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Nacional

19 de Marzo de 2015

El extraño caso Arcis: Alumnos fueron sometidos a un anómalo proceso de Tribunal Universitario

Se trata de dos estudiantes que se encuentran esperando una resolución del organismo universitario para poder matricularse, ya que tienen prohibición de hacerlo hasta que haya una sentencia. El problema es que de no inscribirse antes del 31 de marzo, perderán el Crédito con Aval del Estado con que estudian. Además, una de ellas acusa que ni siquiera ha sido notificada ni sabe cuáles son los cargos por los que se le investiga.

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arcis A1

El 13 de octubre de 2014 el funcionario Miguel Gajardo presentó una denuncia al fiscal de la Universidad Arcis contra el estudiante Manuel Erazo. En ella señalaba que el estudiante de Sociología lo había seguido al estacionamiento para amenazarlo. En su declaración Gajardo dice que Erazo lo acusó de haber ahorcado a su polola el día que los estudiantes ingresaron a Rectoría para manifestarse contra la rectora Elisa Neumann.

La segunda denuncia contra Erazo llega el 4 de noviembre de parte de Eduardo Novas por tomarse la escalera “que da hacía la vicerrectoría de Aseguramiento de calidad, impidiendo de esta forma el acceso a la misma”. Según señala un documento del Tribunal Universitario, se da inicio a la causa el 18 de noviembre “citando a los denunciantes” para ratificar sus versiones y explicarles el funcionamiento del Tribunal. Manuel Erazo, por su parte, dice que sólo en enero se enteró fue citado, que se le ha negado información y que el proceso se está dilatando con intenciones claras: Fiscalía prohibió que se matriculara hasta que hubiese sentencia del Tribunal, y si no lo hace antes del 31 de este mes, perderá el Crédito con Aval del Estado con que estudia.

La situación comenzó cuando un numeroso grupo de estudiantes entró a la rectoría de la Universidad. Tamara Montecinos grababa para dejar registro de la acción. En el video se ve a un hombre, a quien ella identifica como Miguel Gajardo, que reacciona violentamente hacia ella, aunque no se logra percibir con claridad qué sucede. Según Montecinos, el hombre la atacó: “Yo estaba grabando y me ahorcó este Miguel. Me hizo como un tipo de llave”. Esta sería la situación a la que se referiría Erazo cuando supuestamente amenaza a Gajardo. Mientras Erazo fue citado el 15 de enero para informarle de los antecedentes, Montecinos se enteró casi de casualidad que ella también estaba en un proceso del Tribunal Universitario.

Cuando fue a matricularse, le informaron que la información del sistema decía que debía esperar a la resolución de esta entidad antes de poder inscribirse. El problema es que jamás fue notificada y no sabe cuáles son los cargos en su contra. Dice que luego de enterarse le informaron que el Tribunal se iba a reunir y a tomar una decisión: “Pero todavía no me dicen por qué”, señala.

En el caso de Erazo, se le dijo que se le citaría para presentar su defensa, pero no le dieron fecha en todo este tiempo. Recién ayer recibió una carta emitida el lunes pasado que le daba fecha para el próximo lunes. Si no logran matricularse antes del 31 de marzo, ambos se quedarán sin el CAE.

Erazo y Montecino están en cuarto año de su carrera, y ambos señalan que es la única razón por la que desean matricularse nuevamente. De hecho, este año sólo 18 estudiantes nuevos se inscribieron en el plantel, en comparación con los 847 que lo hicieron el año pasado, representando una caída del 80% en la matrícula. Si el año pasado contaban con 3.357 alumnos en pre y posgrado, este año sólo tienen 701 estudiantes. “Si yo no estuviera en cuarto año, me iría de la Universidad, porque nadie nos asegura que va a seguir ni en qué condiciones”, dice Erazo.

