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El gerente general de la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC), Hernán Rodríguez, abordó las consecuencias que ha tenido al interior de la empresa emblema del grupo Matte, el esquema de colusión que estableció por al menos diez años con SCA (ex pisa) para establecer precios y cuotas de mercado del papel tissue. El ejecutivo aseguró que es imposible saber la magnitud del daño causado por ambas empresas y que una compensación vía baja de precio en los productos coludidos no es una solución factible.

En entrevista con La Tercera, el empresario aseguró que CMPC concurrirá al Sernac para que en conjunto con el ente fiscalizador, resuelvan cómo compensaran a los millones de chilenos que compraron durante más de diez años el papel higiénico a precios mayores a los del mercado. En ese sentido, Rodríguez descartó que una solución viable fuera como propuso el mismo Sernac en su momento, una baja en los precios de los productos coludidos, argumentando nada más ni nada menos, que podría afectar la “libre competencia”.

“Esa opción no es factible, ya que no es una buena solución para la libre competencia”, señaló.

En esa línea agregó que “queremos conversar con el Sernac, analizar qué alternativas existen y evaluar los mecanismos. Si la pregunta es si rehuiremos nuestra responsabilidad: categóricamente le digo que no. Compensaremos, pero para ello queremos hacerlo de la mejor forma posible”.

El empresario aseguró que el caso ha sido una “inmensa lección de humildad” para CMPC. “Este hecho nos golpeó muy fuerte. Todos nuestros mensajes y códigos internos hacían referencia a que la colusión no era un parámetro aceptable ni permisible en la compañía, pero nos sucedió y ha sido una inmensa lección de humildad. Hemos revisado procedimientos, contratos, formas de relacionarnos con nuestros clientes y consumidores; de aquí tiene que emerger una CMPC renovada, es decir, la CMPC del futuro. Tenemos que hacerlo por nuestros accionistas, los más de 17.000 colaboradores, por nuestro país y por nosotros mismos”.

Sobre si le parece que los consumidores le creen a Eliodoto Matte y al directorio de CMPC que no sabía del esquema de colusión que operó por al menos una década, el ejecutivo sostuvo que “como lo dijo el propio presidente de la compañía, entendemos que esto puede ser difícil de creer. Pero hemos sido transparentes en la forma como hemos actuado: apenas tuvimos los primeros antecedentes, el directorio ordenó que se iniciara una investigación interna, nos autodenunciamos incluso antes que la FNE nos notificara de su investigación, enviamos comunicados públicos revelando los hechos, hemos dado entrevistas y aclarado dudas. En lo único que nos hemos limitado de dar información es en aquellos puntos en que el deber de confidencialidad nos impide referirnos. Incluso, el propio fiscal señaló que habría sido difícil descubrir la colusión de no ser por nuestra decidida acción”.

“¿Cómo demostrar lo que no conocíamos? Esto lo van a confirmar las investigaciones de la autoridad competente. Nosotros hemos entregado todos los antecedentes para transparentar lo que rodea a este caso. Ahora bien, estimo que la profundidad, transparencia y determinación con que el directorio actuó demuestran que éste no sabía”, agregó en relación a cómo pretenden demostrar el supuesto desconocimiento sobre el asunto.

En relación a si en ese caso le cabe alguna responsabilidad que le cabría al directorio, Rodríguez señaló que “no, en lo absoluto. Ha quedado demostrado que el directorio ante el primer indicio tomó todas las medidas necesarias para aclarar los hechos y para lograr que este tipo de acciones no vuelvan a repetirse”.

El ejecutivo también se refirió a la decisión de la Sociedad de Fomento Fabril (SOFOFA), de suspender la participación de CMPC en el gremio. En esa línea señaló que desde la empresa comprenden la medida. “Los hechos son muy graves. Entendemos la medida”, admitió.

Recordemos que tanto CMPC como SCA se autodenunciaron ante la Fiscalía Nacional Económica bajo la figura de delación compensada, por lo que la primera no arriesga multa alguna, mientras que la segunda arriesga unas 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a US$ 15,5 millones . Por su parte El Ministerio Público inició la investigación penal en contra de ambas empresas, la que se ha visto trabada por la negativa del TDLC para entregarle a la Fiscalía los antecedentes reservados del caso.