Las similitudes entre el polémico proyecto del senador Chahuán (RN) sobre penas a adultos mayores y el texto de una abogada de Punta Peuco

En medio de la polémica por el proyecto de ley que busca reemplazar las penas de cárcel por reclusión domiciliaria total —una moción parlamentaria presentada por senadores de derecha, ente ellos Francisco Chahuán (RN)—, una investigación del programa Informe Especial de TVN reveló que la abogada Carla Fernández Montero, representante de los reos de Punta Peuco, sería la autora intelectual de la polémica iniciativa que actualmente se tramita en el Congreso.

De acuerdo al reportaje, el documento, presentado originalmente por Chahuán el 30 de enero de 2025, coincide en varios aspectos con un borrador elaborado por la jurista, sugiriendo que la propuesta fe redactada para beneficiar directamente a sus clientes de alto perfil, entre los que destacan Álvaro Corbalán, Miguel Krassnoff y Raúl Iturriaga.

De ese modo, las fuentes citadas en la investigación sostienen que el texto presuntamente elaborado por Fernández proponía una fórmula legal que permitiría conmutar condenas de personas privadas de libertad de edad avanzada, incluidas aquellas sentenciadas por delitos asociados a violaciones de derechos humanos durante la dictadura.

El reportaje de Informe Especial plantea que el documento atribuido a Carla Fernández y el proyecto presentado por Francisco Chahuán presentan coincidencias extensas en su contenido, y que, al menos 21 de las 23 páginas de ambos textos contienen la misma argumentación, con párrafos idénticos y sin modificaciones en su redacción.

Las similitudes entre el proyecto que empuja Chahuán y el texto de la abogada de Punta Peuco

Los registros digitales indican que ambos documentos fueron creados por el mismo autor, además, el texto atribuido a la abogada data de inicios de enero de 2025, mientras que el proyecto presentado por Francisco Chahuán fue elaborado el 30 de enero, día en que ingresó al Senado.

Por otro lado, ambos textos utilizan conceptos como “geriatricidio carcelario” y cuestionan la figura del “secuestro permanente”, calificándola como una “ficción jurídica”. Asimismo, los documentos sostienen que el Poder Legislativo ha actuado por motivaciones políticas y ha desatendido los procesos de justicia transicional impulsados desde los años 90.

Vale mencionar que la controversia surge en momentos en que el proyecto impulsado por Chahuán logró avanzar en su tramitación legislativa. El 4 de marzo, la Sala del Senado aprobó en general la iniciativa por 23 votos a favor y 22 en contra, lo que permitió continuar su discusión en el Congreso.

Durante el debate parlamentario, el Gobierno señaló que, en su forma actual, la propuesta podría beneficiar a 738 personas mayores de 70 años privadas de libertad. De ese total, 365 corresponden a condenados por crímenes de lesa humanidad y 373 a condenados por delitos comunes, entre ellos abusos sexuales, homicidios y parricidio.