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El 15 de julio, la ministra de Minería, Aurora Williams, y el subsecretario de la cartera, Ignacio Moreno, dieron un paso clave para terminar con el uso que han hecho tanto Los Pelambres como Glencore de la repartición pública para su propio beneficio en el conflicto que tienen ambas compañías en tribunales argentinos por el botadero Cerro Amarillo, emplazado en el límite fronterizo. Ese día le exigieron a ambas empresas, según consigna la carta a la que tuvo acceso The Clinic Online, y que fue enviada a Iván Arriagada, Presidente Ejecutivo de Antofagasta Minerals, y Andrés Souper, Gerente Comercial y Represente Legal de Glencore Chile, utilizar sólo canales formales para comunicarse con el ministerio, a la vez que reiteraron que la disputa que enfrentan es un tema que no involucra al Estado chileno.

La misiva, que habría sido visada por Cancillería y que obedecería a una instrucción de La Moneda de terminar de zanjar el asunto, destaca que “la situación del botadero o escombrera ‘Cerro Amarillo’ se ha traducido en una serie de comunicaciones entre las empresas involucradas y el ministerio de Minería” y recalca que al respecto “la postura del Gobierno de Chile ha sido única e invariable: esta situación se origina por un conflicto entre dos empresas privadas y los caminos de solución pasan por lograr un acuerdo entre estas dos partes privadas”.

Lo interesante es que además enfrenta a las compañías haciéndoles ver que no se aceptarán más solicitudes extrañas al ministerio, ya ambas han hecho uso de esta treta a través de sus respectivos abogados para conseguir documentos para ser presentados a su favor en tribunales trasandinos.

Williams y Moreno exigen a coro que cualquier requerimiento sea realizado por Arriagada y Souper -no por cualquier abogado- y advierten que de ser respondido favorablemente el pedido, la compañía rival recibirá copia de la respuesta.

Ello como reacción a una cadena de hechos considerados como “lamentables” por altas fuentes de la cartera que se originan en la solicitud de abril del abogado Andrés Jana, de Los Pelambres, a Williams de una carta de buena fe y un estudio, pagado por Antofagasta Minerals -que el exjefe de gabinete de ésta, Adolfo Galindo, entregó y timbró respectivamente- y que trajo como consecuencia el abogado de Glencore, Eugenio Valladares, también solicitara documentos, generando una crisis interna y preocupación en Cancillería por el cariz que adquirió el caso. Pues bien, el documento consigna que los únicos autorizados para entregar información son Williams y Moreno, nadie más:

“Con el objetivo de mantener la comunicación franca y transparente, esperamos que todo requerimiento, consulta u otro tipo de misiva sea suscrito por usted, como máximo representante de su empresa, y sea presentado siguiendo los canales formales de comunicación con este ministerio. Por otro lado, las respuestas serán suscritas por la ministra o el subsecretario de Minería como únicas voces oficiales de este ministerio, lo cual es de público conocimiento, al estar así regulado por la ley”.

El documento concluye con la oferta de “facilitar o allanar el camino” para que las empresas encuentren una solución a su problema.

Consultado por este medio, desde Los Pelambres y Glencore, aseveraron lo mismo: que se han ajustado siempre a los canales formales.

Fuentes de la minera de Luksic aseguraron que “nosotros siempre hemos actuado de frente, mandando cartas con identificación clara y nunca entregando cuentas de gmail ocultando para quién se trabaja”.

En tanto, el abogado y vocero de Glencore, Pedro Pablo Gutiérrez, aseveró que “nuestra única intención es que Pelambres saque los escombros del terreno de Pachón. Pachón no tienen por qué ser responsable de las actuales y futuras consecuencias ambientales de la operación negligente de otra empresa, que además se benefició económicamente por años de esa ocupación ilegal. El Pachón ha solicitado toda la información vía Transparencia. Los únicos que han ocasionado un gran problema al ministerio de Minería es Pelambres, al requerir información sin seguir los conductos regulares”.

LUCHA DE GIGANTES
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La disputa respecto de la escombrera, del tamaño de un Parque Bicentenario y medio emplazado a cuatro mil metros de altura, se originó luego de que el año 2012 la subcomisión binacional de límites fronterizos densificó los hitos y se descubrió que parte del reducto minero -51 hectáreas- está en Argentina, en una propiedad de la firma Glencore.

Hoy, en territorio trasandino, está en curso una demanda civil ante el juez federal de la Provincia de San Juan para que Los Pelambres retire sus residuos, los traslade a Chile y pague por los daños -lo que tendría un costo estimado entre $150 y 200 millones de dólares- y existe además una querella criminal contra los ejecutivos de la compañía chilena.

Frente al caso, la decisión gubernamental era circunscribir el tema a un asunto entre privados, lo que se rompió cuando el abogado de Los Pelambres, Andrés Jana, pidió el 8 de abril a la ministra extender una carta de buena fe y el envío de un informe, que había sido pagado por Antofagasta Minerals, para ser presentados en tribunales argentinos.

Ambas peticiones, como hizo público The Clinic Online hace dos meses, fueron respondidas favorablemente por el entonces jefe de gabinete Adolfo Galindo, situación que derivó en un sumario administrativo por el trato privilegiado a la minera del Grupo Luksic, en particular porque se consignaba que el estudio, que señala que no hay contaminación en la zona, había sido “revisado y avalado por nuestros expertos del Sernageomin”, lo que no es efectivo.

Tras ello, Glencore, a través del abogado Eugenio Valladares, pidió por transparencia todos los antecedentes al respecto -haciendo alusión al reportaje de The Clinic– y una vez que los obtuvo, como consignó este medio a fines de junio, los presentó también en Argentina. Las respuestas entregadas por parte de Moreno y del director de Sernageomín, Rodrigo Álvarez, señalaban que el estudio de SGS no había sido pedido ni avalado ni por Minería ni por Sernageomín.

