Fiscalía pide revisar “monopolio” del SII en acciones legales para perseguir el delito tributario

Un grupo de parlamentarios del PPD ingresaron a la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja una moción para que el Servicio de Impuestos Internos no tenga el “monopolio” legal de las denuncias y querellas por delito tributario, como es hasta el día de hoy.

La instancia citó al SII y al Ministerio Público para oír sus descargos. Michel Jorrat, el cuestionado director del SII por su relación con Giorgio Martelli, defendió las actuales atribuciones del servicio. En tanto, Mauricio Fernández, director de la unidad especializada en lavado de dinero, delitos económicos, medioambientales y crimen organizado, expuso por parte de la Fiscalía, según detalla La Tercera.

“No es que lo estemos diciendo a propósito de lo que está pasando. Es algo que trabajamos desde el año pasado y en ese contexto trajimos a colación las propuestas que ha hecho el fiscal en materia de mejoramiento de la normativa sancionatoria de la delincuencia de cuello blanco. Ahí estaba explícitamente revisar el monopolio de la acción penal del SII y Aduanas”, dice Fernández.

Básicamente lo que se busca es que es que el SII responda en 30 días si es que seguirá acciones penales ante una entrega de antecedentes de posibles delitos tributarios por parte de la Fiscalía. Si el servicio opta por demandar o querellarse, el ideal del Ministerio Público sería que se fije un plazo de 60 días para concretar dicha acción. Pero si hubiere silencio por parte del SII, proponen tener la posibilidad de tomar la iniciativa.

Hoy por hoy, el SII es el único que puede presentar denuncias o querellas por delitos tributarios, y sin ellas, la Fiscalía no puede proceder en su investigación, mucho menos en su judicialización.

“Si el SII no comunica al Ministerio Público si ejercerá o no acciones penales o, en el caso que habiendo comunicado que las ejercerá no las ejerza en el plazo establecido, la propuesta considera que el Ministerio Público podrá solicitar al juez de garantía autorización para investigar algunos de los delitos contemplados en el Código Tributario, decisión que será apelable. En ese escenario, el SII no podrá intervenir como querellante o denunciante, sin perjuicio de las actuaciones que pueda realizar el Consejo de Defensa del Estado”, detalla Fernández.

“Es una fórmula de dar salida a situaciones en que se hace necesario ejercer la acción aún en hipótesis de silencio del SII”, añade.

Fernández ejemplifica que “nos pasa mucho en temas de comercio clandestino, que son procedimientos relativamente rápidos, por lo que si el Servicio no ejerció acciones, la investigación se condena por el delito de propiedad intelectual y punto, y no se alcanza a incorporar delito tributario, obteniendo penas menores”.

La relación entre el SII y la Fiscalía se vio mermada en los últimos meses producto de la arista SQM del caso Penta, donde el servicio dilató la entrega de antecedentes dando espacio para diversas especulaciones.