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Poder

13 de Marzo de 2015

Marisa Navarrete, la abogada que destapó el fraude al FUT, esboza que el SII pudiera estar frenando la arista SQM

"Lo que yo simplemente señalo es que el organismo público debe fundamentar sus decisiones y eso a mí parecer no lo está haciendo, al señalar que todavía no pueden (presentar la querella) porque están haciendo una recopilación de antecedentes. Aquí hay antecedentes suficientes para al menos interponer una denuncia. Lo que está haciendo el Servicio es incomprensible", dice Marisa Navarrete.

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Marisa-Navarrete_FOTO_ALEJANDRO-OLIVARES

En una suerte de tira y afloja se está convertido la arista SQM del caso Penta pues mientras la Fiscalía intenta apurar el tranco para poder rastrear no sólo la lista de 19 contribuyentes que emitieron boletas en julio de 2009, donde aparecieron la secretaria de Joaquín Lavín, una ex asesora de Fulvio Rossi y el hijo del diputado Roberto León entre otros, la empresa intentó frenar la incautación de documentos y el SII aseguró que no tiene antecedentes suficientes para querellarse, lo que permitiría que los fiscales puedan hincar el diente en la empresa de Julio Ponce, donde podría destaparse una trama similar a la del holding de los Carlos para financiar campañas políticas.

Ayer mismo el director del SII, Michel Jorratt, ex asesor de Bachelet, aseguró que ellos no reciben presiones del ejecutivo y que están analizando antecedentes para eventualmente presentar una denuncia.

Una opinión diametralmente opuesta a la del jefe máximo del ente fiscalizador recoge un artículo de El Dínamo de parte de alguien que no es ajeno al asunto y que de hecho conoce las entrañas del SII, la abogada Marisa Navarrete, la mujer que destapó el fraude al FUT, caso que permitió llegar hasta Penta y sus aristas.

“Eso es absolutamente irregular porque ellos mismos son los que primero señalan algunos años y luego las acotan. Alguna justificación tendrán que tener para hacer aquello, pero evidentemente no puede ser la falta de antecedentes porque lo presentaron al inicio. Desde mi punto de vista no corresponde hacerlo. Ahora, por qué decidió eso es entrar a especular en los factores que podrían haber influido. Lo que yo simplemente señalo es que el organismo público debe fundamentar sus decisiones y eso a mí parecer no lo está haciendo, al señalar que todavía no pueden (presentar la querella) porque están haciendo una recopilación de antecedentes. Aquí hay antecedentes suficientes para al menos interponer una denuncia. Lo que está haciendo el Servicio es incomprensible. En el caso de La Polar, por ejemplo, nosotros presentamos una querella criminal sin que existiera un informe de recopilación de antecedentes. Esa es la fundamentación de por qué creo que esa respuesta del SII no es válida. En los casos en que yo estuve así se hizo”, aseguró en entrevista con el Dínamo.

Sobre esos argumentos, se le pregunta si es que el SII podría entonces ser el muro que impida a la fiscalía meterse más adentro de esta arista del caso.

“Es evidente con lo que hemos visto en la prensa. A ello se suma lo de ayer, cuando se supo de esta cautela de garantía que presentó la defensa, basándose precisamente en que la fiscalía no tiene atribuciones para poder incautar porque no se ha presentado ninguna acción de parte de Impuestos Internos. Eso hace que se limiten las posibilidades del Ministerio Público y haga peligrar una investigación de esta naturaleza”.

Respecto de la presiones que Jorratt descartó ayer de plano, cuenta su experiencia personal durante los años en que estuvo en el servicio.

“El cargo que yo tenía era de jefa de la oficina de litigación penal y yo entré por concurso público, no era un cargo político, ni siquiera de Alta Dirección Pública. Por lo tanto, si existiera algún tipo de presión no me llegaban a mí. Las personas que estaban ahí, ya sea por confianza o Alta Dirección Pública, quienes habían sido nombrados por el gobierno de turno, evidentemente ellos tendrán que dar esa respuesta. Yo personalmente no recibí ningún tipo de presión, pero sí de forma indirecta uno podía apreciar ciertas situaciones que no se condecían con la actuación regular de un funcionario público. Por ejemplo, en el caso que me pasó a mí, que por tratar de denunciar un delito hubo todo un proceso que tuve que vivir y que terminó en una forma indirecta de echarme. O sea, no hay una verbalización de una presión, pero uno puede sacar sus propias conclusiones a través de consecuencias que viven algunos funcionarios que hacen su trabajo y que posteriormente es removido y no dan explicaciones”.

“Ese tipo de cosas son parte del secretísimo que hay en ciertas organizaciones y cuando habían situaciones que a uno le podían parecer sospechosas, se decidía de arriba que no se hicieran no más”, contó.

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