A esto se suman otras situaciones que denuncian los estudiantes. Según Erazo, en su caso los testigos son “alguien a quien este Miguel le cuenta lo que pasó, un testigo de oídas y un testigo protegido”. Además, antes de recibir la carta que lo citaba a presentar su defensa para el próximo lunes 23, llegó el jueves pasado a la Universidad para preguntar qué estaba pasando en su caso. “No se me deja entrar diciendo que estoy en una lista de gente que no se le permite ingresar”. Intentó consultar con la rectora pero le dijeron que estaba en reunión. Erazo señala que logró hablar con el fiscal de la Universidad, Mario Cortez: “Me dice que el día viernes el tribunal se va a juntar y va a sentenciar”. Una vez más, no hubo notificación oficial ni ese día ni los días siguientes, razón por la que Erazo escribió a Carmen Luisa García Castro, secretaria del Tribunal Universitario, quien le dijo no tener idea de tal reunión ,“por lo que tuvo que ser un error del fiscal o usted le entendió mal”.

Tanto Montecinos como Erazo señalan que el proceso ha sido irregular y poco transparente: “Se enmarca dentro de la política de la dirección de la Universidad que está eliminando a todos los que son oposición a sus políticas arbitrarias. Empezaron con los profesores y la diferencia es que con los estudiantes tienen que hacerlo a través de un reglamento”, dice Erazo.

En la Universidad señalaron no conocer a Carmen García, secretaria del Tribunal Universitario, ni tener contacto con ella, ya que esta entidad es “un organismo autónomo”. La abogada, sin embargo, respondió por correo que “el Tribunal no realizará declaraciones a los medios, puesto que se está en proceso de conocimiento de procesos disciplinarios, cumpliendo con el Reglamento Disciplinario de la Universidad. Como son procesos complejos y no se puede afectar el libre y limpio desarrollo de éstos, en los cuales se involucran hechos y personas que merecen total discreción, cualquier tipo de precisión se realizará una vez concluidos los procedimientos reglamentarios”.

También fue posible obtener una respuesta de la rectora Elisa Neumann, quien señaló que había sido fiscalía quien decretó la prohibición de matricularse a los estudiantes: “Esos procesos están en curso, han tomado más tiempo de lo previsto. Tengo que dejar en claro que el Tribunal Universitario no depende de rectoría, depende directamente del Directorio de la Corporación. Es una instancia absolutamente autónoma”, declaró. Un decreto disciplinario de 2010 de la Universidad señala, sin embargo, que el Tribunal se constituye “al menos, por cinco miembros titulares y tres alternos pertenecientes a la comunidad universitaria, todos elegidos por el Directorio de la Corporación, a propuesta del Rector”.

Si bien Neumann se negó a proporcionar algún contacto de Santiago Montenegro, presidente del Tribunal, la rectora agregó que “lo que siempre me ha señalado (Montenegro) que esta demora obedece a que se debe cumplir con lo que ellos denominan como debido proceso”. Neumann agrega que la decisión de fiscalía de impedir la matrícula a los alumnos, incluso antes de que se dicte sentencia estaría asociada “proteger a los estudiantes, de que no fueran a matricularse y después fueran a quedar expulsados”.

Esta redacción intentó en múltiples ocasiones comunicarse con el fiscal Cortez, pero un funcionario que no quiso entregar su nombre o cargo, se negó en todas las oportunidades a hacer llegar la solicitud o entregar información señalando que existían contratos de confidencialidad que podrían perjudicar su trabajo. La rectora, sin embargo, aseguró que “dado que el proceso se demoró más de lo que corresponde, esas personas en este momento están habilitadas par a matricularse y el proceso se tendrá que resolver durante el año”. Si bien Neumann dijo que esta decisión se tomó el día martes, para el cierre de esta edición, ninguno de los dos estudiantes habían sido notificados de la situación, por lo que se enteraron a través de este medio que tenían permitido matricularse. Sólo Tamara y otro alumno involucrado -Francisco Clementi- aparecieron habilitados en el sistema para inscribirse. Manuel, por su parte, sigue con la prohibición y tampoco sabe cuándo estará el fallo del Tribunal: “imagínate que se demoraron dos meses sólo para darme la fecha de mi defensa, no tengo idea cuándo irá a terminar esto”, dice.

 

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