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En sus habituales columnas en El Mercurio, donde suele prender el ventilador, el abogado y profesor de la UC, Gonzalo Rojas, salió en esta oportunidad a criticar la idea expuesta por el senador Juan Pablo Letelier, quien en entrevista con ese mismo medio el sábado pasado planteó que la actual crisis de credibilidad y confianza que afecta a la política por los casos de corrupción  “no lo van a resolver los tribunales, lo va a resolver el sistema político”.

A juicio del reconocido pinochetista, en esta sentencia subyace la idea de una ley de punto final. “¿Resolver? ¿Qué significa ese verbo cargado de diversidad de sentidos?”, se pregunta el abogado.

“En este caso -no nos chupemos el dedo- podría significar una ley de punto final. El senador Letelier es la punta de lanza de esa posibilidad, secretamente anhelada por todas las izquierdas, y quizás deseada también por tantos en la derecha, por esos que carecen del talante moral que ha demostrado el senador Orpis”, asegura.

Para Rojas, “cualquier acuerdo político que evitase develar las prácticas de decenas de parlamentarios y de operadores electorales de todos los sectores sería, efectivamente, una ley de punto final. Su lógica es muy conocida: desde este día concreto para atrás no se investiga, se borra la memoria; amnesia, que la llaman”.

En su columna, el abogado que defiende a ultranza ideas conservadoras, rememora la historia y consigna que “en la izquierda ha existido siempre una total repugnancia hacia las leyes de amnistía o de punto final. En toda la historia del siglo XX las han rechazado, siempre que se ha tratado de pacificar un país que ha sufrido por la acción de la violencia que la misma izquierda había provocado. Se niegan a las leyes de punto final porque quieren ganar por secretaría, después de haber sufrido duras derrotas a manos de las Fuerzas Armadas justamente en el campo que las mismas izquierdas habían escogido, el de la violencia social.

Ahora, en Chile, parece que ha llegado el momento de cambiar de estrategia, cuestión que para las izquierdas no presenta ninguna dificultad moral: serán ellas las que pedirán -del modo que lo sugiere el senador Letelier- que el pasado no cuente desde el momento tal o cual”.

Acusa que “se intentará manipular el tiempo histórico una vez más. Tal como sucedió con el informe Rettig -que supuso que la violencia y los atentados a los derechos de las personas surgieron de un big bang llamado 11 de septiembre de 1973-, ahora se nos tratará de convencer de que a partir del día del eventual acuerdo que propicia Letelier el país iniciaría una nueva era, sin que importase nada lo que hubiese pasado para atrás”.

Para defender su tesis, Rojas cita la postura defendida por el gobierno respecto de la precampaña. Asimismo, recuerda lo que respondió el ministro Nicolás Eyzaguirre cuando se le preguntó por el nexo de su jefe de gabinete, Harold Correa, con Giorgio Martelli.

“Ese diseño es el que ha intentado infructuosamente el Gobierno al negar la campaña por Bachelet antes de Bachelet; ese diseño es el que afirma el ministro Eyzaguirre cuando sostiene que no le interesa el pasado de su jefe de gabinete, porque el ministro se relaciona “con los funcionarios a partir de los trabajos que hacen ahora”; a ese diseño pertenece, por cierto, todo el afán de inventar una asamblea constituyente, es decir, una espuria reunión que pretendería comenzar desde cero la historia nacional”.

A continuación, Rojas se pregunta ” ¿Cómo podría evitarse que una idea tan dañina como la que ha sugerido el senador Letelier pudiera tomar cuerpo?

“Muy sencillo. Mediante una declaración firmada y jurada por todos los políticos chilenos que ocupan hoy cargos de responsabilidad en los poderes Ejecutivo, Legislativo y en los partidos, en la que afirmen que por motivo alguno llegarán a acuerdos que impliquen un borrón y cuenta nueva”.