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Poder

18 de Noviembre de 2015

Milicogate: el ministro en visita que investigará el millonario fraude a la Ley Reservada del Cobre

Fue secretario y relator en Rancagua. Juez civil en Santiago y relator del Pleno de la Suprema, que lo designó magistrado del tribunal de alzada capitalino sin que su cargo pasara por el filtro del gobierno en 2006. Por eso, su nombramiento como ministro en visita civil de la Corte Marcial, es interpretado en los pasillos de tribunales como una señal de independencia de la Suprema con un caso de corrupción que afecta al Ejército. Abogado de la UC, donde “era bueno para el baby fútbol”, recuerda un ex compañero, tiene experiencia en estos casos. Por ejemplo, está ad portas de dictar acusación en contra de dos generales y un ex coronel de la FACh, por el pago de coimas en la compra de los aviones Mirage-Elkan, ocurrida a mediados de los 90. Lo definen como reservado, puntilloso y con espaldas en el Poder Judicial.

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Omar Astudillo Contreras tiene 53 años. Es ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago y, en esa calidad, fue nombrado por la Suprema para que investigue el millonario fraude a la Ley Reservada del Cobre, conocido como el “milico-gate”, que destapó The Clinic y donde hasta ahora aparecen destinados a bolsillos de militares y privados, más de $ 6.000 millones. Y ello, luego que el abogado Carlos Cortés, defensor de la cabo primero Millaray Simunovic, procesada por fraude al fisco por la Sexta Fiscalía Militar, hiciera una presentación en tal sentido.

Astudillo es un magistrado muy bien evaluado por la Corte Suprema. Ingresó en 1993 al Poder Judicial como secretario del Juzgado del Trabajo de Rancagua; luego fungió como relator de la Corte de Apelaciones de la Región del Libertador y posteriormente trabajó como juez del 25 Tribunal Civil de Santiago.

Sin embargo, su carrera en las grandes ligas comenzó en 2002 como relator del Pleno de la Suprema. Es un cargo apetecido por muchos, pues permite tener un contacto constante con todos los ministros a la vez. Y en el Poder Judicial, la cercanía con quienes deciden, más la calidad del trabajo, es un bien preciado y el trampolín.

Su nombramiento como ministro en visita civil de la Corte Marcial es interpretado en los pasillos de tribunales como una señal de independencia de la Suprema con un caso de corrupción que afecta al Ejército. Lo anterior, porque Astudillo fue designado por el pleno del máximo tribunal en 2006 sin que su nombramiento pasara por el gobierno de Bachelet.

Fue el mismo criterio que lo llevó a estar a cargo de la corrupción en la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE). En ese caso, su compañero de curso, el abogado Cedric Bragado, defendió al ex presidente del directorio de la estatal -y uno de los dueños de radio Cooperativa- el DC Luis Ajenjo. Durante la tramitación de la indagatoria lo sometió a proceso por fraude al fisco, lo dejó en prisión preventiva, lo acusó y condenó, sanción que fue ratificada por la Corte de Santiago en octubre de 2014. Un año después, la sala penal de la Suprema decidió absolverlo con la unanimidad de los cinco integrantes.

En 2008, Astudillo fue nombrado como ministro en visita para indagar los pagos de coimas a ex oficiales de la FACh, en la compra de los Mirage-Elkan en 1995, que gracias a una investigación que comenzó en Bélgica, se abrió un proceso en Chile. El caso ya está ad portas de terminar y Astudillo redacta la acusación para dictar una posterior condena a ex oficiales de la institución armada.

Hay que recordar que a mediados de 2009, Astudillo ordenó la detención del hoy fallecido ex comandante en jefe de esa rama de las Fuerzas Armadas por el delito de malversación de caudales públicos, inculpándolo de haber recibido “comisiones” por casi US$ 3 millones. Hizo lo propio con los generales Jaime Estay y Florencio Dublé y el coronel Luis Bolton. Eso sin contar que revisó contratos y envió al menos cinco exhortos a Suiza, Bélgica, Inglaterra para cerrar el círculo de triangulaciones de dinero.

En agosto pasado, en tanto, votó junto a otros 14 magistrados por rebajar las costas a las que son condenadas las isapres cuando aumentan el plan y pierden el recurso de protección presentado por los usuarios. De $ 130 mil, ahora las empresas de la salud sólo deben cancelar 50 lucas.

La “ponti”

Astudillo, abogado de la Universidad Católica (UC) a donde ingresó en 1979 y egresó en 1983, “era bueno para el baby fútbol”, recuerda un compañero de curso. También es magíster en Derecho Laboral de la Adolfo Ibáñez.

