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Miles de millones de pesos han desaparecido del Fondo Reservado del Cobre a través de maniobras fraudulentas realizadas dentro del Ejército de Chile, por oficiales de alto rango. La noticia, publicada por The Clinic este jueves, confirmó los recursos desfalcados al Estado entre el año 2010 y hasta marzo de 2014, que ascienden a varios miles de millones de pesos.

El reportaje, “Milicogate: El gran robo del fondo reservado del cobre”, generó diversos coletazos en el mundo político durante este jueves.
Las primeras reacciones provinieron desde los parlamentarios, específicamente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, quienes exigirán explicaciones al comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo, en su visita agendada para la primera semana de septiembre.

El presidente de la comisión, Jaime Pilowsky (DC) aseguró que “se trata de un escándalo de corrupción al interior del Ejército con dos personas involucradas a la fecha y lo primero que hay que aclarar o investigar es si son dos personas que se juntan para delinquir o si aquí hay una red más profunda que es necesario investigar y sancionar”, dijo según consignó Cooperativa.

Por otra parte, el jefe de bancada democratacristiana, Ricardo Rincón, manifestó que oficiará al Ministerio de Defensa “para que ordene e instruya la realización de un sumario en el Ejército, destinado a verificar estos hechos y, de ser efectivos, destituir a los civiles y uniformados involucrados en este caso que, reitero, de ser cierto, sería de máxima gravedad, pues se trata de recursos de todos los chilenos”.

Además, no se descartó la posibilidad de realizar una comisión investigadora que indague los millones de dólares desfalcados por el Ejército del Fondo Reservado del Cobre.

Pero La Moneda también reaccionó al escándalo. Ya teniendo en su poder la información hace un tiempo -el mismo general Oviedo reconoció algunas movidas fraudulentas ante el entonces ministro de Defensa Jorge Burgos-, el vocero Marcelo Díaz salió al paso de la publicación. “(…)el ministro de Interior, Jorge Burgos, que en abril del año pasado era ministro de Defensa, fue quien solicitó no solamente la intervención de los tribunales de justicia, el Ministerio Público en particular, sino que del propio Servicio de Impuesto Internos (SII), del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia intervención de la Comandancia en Jefe del Ejército para aclarar e investigar estos hechos”.

El vocero agregó que “lo primero es que se investigue y se establezcan los delitos. Primero que se investiguen. Son hechos graves y hoy están siendo objeto de investigación, y hoy día están siendo indagados, como lo recoge la publicación, tanto por la Justicia Militar como por la Justicia Civil, y han intervenido otros organismos públicos a petición del Gobierno: CDE, SII, y el propio Ejército. Lo segundo es, por cierto, de confirmar estos hechos y en paralelo a la investigación, un conjunto de revisiones de los procedimientos de Contraloría y fiscalización interna por parte del Ejercito, pero también del propio ministerio de Defensa”.

Asimismo, apuntó que la gravedad de los hechos tienen que ver con que “estamos hablando de recursos del Estado, de fondos públicos que le pertenecen a todos los chilenos y el Gobierno actúa como corresponde frente a cualquier hecho que pueda constituir un manejo irregular de recursos públicos, toma medidas internas, pero también exige o pide, solicita más bien, que actúen todos los organismos que tienen responsabilidad en el control o fiscalización. Y en este caso, adicionalmente, en la investigación y eventual sanción de conductas irregulares o delictivas”.

Según el artículo de The Clinic, el problema de fondo, además de la millonaria defraudación al Fisco, es la falta de control ciudadano sobre la compra de armamentos, asegurada a través de la Ley Reservada del Cobre.

Según esta norma, la norma establece que un diez por ciento de las ventas de Codelco deben ir a la compra de armas, con un piso de 150 millones de dólares. Los recursos deben ser gastados en partes iguales entre las tres ramas de la Defensa, bajo estricta reserva.

Por ello, la mayoría de la población ignora que pese a gastar unos 600 a 900 millones de dólares anuales en los últimos gobiernos, las Fuerzas Armadas poseen un excedente de unos 4.500 millones de dólares sin gastar que las autoridades no pueden destinar a proyectos sociales. Hasta 2025, Chile destinará otros 700 a 900 millones de dólares anuales a la compra de armas, unos 5.000 a 6.000 millones de pesos al cambio actual. Con esos fondos, por citar algún ejemplo, se podría financiar completamente la reforma educacional o construir 20 hospitales, totalmente equipados.

Durante la noche del jueves, The Clinic Online publicó los audios secretos del Ejército que confirman el desfalco. En ellos, se puede escuchar a uno de los imputados y detenidos por el robo de dinero, Clovis Montero, conversando con un general de Ejército. En ellos, Montero reconoce: “yo asumo el error que usted me está planteando”. Las conversaciones íntegras las puedes escuchar en este artículo: Milicogate: Los audios secretos que revelan el gran robo del Fondo Reservado del Cobre