Arenas Rincón A1

Casi al final de su discurso de despedida del pasado domingo, el ahora exministro de la Secretaría General de la Presidencia Jorge Insunza, lanzó una bomba de tiempo: “Sé perfectamente que me atacan por mi dura objeción a esa petición de un proyecto de ley que derive en una especie de impunidad, amnistía impropia. Jamás contarían conmigo para tamaña desfachatez”, dijo al momento de comunicar su renuncia desde el patio de La Moneda.

La revelación del también exdiputado Insunza -que dimitió con la Presidenta Bachelet en plena gira presidencial tras las revelaciones de informes de asesorías a Codelco y Antofagasta Minerals mientras era presidente de la Comisión de Minería- abrió la polémica sobre un tema que se creía zanjado en el oficialismo.

El documento, al que tuvo acceso The Clinic Online, circuló por el Congreso y por las oficinas del Ministerio de Hacienda, comandado en ese tiempo por Alberto Arenas. Según pudo indagar este medio, fueron varios a quienes se le pidió la opinión: abogados penalistas vinculados con el caso y que hoy defienden a imputados por SQM; ministros del comité político de ese entonces e incluso al exdirector del Servicio de Impuestos Internos, Michel Jorratt. Los insumos recogidos, se creía en ese momento, podían dar paso a un proyecto de ley o una indicación que sería clave para el futuro del caso del financiamiento irregular de la política. Luego de la denuncia de Insunza, varios niegan haber sabido de su existencia.

La minuta de la “amnistía impropia”

El contenido de la minuta se comenzó a discutir a fines de marzo y se compartió con algunos integrantes del Congreso. Para explicar la manera en que se podría llegar a un acuerdo en este caso, uno de los juristas consultados habló del término Blanket Amnesty, figura estadounidense que se ha aplicado normalmente a crímenes relacionados a guerras, ya que una vez que se acaba la guerra ya no se puede cometer el crimen. Por ejemplo, la que aplicó Jimmy Carter al amnistiar a quienes evadieron el reclutamiento durante la guerra de Vietnam.

El documento se habría elaborado en el Ministerio de Hacienda y se comenzó a trabajar una vez que el directorio anterior de SQM, liderado por el exgerente Patricio Contesse, hizo llegar un mensaje al Gobierno de que no podrían tapar toda la información que comenzaba a circular en los medios.

La minuta señala de manera textual, en primer término, la posibilidad de “crear el delito de falsificación y aprovechamiento de instrumentos ideológicamente falsos; aquellos instrumentos que corresponden a servicios no prestados por quien lo emite a quien paga el servicio aunque haya sido emitida en forma correcta y pagada”.

Además asegura que el “Ministerio Público, contradiciendo la opinión tanto de la doctrina como de la jurisprudencia y particularmente la historia de la ley, ha señalado que sería punible la falsedad ‘ideológica’ de instrumentos privados, con lo cual ha hecho una aplicación demasiado extensiva del artículo 97 nº4 del Código Tributario”.

Según el texto, la norma fue introducida el año 2001 por medio de la Ley nº 19.738, debido al fraude con facturas vendidas para que las empresas las incluyan en sus contabilidad, abulten sus créditos y paguen menos IVA. El director del SII de entonces, Javier Etcheberry, señaló en esa época que la legislación buscaba sancionar a verdaderos “mercados” o “mafias” de facturas falsas, para detener la evasión tributaria.

De esa forma, el Ministerio Público ahora tendría una investigación que “no tiene posibilidad alguna de conducir a una condena”. “Lo que existen son boletas de personas y empresas que declaran no haber prestado servicios a los receptores y/o pagadores de las mismas, pero ninguna de estas personas forma parte de un mercado de facturas falsas ni integran organizaciones dedicadas a traficar con facturas falsas, ni por cierto integrar mafia alguna”, dice el documento.

Y agrega que “el emisor, si bien pudo ‘no decir la verdad’ en un documento privado, su conducta de ‘falsedad’ no escapa a la regla general de los instrumentos privados y por lo mismo no posee un desvalor especial que lo haga acreedor a una sanción penal. El emisor de la boleta o factura, que paga debidamente sus tributos por concepto del ingreso declarado, no puede ser considerado autor de una conducta delictiva”.