“Él, como algunos otros, venían de regiones. Y en la ‘ponti’ los cuicos de Santiago eran muy segregadores”, asegura un alumno de aquella época.

Algunos lo recuerdan como un estudiante “puntilloso, aplicado, reservado y de bajo perfil y sus cuadernos eran ordenados y subrayados”.

En su época universitaria fue contrario a la dictadura militar, pero nunca formó parte de los grupos radicalizados. “Eran los años donde la UC era el bastión por excelencia del gremialismo y Jaime Orpis, el mismo que ahora esta en el caso Corpesca, era el presidente de la FEUC”, rememora uno de sus colegas.

De sus cercanos de aquella época hay dos penalistas reconocidos: el abogado Cedric Bragado, del estudio Etcheberry y el ex fiscal regional de Rancagua, José Luis Pérez Calaf, que esta semana logró la mayoría de votos en la terna para que Sabas Chahuán designe al jefe del Ministerio Público Occidente.

La espada y la cruz

Definido por sus compañeros de trabajo como “un caballero”, suele ir a tomar un café cortado en el Haití en la intersección de las calles Morandé con Huérfanos, mientras fuma un cigarrillo. Es común verlo cumpliendo las normas no escritas de tribunales: las damas primero y el tono respetuoso a la hora de pedir la opinión de sus colegas cuando en la sala se resuelve votar sobre una materia en particular. “Los garabatos no son lo suyo”, dice una magistrada que ha compartido sala con él.

Ha sido profesor en su alma mater, en la Universidad Adolfo Ibáñez y en 2012 publicó un libro de 306 páginas: “El recurso de nulidad laboral: algunas consideraciones técnicas”, una de sus especialidades en el derecho.

De hecho, ha participado en las mesas sobre reforma laboral y recientemente fue el encargado -en julio pasado- de redactar el análisis del Poder Judicial en el marco de la convocatoria que hizo el ministro del Interior, Jorge Burgos, para el Diseño Operativo Antidelincuencia.

Soltero, es socio de pago mensual al Hogar de Cristo desde hace 14 años, como también a la Conferencia Episcopal, tal como señala su declaración de intereses. En la de patrimonio, en tanto, sólo aparecen una propiedad y un vehículo Nissan de 1995.

Un colega de labores que ha integrado con él la Duodécima Sala de la Corte, en todo caso, comenta que pese a tener creencias religiosas “no es tan pechoño como muchos pensarían”.

Patrulla juvenil

Quienes lo conocen aseguran que nunca tuvo militancia y lo sitúan más al centro político. Sin embargo, en los pasillos del tribunal de alzada es conocido por sus colegas como “el jefe de la patrulla juvenil”. Se trata de un grupo de magistrados más jóvenes como Adelita Ravanal, Jaime Balmaceda (también ex relator del Pleno de la Suprema), Jéssica González, la misma que llevó el caso Karadima, entre otros.

De su criterio judicial se dice que es “impredecible”. La expresión, en todo caso, apunta a que “exprime la ley” hasta dar con la respuesta.

En el marco del caso La Polar, el 12 de abril de 2012, fue uno de los votos de mayoría para otorgar la libertad al ex presidente del directorio y autor de las “repactaciones ilegales”, Pablo Alcalde y al ex gerente de Asuntos Corporativos Julián Moreno, quienes pasaron casi cuatro meses tras las rejas.

En la oportunidad, recuerda un funcionario de la fiscalía, “Astudillo entregó verbalmente el fallo después de los alegatos”.

“De pronto pensamos que iba a mantener la prisión preventiva, luego que no, luego que sí, pero al final su argumento fue por otorgar la libertad”, recordó la fuente.

EL MILICOGATE

En la Corte de Apelaciones aseguran que está de vacaciones y vuelve el próximo 24 de noviembre para asumir la causa que hoy está en la Sexta Fiscalía Militar de Santiago. Un abogado que le correspondió defender a un militar de la FACh en el caso Mirage, aseguró que Astudillo -con fama de buen interrogador- se centrará en los contratos que firmó el Ejército con las empresas para mantenimiento. Además de eso, en los altos oficiales.

Hasta ahora en el milicogate -donde es parte el Consejo de Defensa del Estado- están procesados por fraude al fisco la cabo primero Simunovic, los suboficiales Claudio González Palominos, Miguel Escobar y el excoronel Clovis Montero.

La justicia militar opera con el antiguo sistema de persecución penal de los delitos. Es decir un sistema inquisitivo, donde el investigador es juez y parte.

Junto a la indagatoria en la justicia castrense, existe una arista en la Fiscalía Centro Norte, donde se indaga la responsabilidad criminal de los proveedores civiles del Ejército, donde aún no existen formalizados.

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