Preocupación en la Fiscalía por “estrategia” de SQM para entorpecer diligencias

Preocupados están los fiscales que llevan la arista SQM del caso Penta por el actuar de poca “voluntariedad” de la minera al no entregar la información contable correspondiente al período tributario 2009-2014, lo que según los persecutores se comprometieron a hacer luego de que a comienzos de semana llegaran hasta sus oficinas en Las Condes para pedir los documentos.

Sin embargo, desde entonces las acciones de la minera apuntan hacia el sentido contrario, aunque públicamente se han mostrado disponibles a colaborar. De hecho, se desligaron del frustrado requerimiento que Patrico Contesse, gerente parte del directorio, solicitó para frenar la entrega de información, asegurando que actuó a título personal.

A ello luego se sumó una reunión de ayer del directorio, en la que recién “analizaría la procedencia legal de tal solicitud”. Según trascendió, en la cita se formaron dos grupos, uno que busca realizar un informe independiente respecto de los documentos solicitados y otro que propuso entregar todo de forma voluntaria.

Luego el directorio informó que, insistiendo que está presente su “disposición para colaborar con las diligencias que está llevando a cabo el Ministerio Público”, indicó que recién el próximo lunes darán la decisión final sobre la entrega de la documentación.

Todo lo anterior es visto con desconfianza desde el Ministerio Público, donde estiman se trata de una “estrategia” de la minera para entorpecer y dilatar las eventuales diligencias, según consigna La Tercera. Esto cobra mayor relevancia por los plazos de prescripción que establece la legislación del Código Tributario, lo que preocupa a la Fiscalía: en abril los delitos correspondientes al año tributario 2009 prescriben.

“El plazo (…) será de seis años (2009-2015) para la revisión de impuestos sujetos a declaración, cuando ésta no se hubiere presentado o la presentada fuere maliciosamente falsa”, señala el artículo 200 del Código Tributario, que marca abril como el mes último para presentar las declaraciones de impuestos del año comercial anterior.

La solución que baraja la Fiscalía es simplemente incautar la documentación desde las oficinas contables de SQM, para lo que aun no cuenta con la orden judicial necesaria.