De esa forma, el texto señala que es “del todo necesario proceder a aclarar y precisar el alcance del artículo 97 nº4, ya que una persecución penal construida con base en su redacción actual, infringe el principio de legalidad consagrado constitucionalmente, inventando delitos a partir de actos de interpretación completamente apartados de la intención del legislador. La modificación debiese incorporar un nuevo inciso a este artículo, clarificando que se entenderá por documentos tributarios falsos, aquellos que den cuenta de una falsedad material, o bien de una falsedad ideológica consistente que el emisor de la boleta no preste el servicio del que la boleta da cuenta. Solo entonces dicha conducta podrá ser penalmente punible.”

Finalmente, la minuta señala que eventualmente puede ser preciso modificar igualmente el artículo 52º de la Ley de IVA y el artículo 2º letra m) del Reglamento de la Ley de IVA. Además, el texto contiene como segunda alternativa el “prohibir y sancionar las donaciones de empresas a los partidos políticos y las campañas electorales”, lo que según el documento “se logra a través de una indicación al Proyecto de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia, en actual discusión en la Cámara de Diputados. Esta norma debiera impedir y sancionar penalmente a aquellas Personas Jurídicas que defrauden las normas de financiamiento de la política. Toda vez que el mensaje presidencial en estas materias prohíbe expresamente el aporte de las personas jurídicas a los partidos y las campañas”.

Sin embargo, abogados tributarios consultados por The Clinic Online señalaron que el contenido del documento va directamente en contra de las facultades del Servicio de Impuestos Internos, que es la única institución facultada para interpretar el Código Tributario. El artículo 6, letra A, inciso 1º del Código Tributario así lo establece, y no el Ministerio Público, como se señala en la minuta.

De hecho, el SII lo viene aplicando hace más de 30 años. La circular nº25 del 10 de mayo de 1982, firmada por Felipe Lamarca Claro, se refiere a la “improcedencia del uso del crédito fiscal del Iva recargado o retenido en facturas no fidedignas, falsas, extendidas sin los requisitos legales o reglamentarios o por personas que no sean contribuyentes del tributo” y detalla específicamente lo que se considera como factura falsa.

“Se entiende por falsa una factura que falte a la verdad o realidad de los datos contenidos en ella. Dicha falsedad puede ser material, esto es, que altere el sentido del documento mismo en su materialidad; o ideológica, es decir, que deje constancia de cosas falsas o mentirosas, siendo las formas usadas aparentemente reales o auténticas. Como ejemplos de falsedad pueden señalarse: indicar un nombre, domicilio, RUT o actividad económica inexistente; falsear los montos de ellas, falsear los timbres del Servicio o Tesorerías, etc.”

Por último, la circular señala que “es indiferente que la irregularidad detectada la cometa el contribuyente que ha utilizado el crédito o el que ha emitido la factura”.

De esta forma, si se llevara adelante una modificación de este tipo, expertos tributarios consultados por este medio señalan que esto daría a pie a cuestionar todo el historial de persecución llevado adelante por el Servicio de Impuestos Internos, incluso desde antes de 2001.

Es decir, que todo lo que el SII interpretó como punible sobre boletas o facturas falsas antes de una supuesta promulgación de un delito en esa dirección, no aplican. Y así se daría pie a la “amnistía impropia” a la que aludió el renunciado ministro Insunza.

Cómo cayó el acuerdo

Fuentes consultadas por este medio señalan que los alcances de las propuestas que contenía este documento fueron compartidas por todo el espectro político, desde el PC hasta la UDI, incluso antes de la filtración de la lista de contribuyentes que incluía la denuncia del SII contra SQM, realizada tras la entrega de información contable que presentó la minera ante el Servicio.

La lista generó un remezón porque confirmaba la inclusión de casi todos los sectores políticos. Incluso, ese mismo jueves 2 de abril, los exministros de Interior y Hacienda, Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas, respectivamente, se reunieron de emergencia con la Presidenta Bachelet para analizar los alcances de esa querella.