Presentados estos papeles, el tribunal La Justicia Federal de Argentina rechazó el martes 23 de junio la apelación que había presentado la minera Los Pelambres respecto de la medida cautelar que obligaba a la empresa del Grupo Luksic a hacerse cargo de los escombros generados por la explotación del yacimiento que fueron depositados en la región trasandina de San Juan, donde se desarrolla el proyecto Pachón, de propiedad de Glencore.

Dos días después, el 25 de junio, un reportaje de The Clinic Online informó de este hecho y consignó los detalles que daban cuenta de cómo había llegado el Informe de SGS a Minería.

Aunque hay versiones contrapuestas, en la ocasión se dio cuenta de algunos hitos claros:

Este medio vio un correo del 20 de marzo de un ejecutivo del grupo Luksic a un jefe de Servicio de Sernageomín en que le deriva el informe de SGS.

Luego hay otro email enviado por Gustavo Pössel ‒quien hasta fines de agosto de 2014 ejerció la Gerencia de Medio Ambiente y que hoy es Asesor Experto en Sustentabilidad de Antofagasta Minerals- a Rodrigo Álvarez, director de Sernageomín, fechado el 15 de abril en que le envía también el estudio con un resumen de conclusiones.

Álvarez lo había solicitado por petición de Galindo quien ha dicho que fue el subsecretario Moreno quien se lo pidió. Como sea, el director de Sernageomín le deriva este email el 28 de abril al entonces embajador, y hoy vocero de Gobierno, Marcelo Díaz quien responde que lo recibió conforme.

Pero el mismo 15, Álvarez se lo manda a Ignacio Moreno, el subsecretario, quien a su vez se lo deriva a Adolfo Galindo, jefe de gabinete de la Ministra Willimas, con la sigla PVI: Para Vuestra Información.

Una semana después, el 22 de abril, Galindo lo envía a Jana, el abogado de Los Pelambres, pero éste pide que sea timbrado, petición que es aceptada.

En aquella ocasión, desde Los Pelambres afirmaron que era “grave lo ocurrido con las respuestas entregadas por el subsecretario de minería y el director de Sernageomin a los abogados de Glencore, porque dicen oficialmente desconocer información que no sólo estaba en su poder, sino que además ellos mismos habían utilizados y difundido en distintas ocasiones” y recalcan que “la información falsa entregada por ambos funcionarios públicos fue usada por Glencore en los tribunales argentinos, empresa de capitales suizos, contra una empresa chilena, acusándonos formalmente de mentirosos, de manipular la verdad y de configurar una prueba falsa”.

En la nota del 25 de junio se agrega que los argumentos que sustentan la ofensiva de la minera de Luksic son que “tras una invitación del Secretario de Minería argentino Jorge Mayoral, el 14 de agosto de 2014 el subsecretario Ignacio Moreno, el director de Sernageomin y el embajador de Chile en Argentina, participaron en un reunión en Buenos Aires. Por el Gobierno argentino, el que encabezó la reunión fue el señor Miguel Guerrero, director nacional de minería. En esta reunión, donde Glencore expuso el problema, se concordó generar un Grupo Técnico Binacional Temporal (GTBT) para abordar el tema del botadero cerro amarillo”.

El Subsecretario Moreno le hizo llegar el acta de esta reunión del GTBT a Jorge Mayoral el 5 de septiembre de 2014. En este texto, según pudo constatar The Clinic Online Moreno dice que “es efectivo que Minera Los Pelambres cuenta con las autorizaciones señaladas, esto es, por el Servicio de Evaluación Ambiental y por el Servicio de Geología y Minería, ambos en Chile”, pero agrega lo mismo que puso en una minuta de marzo de este año respecto de “que ninguna de esas entidades tiene competencia en el ámbito limítrofe”, en referencia a que Los Pelambres debía haber consultado a la Difrol antes de construir su escombrera.

Sin embargo, Los Pelambres ha insistido en que el mapa que se usó no obligaba a este paso y por ello en la empresa recalcan que “no puede negar o cuestionar posteriormente que Pelambres tenía los permisos para construir y operar Cerro Amarillo”.

Agregan además que el 24 de marzo, dos meses después de la visita inspectiva binacional del 30 de enero de 2015 en que por “petición de Sernageomin” la empresa especializada SGS tomó muestras, Moreno realizó una exposición del conflicto frente a autoridades del Ministerio de Minería (encabezadas por la ministra), de Interior y Relaciones Exteriores. Como pudo ver este medio, en su presentación, en la página 7, señala textualmente que se realizó la visita binacional en enero y que de las muestras de agua tomadas por Sernageomin, “se pudo determinar que cumplen las normas de calidad para riego, que es el uso que podría dársele a las aguas de las lagunas del sector”.

“Las únicas muestras tomadas por Chile en esta visita binacional son las de SGS. Por lo tanto, en su respuesta, no sólo mintió, sino que lo hizo de manera demasiado evidente”, acusan en Los Pelambres.

Desde la subsecretaría apuntaron a que en la misma presentación se da cuenta de que en diciembre de 2014, previo a la visita binacional, Sernageomín subió al botadero Cerro Amarillo y tomó muestras de aguas. “Esas son las que revelan que se cumple con las normas de calidad de riego, no a las que alude Los Pelambres” aclararon.

En tanto, a principios de julio, Reportajes de La Tercera publicó que Jana había enviado una dura carta a Moreno reclamando por la respuesta a Glencore y solicitando información.