Casa Central Universidad de Chile

La reforma de la educación superior impulsada por el gobierno, nace de las sentidas demandas del país materializadas durante las movilizaciones del año 2011, que exigían avanzar hacia una mayor equidad. Hoy existe consenso ciudadano en que se debe terminar, por una parte, con el lucro de las instituciones de educación superior y por otro, que se debe avanzar hacia la gratuidad. La satisfacción de estas demandas, transformadas en compromisos programáticos, obligan en consecuencia a cambiar el actual mercado de la educación reemplazándolo por un Sistema de Educación Superior, que entienda la educación como un derecho social y no como un bien de consumo. De esta forma se garantiza el fin de la competencia exacerbada por recursos, basada más en el marketing que en la calidad, generando una nueva cultura de colaboración y de integración, que en definitiva permita una estrategia de desarrollo basada en el conocimiento.

Una reforma estructural que tenga estos objetivos debe considerar, como una de sus prioridades a corto y mediano plazo, el fortalecimiento progresivo de la educación superior pública y un gradual aumento de su matrícula, toda vez que hoy representa menos del 20% de la matrícula total de estudiantes. En este contexto, resulta ineludible fortalecer una red de universidades estatales con un importante financiamiento fiscal, para que constituya el eje de este nuevo Sistema de Educación Superior.

Dentro del sistema de universidades estatales no se puede desconocer el enorme peso histórico que, en la construcción, desarrollo y consolidación de la Nación, ha tenido la Universidad de Chile, especialmente durante el siglo XX. Tal como lo consigna en una columna de opinión el Ministro de Defensa a raíz de la reciente firma en la Patagonia del acuerdo marco entre la Universidad de Chile y el Ejercito aún hoy “la Universidad de Chile asume como responsabilidad contribuir con el desarrollo del patrimonio cultural, de la identidad nacional y la preparación, en distintas áreas del conocimiento, de generaciones de jóvenes que en el transcurso del tiempo han ocupado posiciones de liderazgo en el quehacer público y privado, materias que ha desarrollado desde 1842 a lo largo de su prestigiosa y dilatada historia”.

En este contexto la Universidad de Chile, a través de su rector Ennio Vivaldi, quien ha aceptado la responsabilidad de presidir el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH), está redoblando esfuerzos con el fin de convertirse en una entidad protagónica en el debate nacional en la defensa de una gratuidad basada en el fortalecimiento de las universidades del Estado a través del financiamiento fiscal y en la construcción de un sistema universitario mixto que abandone la lógica de la competencia por recursos, y la reemplace por la colaboración para el desarrollo sociocultural y económico de Chile.

Este financiamiento de las Universidades del Estado no constituye en ningún caso un trato preferencial, sino que un compromiso del país que viene a reparar una deuda histórica de décadas de políticas restrictivas, especialmente para la Casa de Bello, y que han redundado en un debilitamiento profundo de la calidad de la educación superior en Chile. Sin embargo, un trato preferencial sí puede darse a otras instituciones del sistema, tales como las de derecho privado de tradición y complejidad, que sin duda, por su vocación de servicio público, han contribuido y deben seguir contribuyendo al desarrollo de Chile, particularmente de las regiones, mediante acuerdos de desempeño y bajo condiciones especiales.

Que duda cabe que una preocupación significativa del Estado por sus universidades requiere del reforzamiento de ciertos compromisos públicos por parte de éstas, que en el caso de la Universidad de Chile ya han empezado a materializarse. Junto con fortalecer el liderazgo de la Universidad de Chile en investigación en casi todas las áreas del conocimiento y la cultura, reflejado en número e impacto de publicaciones, cantidad de Centros de Excelencia y estructuras de servicio país, se ha revalorizado la importancia del fomento a la innovación y transferencia tecnológica y se ha retomado una estrecha relación de apoyo técnico-científico con otras instituciones del Estado para el diseño de políticas públicas. Temas como la telemedicina para aumentar la cobertura en salud de regiones remotas, el diseño de una red fotónica nacional, las políticas ante desastres naturales, el estudio del envejecimiento de la población y las energías renovables, están siendo abordados transdisciplinariamente por investigadores de sus diversas facultades y centros de excelencia, aprovechando la complejidad de sus capacidades, las que casi ninguna otra institución puede ofrecer. Al acabarse el sistema de competencia de mercado en la educación, este liderazgo no será obstáculo, sino que servirá para fortalecer, mediante la colaboración, el desarrollo de otras instituciones estatales y no estatales de educación superior.

De esta forma, es de interés estratégico para la Universidad de Chile acompañar los proyectos de nuevas universidades del Estado, en las regiones de Aysén y O´Higgins, toda vez que allí se incuba una nueva mirada del Estado respecto a su relación con la educación superior y con el desarrollo regional. Las motivaciones de la Universidad de Chile son transparentes y solamente se apegan al papel de referente histórico que ha jugado desde la fundación de la República. Es de esperarse que, por un lado las comisiones ciudadanas regionales mandatadas por la Presidenta, evacuen informes que consideren el beneficio que conlleva el apoyo de la Universidad de Chile a la fundación de universidades del Estado autónomas y que, por otro el Senado de la República comprenda la importancia de que las nuevas universidades públicas nazcan con un sello de excelencia y compromiso social.

*Flavio Salazar Onfray es Vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile.