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Opinión

15 de Marzo de 2015

Consejo Asesor ¿Misión Imposible?

La reparación de esta situación no pasa exclusivamente por lo que un Consejo Asesor de Notables pueda proponer como cambios legislativos, por muy potente que sea el perfil de sus integrantes. Tampoco bastan para ello, ciertas actitudes demagógicas que apelen banalmente a lo emotivo. Menos aún la reparación pasa por un “acuerdo nacional” que en "la cocina” y "entre gallos y medianoche", haga la vista gorda y apueste por un borrón y cuenta nueva por “razones de Estado”.

Tito Flores
Tito Flores
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Consejo Asesor

Así como en el 2006, cuando la fuerza de los hechos le obligaron a improvisar un Consejo Asesor Presidencial para enfrentar el “movimiento pingüino”, ahora en el 2015, la Presidenta Bachelet se ha visto obligada a convocar de emergencia a una instancia similar, esta vez para hacer frente a una aguda crisis de credibilidad ciudadana hacia el sistema político en general y hacia su gobierno en particular.

Es tan complejo el asunto, que el “Consejo Asesor Presidencial contra los conflictos de interés, tráfico de influencias y corrupción” tiene una doble misión, una declarada y otra implícita.

La primera, proponer dentro de un plazo acotado, una serie de medidas que regulen y transparenten de mejor manera, la relación entre la política, el ejercicio de cargos públicos o representativos y la acción empresarial. Tal misión, por su carácter “técnico” y en virtud de la reputación, experiencia y trayectoria de sus miembros, probablemente sea la más fácil de cumplir.

Por el contrario, la que reviste un carácter de “misión imposible”, es el desafío implícito que tiene por delante el Consejo Asesor, que es, ni más ni menos, el restituir la legitimidad del gobierno, de la oposición y de la actividad política en su conjunto, ante los ojos de la opinión pública.

Y es que los hechos que llevaron a constituir esta instancia son particularmente graves. La ciudadanía supo del vínculo impropio y casi indecente entre algunos políticos y ciertas poderosas empresas, que ha llegado incluso a rozar la mendicidad por parte de candidatos que hoy son flamantes representantes de la ciudadanía en el Congreso. El caso Penta y sus derivados directos e indirectos, han generado una sensación de rabia e impotencia entre la población de tal magnitud, que la supuesta transparencia, probidad y meritocracia chilenas, se transformaron de un plumazo para la ciudadanía, en un “cuento chino”, en un embuste, en una mentira disfrazada ingeniosamente, por parte de las élites política y económica, a lo largo de estos últimos veinticinco años.

Porque cuando hablamos del caso Penta, y de su derivado, el caso Soquimich, hablamos de la captura del Estado por parte del poder económico. Diputados y senadores que supuestamente deberían representar la voluntad soberana de los ciudadanos, cooptados por empresas que financian sus campañas, las que muy probablemente están lejos de actuar con un afán cívico o altruista.

Y aunque se trate de una dimensión muy distinta, el escandaloso negocio en el que participaron el hijo y la nuera de la Presidenta, para la compra de unos terrenos que potencialmente aumentarían de precio, viene a alimentar aún más la idea de que en Chile prima más la oligarquía que la democracia, más los privilegios que los méritos y, lamentablemente, que el Ejecutivo también es demasiado vulnerable a los tráficos de influencias y al uso de información privilegiada.

Montesquieu señalaba que la esencia de una República era la virtud política, que no es otra cosa que “el amor a la igualdad” y una cierta disposición permanente de querer cumplir una determinada clase de actos morales, más vinculados a la búsqueda del interés general, por sobre los intereses particulares. Penta, Soquimich, Caval-Machalí, y probablemente otros casos que iremos conociendo en el corto plazo, nos hablan precisamente de lo contrario: de la pillería, del aprovechamiento ilegítimo, cuando no de la ilegalidad franca.

En Chile, la oscura relación entre política y negocios, de la cual Penta es uno de sus casos más emblemáticos pero no el único, ha implicado una degradación importante del sistema político chileno. Se ha perdido, confianza, credibilidad, y lo que es peor, ha producido un deterioro importante de la Fe pública en nuestras Instituciones.

La reparación de esta situación no pasa exclusivamente por lo que un Consejo Asesor de Notables pueda proponer como cambios legislativos, por muy potente que sea el perfil de sus integrantes. Tampoco bastan para ello, ciertas actitudes demagógicas que apelen banalmente a lo emotivo. Menos aún la reparación pasa por un “acuerdo nacional” que en “la cocina” y “entre gallos y medianoche”, haga la vista gorda y apueste por un borrón y cuenta nueva por “razones de Estado”.

Por el contrario, la reparación del daño provocado a nuestro sistema político, está en la capacidad de la Justicia de castigar a quienes tengan responsabilidad en estos hechos, independientemente de su estatus o riqueza, y evitando que el hilo se corte por lo más delgado. La reparación pasa también por establecer un sistema de financiamiento público a la política, que termine con los aportes reservados para campañas electorales y que le dé a cualquier ciudadano o ciudadana la misma posibilidad de ser electo como representante popular. Esto último cobra aún más importancia con la instalación del sistema electoral proporcional que reemplazará al binominal, y que aumenta las posibilidades de representación de las minorías. Finalmente, la reparación pasa por fortalecer de manera sustantiva la regulación al lobby y a la gestión de intereses, cuya legislación actual en Chile a todas luces, es claramente insuficiente.

En otras palabras, la reparación del daño a la legitimidad del gobierno y la actividad política en general, va mucho más allá de la política en sí misma. Ella pasa principalmente por profundizar los mecanismos que aseguren una verdadera igualdad para todos los chilenos y chilenas, poniendo fin a privilegios de cuna o de linaje, y dándole la certeza a las millones de familias del país, de que con talento, dedicación y conducta virtuosa, sus hijos e hijas pueden lograr de verdad lo que se propongan.

(*)Doctor en Gobierno y Administración Pública. Académico universitario. En Twitter: @rincondeflores.

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