera de él, ni sanciones efectivas que garanticen el cumplimiento de las normas, ya sea a nivel de candidaturas municipales, parlamentarias, regionales o presidenciales”.

Desde el partido también indican que el mecanismo que regula el financiamiento de los partidos es “engorroso e ineficaz”, sumando a esto que no hay un “mecanismo o una institución que pueda impedir en forma eficaz el uso de recursos públicos en campañas electorales, sean éstos recursos municipales, de la administración pública o asignaciones parlamentarias”.

“Los mecanismos sobre transparencia en la gestión pública, tráfico de influencias, declaraciones de patrimonio e intereses necesitan estar en permanente revisión y los pasos dados hasta el momento son insuficientes”, finaliza este punto del documento.

Luego de este “diagnóstico”, desde la UDI dicen que la nueva legislación debe contener “al menos” la creación de “una Superintendencia de Partidos Políticos o el diseño de una nueva institucionalidad para el Servel” y el “sancionar con medidas ejemplarizadoras, incluyendo la pérdida del puesto de elección popular, al que sobrepase el límite de gastos o recurra a financiamientos no permitidos por la ley”.

El presidente del partido, Ernesto Silva, comentó que esto se realizaría respetando siempre la institucionalidad del Ministerio Público y que se realizó como respuesta al llamado de la presidenta Bachelet.

Al ser consultado sobre el caso particular de los militantes de su partido, Silva aseguró que “queremos distinguir los procesos en curso de lo que es la institucionalidad que merece el país”.

La declaración pública completa:

La Presidenta de la República ha convocado al país a que se elabore una propuesta para crear un nuevo marco institucional que regule de manera eficaz la relación entre la política y el dinero –sea éste público o privado-.

Este llamado se hace en medio de investigaciones judiciales relacionadas tanto con el financiamiento irregular de la actividad política como con situaciones de enriquecimiento personal donde se habrían infringido normas de probidad.

Sin perjuicio de la acción de los organismos administrativos o jurisdiccionales en cuanto al esclarecimiento de los hechos actualmente investigados, se hace necesario avanzar en esta regulación, corregir sus imperfecciones y suplir sus insuficiencias. En este sentido, la UDI acoge el llamado que hace el gobierno y compromete su colaboración bajo los siguientes lineamientos:

1. No existen mecanismos que controlen debidamente el nivel del gasto que se hace en período de campaña y fuera de él, ni sanciones efectivas que garanticen el cumplimiento de las normas, ya sea a nivel de candidaturas municipales, parlamentarias, regionales o presidenciales.
2. El mecanismo de financiamiento de los partidos, fuera del período de campaña, resultó ser engorroso e ineficaz.
3. Tampoco establece un mecanismo o una institución que pueda impedir en forma eficaz el uso de recursos públicos en campañas electorales, sean éstos recursos municipales, de la administración pública o asignaciones parlamentarias.
4. Los mecanismos sobre transparencia en la gestión pública, tráfico de influencias, declaraciones de patrimonio e intereses necesitan estar en permanente revisión y los pasos dados hasta el momento son insuficientes.

En virtud de este diagnóstico, la UDI plantea que las nuevas regulaciones deben contener –al menos- los siguientes elementos:

En el ámbito del financiamiento de la política:

1. La creación de una Superintendencia de Partidos Políticos o el diseño de una nueva institucionalidad para el Servel, que controle el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, los períodos de campaña, el financiamiento y el gasto electoral, de candidatos y partidos políticos.
2. Sancionar con medidas ejemplarizadoras, incluyendo la pérdida del puesto de elección popular, al que sobrepase el límite de gastos o recurra a financiamientos no permitidos por la ley, sean estos públicos o privados.
3. Transparencia absoluta de los financiamientos y gastos políticos.
4. Un nuevo régimen que regule los aportes privados y estatales a partidos o a candidatos.

En el ámbito del manejo de los fondos públicos y de una adecuada separación entre la función pública y el dinero:

1. Perfeccionar la declaración de intereses y de patrimonio, ampliando los casos en que éstas deben presentarse y estableciendo requisitos mas exigentes en cuanto al contenido de las mismas.
2. Ampliar la exigencia de fideicomisos obligatorios, dependiendo del patrimonio y de la relevancia de la función pública.
3. Ampliar las atribuciones de la Contraloría General de la República para verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones precedentemente señaladas.
4. Establecer sanciones penales y políticas más severas al enriquecimiento personal mediante el uso del poder o de información confidencial.
5. Controlar las contrataciones que realice el sector público (incluido el municipal), para asegurar que los servicios contratados sean efectivamente prestados.
6. Establecer normas que regulen y sancionen las conductas indebidas de las autoridades en períodos electorales.

Nuestro país vive un momento de crisis política y desconfianza institucional. No enfrentar esta realidad con responsabilidad afecta la institucionalidad política, abriendo espacios para el surgimiento de liderazgos populistas.

La UDI entiende el momento que vive nuestro país y acoge el llamado de la Presidenta de la República a trabajar con todos los actores en el diseño de una nueva institucionalidad que aborde adecuadamente la relación entre poder y dinero. Nuestras propuestas, ideas y trabajo están desde ya a disposición de la ciudadanía y del gobierno.