En esa reunión, como señaló el cuerpo de Reportajes de La Tercera del 5 de abril pasado, fuentes que participaban en las conversaciones coincidieron que Arenas y su equipo trabajaban en un texto de base a un proyecto ley como alternativa de solución y que eventualmente podría ser ingresado en la discusión del proyecto sobre financiamiento público de los partidos. Tal como lo señala el último párrafo de la minuta.

La semana siguiente, el 9 de abril, en el Congreso, todos los partidos -con la excepción del MAS, la IC y Amplitud- suscribieron un acuerdo sobre Probidad y Transparencia, donde entre otras cosas, hicieron un mea culpa por lo obrado y se comprometieron a acatar las indicaciones de la comisión Engel.

El diputado Sergio Aguiló, entonces presidente de la Izquierda Ciudadana, explica que no firmó el documento porque “me pareció preparatorio para llegar a un acuerdo de este tipo, de hacer algún tipo de interpretación jurídica favorable para quienes usaron boletas ideológicamente falsas”.

Luego vinieron las declaraciones de Jorratt cuando aún era director del SII al diario El Mercurio, donde señaló que “en la mayoría de los casos no debería haber querella”, y su posterior confirmación en el cargo por parte de la Presidenta, el 14 de abril. Eran momentos en que el camino hacia un Acuerdo Político Amplio se creía pavimentado.

Pero apenas un día después de la confirmación de Jorratt en el SII, todo se vino abajo. Según las fuentes consultadas por este medio, la divulgación de cuatro boletas de Rodrigo Peñailillo por 16 millones de pesos a la empresa Asesorías y Negocios SpA, propiedad del autodenominado operador político PPD Giorgio Martelli, derribó todo el plan.

Con la revelación, la crisis llegó directo La Moneda y el acuerdo se fue a pique. La inclusión de uno de los más estrechos colaboradores de la Mandataria, quien no dio respuestas satisfactorias sobre los informes entregados a AyN durante 2012, ataron de manos a Peñailillo para sacar adelante la agenda.

El exministro, a la larga, quedó inhabilitado para encabezar ese proceso, que fue asumido públicamente por la propia Jefa de Estado.

El NO de Jorratt

Fuentes que participaron en estas conversaciones señalaron a este medio que en la víspera del discurso presidencial del informe de la Comisión Engel, el lunes 27 de abril, el documento fue conocido por el exdirector del SII luego que un asesor de Hacienda se lo exhibiera. Después recibió un llamado de la ministra Rincón.

Al llegar a su oficina, la extitular de la Segpres le mostró en la pantalla de su computador, la indicación que sugería incorporar en el artículo 97 nº4 del Código Tributario el nuevo texto para que esa conducta fuera penalmente punible.

Luego de revisarlo, Jorratt entregó su opinión. El entonces director del SII se opuso señalando que dicha propuesta podía dejar en entredicho todo lo que había hecho el organismo antes. Y le señaló que si se pretendían duras sanciones por boletas ideológicamente falsas y facturas, entendiéndose que sería delito ahora y no antes, provocaría problemas jurídicos, pues el SII en su historia había presentado cientos de querellas por esas razones.

El tema tocaba de cerca a a Rincón. Su actual pareja, Jorge Rosenblut, es sindicado como uno de los recaudadores de la campaña presidencial de Michelle Bachelet, junto a Giorgio Martelli, y podría ser citado a declarar en las próximas semanas por el Ministerio Público. De hecho, según fuentes ligadas al caso ya tendría abogado para su defensa.

Un exministro del Comité Político confirma que el famoso proyecto generó conflictos en una de las reuniones con los jefes de partidos en La Moneda, que la sitúan con posterioridad al discurso de Bachelet donde anunció los resultados de la Comisión Engel. ¿La razón? la línea que le dedicó la Presidenta a este asunto.

“Superaremos los vacíos de la ley actual para asegurar sanciones efectivas a la facilitación y aprovechamiento de facturas y boletas ideológicamente falsas”, fue la frase textual del discurso vía cadena nacional del 28 de abril pasado, que fue interpretada en algunos sectores como una señal en la dirección de impulsar ese proyecto.

