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Poder

3 de Marzo de 2015

Caval: el negocio que le dio espaldas a la UDI para negociar acuerdo con el Gobierno

El gremialismo propuso ayer un acuerdo político que sería entregado al Gobierno -específicamente a Aleuy- y que incluye la pérdida del cargo para quienes sean condenados por irregularidades. La propuesta se da en medio del fallido intento de Ernesto Silva de que no se enviara un cuestionario a Bachelet sobre el caso Caval y la notificación de Moreira de que no dejará la directiva. Ayer además reapareció Jovino Novoa en la tienda.

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ernesto silva a1

“Gracias San Dávalos”, bromeaba ayer un diputado de la UDI al comentar que el partido seguía de pie gracias a las repercusiones del millonario negocio de Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet, y la forma en que éste “evidenció” ante la opinión pública que la relación incestuosa entre la política y el dinero es transversal.

En concreto, aseguran distintas fuentes de la colectividad, el escándalo por el préstamo de $6500 millones que Compagnon y su esposo, Sebastián Dávalos, negociaron directamente con Andrónico Luksic, dueño del Banco de Chile, le permitió una tregua a Ernesto Silva de las críticas internas que amenazaban con sacarlo de la presidencia partidaria y le dio espaldas incluso para proponer anoche las condiciones para un acuerdo político con La Moneda sobre el financiamiento de campañas y la regulación del tráfico de influencias, aunque no todo fue tranquilo el primer lunes de marzo en la tienda de Suecia 286.

EL CUESTIONARIO DE LA DISCORDIA Y LA QUEJA DE MOREIRA
A fines de la semana pasada, el jefe de bancada gremialista, Felipe Ward, anunció que enviaría un cuestionario a Bachelet consultándole sobre su conocimiento sobre el préstamo otorgado a Caval para la compra del terreno en Machalí que la empresa vendió por $3000 millones más del costo pagado y cuya operación está siendo investigada por la Fiscalía Regional de O’Higgins.

La determinación fue resistida por Silva quien puso en duda que la medida se concretara en pos de dar una “señal” de buena voluntad con Bachelet y fomentar el camino a un pacto que permita una salida política a las irregularidades en que se han visto involucrado políticos.

Así fue planteado también en la reunión de directiva de las 13.30 horas, pero Silva no contaba con que Ward horas antes ya había enviado el famosos texto con preguntas a la jefa de Estado. El asunto fue debatido en profundidad y, según asistentes, no hubo consenso sobre el asunto, pero tampoco se pudo hacer nada porque los hechos ya estaban consumados.

Otro tema abordado fue la permanencia del senador Iván Moreira en la dirigencia. Según comentan en la colectividad, Moreira se quejó de lo “injusto” que era que, tras reconocer la existencia de un delito en la recolección de fondos de campaña, todas la críticas se centraran en él y se le pidiera dejar el cargo, algo que, notificó, no estaba dispuesto a hacer en estas circunstancias.

En cualquier caso, destacan en la UDI, ya está zanjado que no habrá movimientos en la mesa.

EL PACTO
Poco después de que partiera la Comisión Política a las 18.00 horas de ayer -que se extendió por tres horas-, el senador Jovino Novoa llegó a la cita.

Su presencia era necesaria porque se iba a discutir cuál sería la propuesta que el gremialismo pretende entregar a quien dicen que de verdad “manda” en Palacio, el subsecretario de Interior, Mahmud Aleuy, sobre cómo mejorar la política.

La propuesta fue debatido entre quienes esperaban sanciones inmediatas para los investigados y quienes estaban en la línea de Silva de reprimendas sólo si había sentencias.

Tras discutir un asunto que implica directamente, por su vinculación al caso Penta, a militantes como Moreira, Novoa, Ena von Baer y Carlos Bombal, entre otros, el partido emitió una declaración pública en que consignan que no existen “mecanismos que controlen debidamente el nivel del gasto que se hace en período de campaña y fuera de él, ni sanciones efectivas que garanticen el cumplimiento de las normas, ya sea a nivel de candidaturas municipales, parlamentarias, regionales o presidenciales”.

En el documento se propone además la creación de una Superintendencia de Partidos Políticos o el diseño de una nueva institucionalidad que controle el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos, los períodos de campaña, el financiamiento y el gasto electoral, de candidatos y partidos políticos y, entre otras medidas, “sancionar con medidas ejemplarizadoras, incluyendo la pérdida del puesto de elección popular, al que sobrepase el límite de gastos o recurra a financiamientos no permitidos por la ley, sean estos públicos o privados”.

Todo ello, reseñó Silva, sin interferir en el rol que desempeña el Ministerio Público, que mañana formaliza, entre otras figuras, a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Silva, los dueños del holding Penta que, según admitieron, financiaron con boletas ideológicamente falsas campañas gremialistas.

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