CPC: economía ilícita evade pago de impuestos por US$1.500 millones y moviliza más de US$5.700 millones

La Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) encendió las alertas sobre los efectos de la economía ilícita en el desarrollo del país. Este jueves, la organización gremial presidida por Susana Jiménez presentó un informe que analiza los impactos y causas de este tipo de actividades, que movilizan más de US$5.700 millones anuales, equivalente a 1,5% del PIB nacional; una cifra que supera el PIB de regiones completas, como Ñuble o Los Ríos, y alcanza a industrias enteras, como la pesca y la celulosa.

El estudio, elaborado por 30 gremios y 70 expertos, identifica tres ejes en los que operan estas economías en Chile: comercio ilícito, finanzas ilícitas e ilícitos en materias primas. Las economías ilícitas se definen como sistemas económicos paralelos y estructurados, operados por organizaciones criminales.

A nivel general, la CPC calcula que estas actividades tienen un alto impacto en la recaudación fiscal, ya que al operar al margen de la ley evaden impuestos, por unos US$1.500 millones.

Según las estimaciones del informe, el tabaco concentra por lejos la mayor pérdida de recaudación, con US$1.000 millones, seguido del sector de aseo, desinfección y cosméticos (US$136 millones) y la agroindustria (US$95 millones). Más atrás se ubican los casinos en línea (US$90 millones), las farmacéuticas (US$85 millones), la pesca (US$50 millones) y el sector automotriz (US$33 millones). Con menor impacto figuran las telecomunicaciones (US$15 millones), los salmones (US$14 millones) y el sector forestal (US$5 millones).

La presidenta de la CPC señaló que estas actividades“dejaron de ser un problema sectorial. Hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile, porque afectan simultáneamente la seguridad, la inversión, el empleo, la recaudación fiscal y la confianza en nuestras instituciones. Enfrentarlas ya no es solo una tarea de seguridad pública; es una condición indispensable para que el país vuelva a crecer”.

El biministro de Economía, Daniel Mas, invitado a exponer en el lanzamiento del estudio, declaró que el informe “demuestra cómo estas redes mafiosas asfixian a nuestros pequeños y medianos emprendedores que pagan sus impuestos, sus patentes y las cotizaciones de sus trabajadores. La ilegalidad castiga el esfuerzo honesto, deteriora el ambiente de negocios y ahuyenta las inversiones necesarias para superar los 12 años de estancamiento económico que arrastra el país”.

Para dimensionar la escala del fenómeno, el informe recuerda que, a nivel global, las proyecciones indican que los ingresos de estos delitos superan los US$980 billones, cifra que equivale al PIB de Suiza y triplica el de Chile. Los datos de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea citados en el estudio indican que el comercio de productos falsificados representa cerca del 3,3% del comercio mundial.

Informalidad, competencia desleal y aumento de costos

A la pérdida de recaudación fiscal se suma un desincentivo a la inversión. El informe advierte que estos ilícitos provocan el retiro de empresas formales, como las seis compañías de la industria cosmética que han cesado operaciones productivas en los últimos cuatro años, con una pérdida aproximada de 800 empleos directos.

La lista de impactos negativos continúa con el fomento de la informalidad. Actualmente, un 27% de la fuerza laboral en Chile trabaja de manera informal. Sobre este punto, Jiménez aclaró que “obviamente no podemos decir que todas estas personas están en economías ilícitas, pero sí hay una correlación evidente”.

La competencia desleal es otra de las consecuencias que enfrentan las empresas, ya que las compañías del mercado lícito no pueden competir con los costos de operación de su contraparte ilícita. A ello se agrega la inversión significativa que las empresas destinan a la prevención y defensa frente a estas actividades.

El informe detalla que las principales razones que permiten el crecimiento de estas actividades son los vacíos y asimetrías regulatorias, la baja capacidad de fiscalización estatal, la falta de coordinación institucional y de inteligencia, las limitaciones en la trazabilidad y control de la cadena de valor, y la insuficiencia del marco sancionatorio.

Por ello, junto con las estimaciones, la CPC entregó 45 propuestas de carácter sectorial y 5 de nivel transversal para enfrentar este flagelo. Entre las medidas a desarrollar se plantea una política nacional contra las economías ilícitas; crear una unidad especializada para sistematizar la información pública y privada; fortalecer la trazabilidad de los flujos financieros para seguir la ruta del dinero; impulsar campañas educativas para cambiar la cultura de consumo de productos provenientes de mercados ilícitos; e implementar un sistema integrado de denuncias.

El presidente ejecutivo de la Asociación del Retail Financiero, Claudio Ortiz, sostuvo que “el informe de la CPC, al cual nuestro gremio contribuyó de forma importante, es el primer esfuerzo por cuantificar y generar información seria para abordar los mercados ilícitos que hoy afectan a más de 30 sectores de la economía. Un tema que no solo es de gran importancia, sino que es urgente de resolver; cuando tenemos un crédito informal que mueve 4 mil millones de dólares al año y afecta a más de 600 mil personas, lo cual genera importantes costos para el sistema financiero, al Estado y la economía formal”.

La presentación del estudio convocó a figuras de los ámbitos público, privado y académico. El encuentro con con la presencia del presidente de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), José Manuel Mena; de la vicepresidenta de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) y presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos (ACCJ), Cecilia Valdés; y de la coordinadora ejecutiva de la investigación, Pilar Lizana.