Columna: Sillas musicales en el Ministerio Público, amarre y descaro

Conforme a la ley, el Ministerio Público es un organismo autónomo y jerarquizado, cuya función es dirigir en forma exclusiva la investigación de los hechos constitutivos de delito, los que determinen la participación punible y los que acrediten la inocencia del imputado y, en su caso, ejercer la acción penal pública en la forma prevista por la ley. De igual manera, le corresponde la adopción de medidas para proteger a las víctimas y a los testigos de delitos.

Para el desempeño de esta importante función, se establece una organización jerárquica, donde la figura más relevante es la del fiscal nacional, al tratarse del jefe superior de esta institución, además de ser el responsable por ley de su funcionamiento. Bajo él, se encuentran los fiscales regionales, quienes tienen la trascendente función de ejercer las atribuciones del Ministerio Público en la región o en la extensión geográfica de la región que corresponda a la fiscalía regional a su cargo, por sí o por medio de los fiscales adjuntos que se encuentran bajo su dependencia. Es así como existe un fiscal regional en cada una de las regiones del país, con excepción de la Región Metropolitana de Santiago, en la que existen cuatro fiscales regionales.

La ley orgánica del Ministerio Público establece que los fiscales regionales son designados a partir de una lista de tres nombres elaborada por la respectiva Corte de Apelaciones, de la cual el fiscal nacional puede elegir a su arbitrio a la persona que se desempeñará en el cargo por un periodo de ocho años, no pudiendo ser reelectos. Esta imposibilidad se estableció con el fin preciso de evitar que un grupo cerrado de personas se tomaran indefinidamente la dirección superior de una institución que radica en si importantes atribuciones, dentro de las que se encuentra la posibilidad de formalizar en una audiencia pública a cualquier persona por cualquier delito, sin mayor control.

Sin embargo, y a partir de una interpretación abusiva de esta norma, se estableció que la imposibilidad de reelección sería aplicable sólo a una determinada fiscalía regional, lo que en la práctica implica que una persona que está sirviendo en una fiscalía regional podría postular a otra, y en caso de salir electo, dejar el cargo para asumir en otro lugar, y por otros ocho años.

Lo anterior ha dado pie a la cuestionable práctica de las sillas musicales, la que les permite a determinadas personas permanecer como fiscales regionales por largo tiempo, generando un grupo al interior de la institución que se va rotando en todo el país en dichos cargos, quienes en la práctica son designados a partir del nexo de cercanía o amistad que tienen con el fiscal nacional, quien, como se ha dicho, los nombra a su arbitrio a partir de una terna a la cual no es difícil acceder, especialmente en regiones, si se considera el bajo número de miembros de las Cortes que las elaboran. Es así como en muchas regiones basta tener un solo voto de un ministro para poder estar incluido en una terna.

Toda esta situación, claramente abusiva, impide que exista una renovación efectiva en los cargos superiores de la fiscalía, la cual además permite la instalación de una suerte de élite o camarilla de amigos a cargo de la dirección del Ministerio Público.

Lo anterior se ha manifestado con especial intensidad durante las últimas semanas, ya que a menos de tres meses que deje su cargo de fiscal nacional, Sabas Chahuán ha nombrado en las fiscalías regionales de Valdivia y Antofagasta a dos fiscales regionales quienes se encuentran actualmente desempeñándose como fiscales de Punta Arenas y Metropolitano Oriente, respectivamente.

Así las cosas, y a partir de un acto discrecional propio fundado en la interpretación abusiva de la norma que impide la reelección de los fiscales regionales, Sabas Chahuán podrá nombrar a su arbitro a los fiscales regionales de Punta Arenas y Metropolitano Oriente, lo que de otra forma no habría podido hacer. Lo anterior se puede extender mas allá, no solo en el predecible caso que en las referidas fiscalías regionales vuelva a nombrar a otros fiscales regionales en ejercicio, lo que a su vez generarán otros cupos para mantener viva la lógica de las sillas musicales, toda vez que antes que concluya su periodo, Chahuán también deberá designar al Fiscal Metropolitano Occidente.

Pero todo lo anterior aparece sencillamente como un impresentable descaro en el caso de la designación de Alberto Ayala como Fiscal Regional de Antofagasta, donde se prefirió hacer operar esta dudosa práctica para amarrar cargos con amigos y gente cercana, por sobre mantener el sentido común y el decoro en beneficio de la credibilidad de la institución. Lo anterior, si se considera que a través de esta vía Ayala ha logrado permanecer como fiscal regional de Antofagasta, de los Lagos, Metropolitano Oriente, y ahora de vuelta a Antofagasta, con lo que sumará más de 15 años a cargo de fiscalías regionales, a pesar de nunca haber tenido a su cargo la litigación en tribunales de algún juicio penal en calidad de fiscal.

Lo anterior, además, se da en un contexto en que se trata de un imputado, que está siendo actualmente investigado como autor en el delito de violación de secreto vinculado con la entrega ilícita de antecedentes de la investigación del caso SQM al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. Sin todo lo anterior no fuera poco, se nombra ahora sin ningún pudor a Ayala como fiscal regional precisamente en un lugar donde Soquimich tiene su mayores intereses económicos dentro de nuestro país; empresa de la cual fue empleado por más de 12 años antes de entrar a trabajar al Ministerio Público directamente como Fiscal Regional, y con cuyos ejecutivos tiene una relación de cercanía y amistad que él mismo ha reconocido públicamente.

En este escenario, cabe preguntarse qué posibilidad efectiva de nombrar a nuevas autoridades tendrá el nuevo fiscal nacional que asumirá en noviembre de este año, en un escenario donde Sabas Chahuán va a dejar a una importante parte de las fiscalías regionales designadas por los próximos 8 años con personas que forman parte de su círculo de confianza, lo que finalmente constituye un amarre impresentable. Lo anterior, ya que el nuevo fiscal nacional no podrá pedirle directamente la renuncia a los fiscales regionales, toda vez que por ley sólo pueden ser removidos por decisión adoptada por los cuatro séptimos de los miembros en ejercicio de la Corte Suprema y únicamente fundado en incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones.

En definitiva, se debe avanzar en perfeccionar las normas de la ley orgánica del Ministerio Público con la finalidad de impedir que se vuelvan a repetir estos abusos, garantizando una mayor transparencia en la gestión de la fiscalía, bajo parámetros efectivos de probidad y mérito, a fin de que la credibilidad de la institución no tenga que depender exclusivamente del buen criterio del fiscal nacional de turno, el cual en este caso, sencillamente no ha existido.

* Abogado. Magister en Derecho Penal y Procesal Penal.