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El empresariado sacó toda su artillería para rechazar la resolución judicial contra la Minera Los Pelambres -de propiedad del Grupo Luksic- que obliga a demoler el muro del tranque El Mauro.

“Ese es un tema que a nosotros nos preocupa enormemente. La empresa tiene todas las resoluciones ambientales, tiene todas las aprobaciones. Ha cumplido en norma estricta con la legislación”, apuntó Santa Cruz, quien luego arremetió con dureza contra el Tribunal de los Vilos, ente que tomó la resolución.

“Esta aberración de decir que hay que derribar el tranque (…) ¿alguien se imagina lo que es derribar el tranque y el daño ecológico y a todo el mundo que afecta? Creo que estamos en presencia de algo insólito, por decirlo menos (…) La empresa ha cumplido aquí con toda la normativa”, espetó

Por su parte, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, y quien es el caso seguro reemplazante de Santa Cruz al mando de la CPC, dijo que “nosotros respetamos los fallos de la Justicia, pero no compartimos, porque no hay Pelambres sin el tranque El Mauro”.

“La empresa va a ha hacer todas las acciones legales que le correspondan para poder entregar los antecedentes que permitan seguir operando”, advirtió.

Tal como publicó ayer The Clinic Online, el Juzgado de Letras de Los Vilos rechazó la propuesta del Plan de Obras de la minera para de esa manera dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema -de octubre pasado- en torno a asegurar el escurrimiento natural de las aguas del estero Pupío a la comunidad de Caimanes, libre de contaminación de desechos provenientes del tranque de relaves El Mauro.

La empresa, tal como lo citó este medio la semana pasada, había propuesto la construcción de obras complementarias que incluía revestir el actual canal que rodea el tranque para perfeccionar el escurrimiento e impedir la pérdida de agua, mejorar las estaciones de captación y obras para potenciar el sistema de agua potable rural de Caimanes, como un estanque adicional de almacenamiento de 250 metros cúbicos.

Sin embargo, el juez de letras de Los Vilos, Jairo Martínez, después de tres meses decidió rechazar el plan y ordenó que para dar cumplimiento al fallo, la empresa debe demoler el muro de contención de arena que se usa como soporte del tranque de relaves.

Caso Penta

El empresariado también se refirió al caso Penta y los imputados, muchos de los cuales se encuentran en prisión preventiva.

“Toda empresa o persona socia del gremio que sea imputada se va a congelar o suspender su membrecía durante dure la investigación, y en caso de que esta empresa o persona sea condenada por los tribunales de justicia será expulsada”, dijo el presidente de la CPC, Andrés Santa Cruz.