Cristián Cuevas, expresidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre: “Las ventas del cobre no son recursos de una casta militar”

Cristián Cuevas está molesto. Instalado en Chile, después de su paso diplomático por España, el exdirigente nacional de los trabajadores subcontratistas disparó contra las millonarias defraudaciones ocurridas en el Ejército con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre. Cuevas asegura que en el país “prima la influencia de una carrera armamentista, en vez de la paz y el bienestar de las mayorías” y vislumbra una dura batalla para eliminar esta norma que beneficia a las Fuerzas Armadas.

¿Qué piensas de la defraudación ocurrida con los fondos de la Ley Reservada del Cobre?
Eliminar la Ley Reservada del Cobre es una demanda que siempre ha estado latente desde el mundo de los trabajadores, en especial por la corrupción que hay. Llevamos 25 años de una democracia, donde se mantienen aún algunos enclaves de la dictadura, como la propia Constitución y esta ley reservada que da cuenta del grado de corrupción de la institucionalidad chilena. Lo que más me sorprende es la impunidad y el secretismo que inunda nuestro país. Esta situación es gravísima, estos son recursos de todos los chilenos. Esta defraudación se produce además en un contexto de crisis económica, con despidos de trabajadores. Codelco mismo está reduciendo su planta, en decenas de personas en estos días. También hay despidos en El Abra, en medio de una desaceleración económica. Por tanto, me llama profundamente la atención el silencio por parte de la autoridad política.

¿Qué sientes cuando un minero muere pidiendo un mejor salario, mientras un cabo involucrado en estas defraudaciones gasta 2.400 millones en un casino de juegos?
Lo que ocurrió con el compañero Nelson Quichillao, que murió baleado en una protesta este año, habla de una impunidad total. El ministro del Interior, Jorge Burgos, ex titular de Defensa, es el responsable político de esa muerte. Y es el mismo ministro que guarda silencio impune sobre estos millonarios recursos que administran las Fuerzas Armadas.
Son recursos enormes. Podrían resolver amplias demandas sociales, ayudar a enfrentar los desastres naturales, por ejemplo, que han afectado el norte del país.
Esto habla del país que se ha ido construyendo, de una democracia de los consensos que nos ha hecho mucho daño. En el primer semestre de este año, Codelco entregará unos 400 millones de dólares al fisco y en cambio aportará 800 millones de dólares a las Fuerzas Armadas, el doble. Es imperativo poner urgencia al proyecto que deroga la Ley Reservada del Cobre.

¿Cuál debería ser el destino de estos recursos? Hablamos de 20.000 millones de dólares entregados a las FFAA solo entre los años 2000 y 2015.
Aquí prima la influencia de una carrera armamentista, en vez de la paz y el bienestar de las mayorías. Sin duda hay que tener protección en Defensa y recursos plurianuales para su desarrollo, pero estos millonarios recursos deben ser reasignados al bienestar de los chilenos. No son recursos de una casta o élite militar.
Habrá una batalla dura, incluso puede que a alguno de nuestros parlamentarios se le ocurra decir que no es posible eliminar la Ley Reservada del Cobre por la situación diplomática que estamos viviendo con nuestros países vecinos. Aquí no hay una política nacional, es el saqueo puro, continuador de la dictadura militar. Ni las Fuerzas Armadas, ni los gobiernos tienen una mirada de país, tienen una mirada en verdad muy miserable.

Hay versiones que hablan de desvío de fondos a ex CNI…
Yo espero que en este caso los parlamentarios convoquen a una comisión investigadora y que se investigue con la misma fuerza que se investiga a los políticos. No puede haber un trato diferenciador. Esto es gravísimo. Se requiere también un llamado a los trabajadores para ponerse a la altura de esta urgencia. Ellos tienen poder de decisión dentro del directorio de Codelco. Es una tarea principal sumarnos a los llamados a derogar Ley Reservada del Cobre y a recuperar los recursos naturales en función de las mayorías.
La existencia de la Ley Reservada del Cobre demuestra que todavía estamos en una democracia tutelada, que se dice que se ha ido eliminando, pero estos hechos demuestran justamente la existencia de ese poder militar. Las Fuerzas Armadas deben estar supeditadas al poder civil, aun entendiendo que hay temas que por su naturaleza pueden ser reservados. Todo debe ser transparentado.

La CTC pidió hacerse parte en la investigación que sustancia la Justicia Militar. ¿Qué más deben hacer los trabajadores en este tema?
Los trabajadores a través de sus organizaciones, la propia CTC y también la CUT, deben exigir el fin de esta ley, pero no como algo declarativo, sino como algo concreto, incidiendo para que esto sea una tarea política principal, como la nueva Constitución.

Una tesis en investigación en la prensa es que hubo desvío de fondos de la Ley Reservada del Cobre a campañas políticas.
No tengo antecedentes sobre esa situación, ahora bien a esta altura no nos deberíamos sorprender. (Ese financiamiento) sería una forma de inhibir la actividad fiscalizadora de los parlamentarios.

¿Crees que esto fue obra de un cabo y un coronel, los únicos presos hasta ahora?
No, no creo que ninguna acción de corrupción sea producto de gente menor de la administración pública o de las Fuerzas Armadas. Lamentablemente el hilo se corta por lo más delgado en nuestro país. En cualquier Estado democrático moderno, los responsables deben ser de las altas esferas.