Profesionales de la Salud firman carta en apoyo al proyecto de aborto: “Es hora de que el Estado se haga cargo de un problema real”

Los más de 200 firmantes de la misiva que respalda los tres casos propuestos por el gobierno apuntan a que el número de embarazos interrumpidos anualmente “oscilaría entre 13 mil y 100 mil”, de los que hasta la mitad serían inducidos. “Los sectores que quieren imponer que no exista una legislación para la interrupción del embarazo en casos particulares atentan en contra de la libertad de quienes no piensan como ellos”, agregan.

Incendio en Valparaiso

Más de 200 profesionales de la salud firmaron una carta en la que solicitan aprobar la ley para despenalizar el aborto en las tres causales propuestas por el Ejecutivo, -riesgo vital de la madre, malformación congénita del feto que sea incompatible con la vida de éste y violación-, en una iniciativa impulsada por el Colectivo Norte 80.

“En Chile, el aborto terapéutico se aprobó legalmente el año 1931. La ley de aborto terapéutico fue derogada el año 1989 durante la dictadura cívico­militar, sin la participación de un parlamento elegido democráticamente y sin una sana y legítima discusión por parte de la sociedad, como la que se está dando hoy para despenalizar nuevamente el aborto en casos específicos”, destacan en la misiva.

“Durante los 58 años en que estuvo vigente, esta ley fue parte del sistema de salud público chileno y se aplicó usando la reglamentación pertinente, con criterios sanitarios, sin mayores cuestionamientos por parte de la sociedad en general”, añaden.

En esa linea, los profesionales dan cuenta de que según “diversas fuentes que aplican diferentes metodologías, el número de embarazos interrumpidos anualmente oscilaría entre 13.000 y 100.000. Entre un 50 % y 70% serían abortos espontáneos, de manera que entre un 30% y 50% serían inducidos”.

Lo anterior, aseguran, revela que el aborto “es un tema de salud pública y debe ser enfrentado como tal”, dado que “el conflicto ético­moral que puede ocasionar la decisión de interrumpir el embarazo en circunstancias determinadas existe también en otras actividades de la salud, como por ejemplo, la transfusión sanguínea en testigos de Jehová”.

“Ante esta situación, cualquier persona puede apelar a la objeción de conciencia y el principio de autonomía para no recibir un tratamiento que vulnera sus principios y creencias”, agregan los firmantes, asegurando que “es hora de que el Estado se haga cargo de un problema de salud real”.

“Los sectores que quieren imponer que no exista una legislación para la interrupción del embarazo en casos particulares atentan en contra de la libertad de quienes no piensan como ellos. En ese mismo sentido, ninguna iglesia, ideología o credo puede imponer sus criterios más allá de su esfera de influencia y menos intervenir para que el estado legisle en favor de sus creencias, comprometiendo con ellas a toda la población”, sentencian.

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