Fiscalía ordena a la PDI obtener contenido de “computadores personales” de abogado de SQM y dos miembros del directorio

El fiscal Carlos Gajardo ordenó a la Brigada de Delitos Económicos (Bridec), acceder al “contenido íntegro” de los computadores “personales” que se encuentren en los domicilios del abogado de Soquimich, Enrique Olivares Carlini, Julio Ponce Lerou, el actual gerente general de la minera, Patricio de Solminihac y del ex ejecutivo Patricio Contesse.

La diligencia fue ordenada por Gajardo el pasado 19 de mayo y busca que los aludidos otorguen en forma voluntaria el acceso a la información de sus ordenadores. Esta fórmula suele se usada por el Ministerio Público, ya que si los requeridos se niegan, se solicitará por la vía judicial. Leído así, es una fórmula de no colaborar con la investigación que a la hora de una formalización puede ser usada para la solicitud de medidas cautelares más gravosas como la prisión preventiva, por ejemplo.

Esta es la primera vez que la fiscalía ordena una pesquisa en los domicilios, luego de las incautaciones a computadoras y documentación desde SQM y SQM Salar. Esta última en la arista que vincula a Giorgio Martelli.

En la “instrucción particular”, la fiscalía busca acceder a archivos de “cualquier especie” y los correos electrónicos “guardados o archivados, para su utilización posterior como eventual medio de prueba”. El cumplimiento de la diligencia debe ser entregada a más tardar este miércoles en “un sobre cerrado” a nombre del fiscal nacional Sabas Chahuán.

Los abogados patrocinantes podrían recomendarle a sus defendidos que se nieguen a la entrega. Al respecto aducirían que dentro de los discos duros hay información no relevante para el caso, como conversaciones personales, intercambio de mensajes o correos electrónicos sobre la estrategia de defensa.

En ese caso, la fiscalía debería recurrir al Octavo Juzgado de Garantía para realizar la diligencia y existe una chance de que sea rechazada la petición.

Hay que recordar que recientemente el Ministerio Público sufrió un revés procesal en el mismo tribunal. El fiscal Pablo Norambuena buscaba levantar el secreto bancario a Sebastián Pizarro Cristi, hijo del senador y presidente de la DC Jorge Pizarro. La negativa incluyó también al ex vicepresidente de RN y actual core en la VIII Región Claudio Eguiluz y al empresario Luis Saldías Varas, formalizado por delito tributario el 30 de abril pasado, quien está con arresto domiciliario nocturno.

Básicamente, el fundamento judicial se basó en que la petición era demasiado amplia, careciendo de “especificidad”.

Consultado el abogado Jorge Boffil, quien patrocina a Ponce Lerou, indicó que había entregado la información de manera voluntaria, en los días posteriores a su declaración del 23 de marzo, colaborando así a las necesidades de la fiscalía.

Sin memoria

En otra diligencia realizada por la fiscalía, fue citado el ex DC y actual militante del PRI, Jorge Brito Castro, quien ejerce como CORE en la VIII Región. Este último, aparece emitiendo boletas en 2010 a SQM por más de 16 millones. Postuló a diputado en las elecciones de 2009, pero perdió.
Luego que le fueran hecho presente sus derechos, optó por guardar silencio.

Gajardo, además, ordenó a la PDI que obtenga información respecto de quién realizó depósitos en la cuenta de Julieta Cruz Figueroa, militante DC y el intendenta de Atacama en el primero gobierno de Bachelet.

La mujer aparece en el listado de boletas por servicios inexistente por un total de 11 millones. En su oportunidad , declaró a la fiscalía que había realizado trabajos para la minera no metálica, señalando que “hice el servicio desde mi casa, no conozco ninguna de las oficinas de la Sociedad Química y Minera de Chile S.A., tampoco recuerdo quien me contactó”.