Formalización Caso Penta

Se ha iniciado el juicio penal en contra de diversos ejecutivos de las principales cadenas de farmacias del país por la colusión de precios en la venta de fármacos, pero lo cierto es que más bien parece una obra de teatro que deslinda en el género del absurdo, que intenta aplicar un tipo penal que lleva casi 200 años sin uso. NO PASARÁ NADA.

El Presidente Allende, al final de su interrumpido mandato, consagró la pena de cárcel por colusión. Posteriormente, y aunque le habrían bastado un par de oficios para derogar esa norma, el Gobierno Militar -interesado en instaurar un régimen de libre competencia, donde la colusión es inaceptable- no la eliminó sino que la mantuvo como una espada de Damocles sobre los frágiles empresarios de la renaciente economía de mercado.

El Presidente Lagos -amado por los empresarios- derogó el delito de colusión, y la pena privativa de la libertad aparejada. ¿Comenzó así la mal entendida alianza público-privada, que hoy nos tiene dónde estamos? ¿Fue ese el germen de la excesiva concentración económica que hoy asfixia a los consumidores y de pasada tiene capturado al Estado?

Aclaremos algo: El Presidente Lagos no consideraba la libre competencia como debe ser en un régimen social de libre mercado, y no lo hizo porque coludido con los grandes empresarios, entendieron -hasta nuestros días- que estaban al margen de la comisión y persecución de ese tipo de delitos. Incluso, jamás se permitieron imaginar a alguno de ellos en la cárcel. Qué desubicado, pensar que la elite política y económica pudiera llegar a la cárcel por delitos que sólo ella puede cometer, como la colusión o el cohecho! ¡JAMÁS! La cárcel es para los verdaderos delincuentes, no para ellos.

Cualquier actividad económica, es una manifestación de la libertad y de la igualdad de todos los chilenos consagrada en la Constitución Política. Todos tenemos derecho a soñar con un emprendimiento y alcanzar el mayor bienestar particular posible -lo cual en los negocios lícitos trae aparejado un incremento también del bienestar social-, y para ello se requiere que la cancha se encuentre nivelada y abierta para todos los jugadores por igual.

La Concertación (hoy Nueva Mayoría) aún no entiende el verdadero significado de la libre competencia. El ejemplo más concreto: La presidenta Bachelet meses atrás, en Madrid, anunció y apoyó la compra de CGE por parte de UNIÓN FENOSA y ha entregado todo su respaldo a esta empresa que monopoliza el mercado del gas. Respaldo que se traduce en las gestiones del Ministro de Energía y del Tribunal de la Libre Competencia destinadas a impedir que dicha compra sea revisada a la luz de las normas de Defensa de la Libre Competencia.

Hace unos días Michelle Bachelet anunció el envío de un proyecto para fortalecer la defensa de la competencia. Esta es la instancia para que la clase política y el empresariado enmienden esta mal entendida agenda público – privada desarrollada desde el gobierno de Lagos que olvida el juego limpio y la sana competencia. En pocas palabras, tratar de dejar por fin el refrán del peor hábito de nuestro sistema económico: el fin justifica los medios. Si la alianza público – privada no se hace respetando el derecho a competir estará en peligro la estabilidad social de Chile. Pensemos en los miles de jóvenes emprendedores reunidos en la ASECH, Asociación de Emprendedores de Chile, que esperan su oportunidad de triunfar y aportar al país. Todos merecen una oportunidad.

No hacerlo y proseguir con la colusión política – empresarial sin que primen los principios del libre mercado sería MUY DESUBICADO.

*Estudio Bravo y Asociados
Ex Fiscal de la Fiscalía Nacional Económica (FNE)