Fuentes de Gobierno señalan que la Presidenta no conocía el contenido de dicha minuta, pero le plantearon la idea en general antes de dar este discurso. Cuando algunos asesores le explicaron el detalle, ella lo descartó de plano. Posterior a eso, el mismo documento se discutió en el siguiente Comité Político.

En esa instancia, fue el diputado Osvaldo Andrade -en ese minuto presidente del Partido Socialista- quien dijo que el PS no estaba para apoyar un proyecto de esa naturaleza porque se entendería como una “amnistía impropia”.

En la cita, hubo una discusión jurídica al respecto y el Gobierno recalcó a través de Rodrigo Peñailillo y Álvaro Elizalde que no era eso lo que se perseguía y que el proyecto “buscaba que fuera más drástico ahora, pero no más benevolente”. Así se crearía un tipo de delito más específico pero con continuidad con lo ya existente, lo que en la práctica no significaba un perdonazo.

Sin embargo, la opción no prosperó y nadie volvió a hablar más del tema, hasta la renuncia de Insunza.

Sin opción

Después de la revelación de Insunza durante su discurso de despedida, la senadora Isabel Allende, presidenta del PS, señaló que sí había escuchado rumores al respecto en el Congreso, pero que éstos provenían de sectores de la derecha. “Escuché a parlamentarios de derecha que estaban interesados de que hubiera cierta legislación, pero seamos claros: yo creo que ningún partido de la Nueva Mayoría, ninguno de nosotros estamos disponibles para un proyecto que vaya a significar amnistía. Amnistía impropia o amnistía, o impunidad, llamémoslo así”, dijo la senadora socialista en La Moneda.

El senador Carlos Montes, en tanto, explicó a este medio que no conocía el proyecto ni había estado en ninguna discusión de ese tipo, pero sí señaló que “todo esto se discutió. Recuerde que el informe Engel fue en el gabinete anterior, fue en ese contexto. ¿Cuánto llegaron a avanzar? Habría que preguntárselo a los ministros anteriores, particularmente a la ministra Rincón”.

Este lunes, en el Comité Político hubo acuerdo total entre los presentes de que no existía ninguna opción de aprobar un proyecto de ley de ese tipo. “Yo siento que una ley de amnistía para esta crisis política es la peor de las salidas, es el infierno. Creo que no resuelve ningún problema, más bien lo agravaría. Si esto estuvo en la mente de algún ministro o de un presidente de partido, o hay un grupo de la política pensando en aquello, hay que darles el mensaje de que están equivocados”, señaló el senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro.

El presidente de la DC, Jorge Pizarro, explicó a este medio que no conocía el proyecto y lo que sabe hasta ahora es la información que la propia Bachelet entregó cuando anunció el paquete de medidas que emanó de la Comisión Engel.

UDI: no se llegó a ver esa vía

Desde la UDI señalaron a este medio que la mesa directiva nunca tuvo un proyecto, en esencia porque no tenía piso político para un acuerdo. Sólo hubo, señalan desde la tienda de calle Suecia, conversaciones con Peñailillo sobre la posibilidad de mejorar las confianzas, pero cuando él estaba no se concretó.

Quienes participaron de estas conversaciones dicen que se debatió  sobre sanciones a futuro, pero nunca se mostró un proyecto de ley, a pesar de hablarse mucho en las reuniones al respecto. La idea, aseguran desde la UDI, era tipificar lo de las boletas ideológicamente falsas para configurarlo como un delito con penas altas. Por contraste, hoy no sería delito.

Sin embargo, el presidente de la UDI, Hernán Larraín, rechazó los dichos de Insunza el mismo domingo. “Nosotros jamás hemos sido partidarios de una impunidad. Lo que hemos dicho siempre es que las personas deben ser responsables de sus hechos”, dijo el senador gremialista.

The Clinic Online intentó obtener una versión de la ministra Ximena Rincón por este tema, pero no obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.

Esta es la minuta: