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El Banco de Crédito e Inversiones (BCI), mantiene una demanda en contra del Comando de Bienestar del Ejército por una suma superior a los $ 1.890 millones, a raíz del no pago de cuatro facturas.

La acción legal establece que la empresa Power TI, realizó un factoring con la entidad financiera por facturas emitidas al Ejército, avalándolos con supuestos contratos con la institución de proyectos informáticos.

Pues bien, el BCI alega que una vez realizado el negocio con Power TI, se le informó al Ejército de que tenían tomados los títulos. Estos últimos, da cuenta la tramitación del caso en el Segundo Juzgado Civil de Santiago, fueron recibidos por personal administrativo militar, sin que se objetara su legalidad.

El llamado factoring es una fórmula de financiamiento consistente en un contrato, mediante el cual una empresa traspasa la cobranza futura de facturas y créditos a su favor, obteniendo a cambio -y de manera inmediata- el dinero, soportando eso sí un descuento sobre el monto original.

En esta demanda representa al Ejército el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que ha evacuado distintos informes. En ellos básicamente asegura que no es posible el pago de las facturas, ya que Power Ti nunca prestó servicios a la institución castrense y que el BCI sencillamente fue estafado.

El banco de los Yarur ha insistido ante el tribunal que más allá de ese argumento, existe una formalidad: el Ejército recibió las facturas y desde ese momento pasó a ser un deudor.

De acuerdo a la tramitación de la causa ya han prestado testimonio una serie de funcionarios del Ejército que dan cuenta de haber recibido los documentos, pero que al momento de hacerlo carecían de información sobre la ilegalidad de los mismos.

La demanda del BCI tiene un correlato criminal, cuya investigación está a cargo de la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad Centro Norte. En ella se indaga también a Power Ti, donde hasta ahora existe una querella del CDE por cohecho en contra del ex mayor Patricio Lazcano. Este último fue formalizado en mayo pasado por este último ilícito y estafa. Igual situación enfrentaron los dueños de Power Ti, el ex oficial de Ejército Eduardo Olmedo y Claudia Marín.

Lo particular es que el BCI no es el único estafado, sino también el Banco Internacional, Scotiabank y el Banco Santander, Banco del Estado, Itau y la empresa Coval. Entre todos podrían superar más de 8 mil millones. En este caso, el BCI aún no ha presentado un libelo criminal y ha preferido la arista civil.

Los hechos indagados por el fiscal José Morales quedaron al descubierto en enero de este año, luego que el propio Lazcano confesara, de acuerdo a la carpeta de investigación, que había recibido más de 200 millones en “comisiones”, por haber autorizado 13 facturas que sumaban más de $ 6.599 millones, en su calidad de responsable del Departamento de Informática del Comando de Bienestar del Ejército.

Ello derivó en la incautación de computadores y contabilidad de Power Ti, dando inicio a la indagatoria que aún permanece abierta.

Este caso se suma a otros hechos de corrupción en el Ejército. El primero de ellos el llamado “milico-gate”, donde se indaga el fraude a la Ley Reservada del Cobre por más de US$ 10 millones.

Recientemente, la Corte Suprema designó al magistrado civil de la Corte Marcial Omar Astudilloç en calidad de ministro en visita para indagar los hechos, ya que hasta ahora no sólo hay suboficiales involucrados, sino también generales en retiro, pero podrían aparecer otros activos.

Este diario contactó al Ejército para requerir su opinión, pero se indicó que, atendido que se trata de casos en tramitación, no entregaran versión de los hechos.