Fiscalía pide a Defensa contratos secretos con empresa informática investigada por millonario fraude al Ejército

La Fiscalía Centro Norte ofició al Ministerio de Defensa para que entregue copia de los contratos de la Dirección de Inteligencia de la Defensa (DID) con la empresa Powerti, en el marco de la investigación por fraude al Ejército y a bancos de la plaza a través de la figura del factoring por más de $ 8.000 millones.

La decisión del Ministerio Público aparece luego que The Clinic Online revelara que la firma en cuestión giró -además de la cifra ya mencionada- documentos tributarios por más de $ 2.000 millones a la DID, dependiente del Estado Mayor Conjunto (EMC), por supuestas compras de elementos de seguridad informática para la unidad de Ciberdefensa.

De acuerdo a la información recabada por este diario, los datos que entregue la secretaría de Estado, serán cotejados con la contabilidad de Powerti y se revisará si los dineros de la Ley Reservada del Cobre fueron correctamente usados, si se prestaron los servicios y se compraron efectivamente los softwares.

Se sabe hasta ahora que de las 13 facturas emitidas por la firma a la DID, cuatro de ellas -por una suma de 500 millones- no están, como debiera ser, en manos del EMC. Por esta razón los detectives de la Bridec, inquirieron al ex coronel Luis Miller, otrora asesor de la unidad de Ciberdefensa, para responda por qué se produjo la situación, ya que él aparecía recibiéndolas.

El ex oficial reconoció que era el receptor de las facturas, pero particularmente de esas cuatro, indicó que no era su letra la que aparecía estampada.

Hay que recordar que el dueño de Powerti, el ex militar Eduardo Olmedo, conoce hace más de 30 años a Miller. Ambos a su vez, conocen y trabajaron indistintamente con el ex comandante Patricio Lazcano del Comando de Bienestar del Ejército.

Pues bien, Lazcano y Olmedo aparecen como imputados en la indagatoria relativa a proyectos informáticos para el mejoramiento de los trámites administrativos que derivó en el fraude al Ejército por más de 8.000 millones. En esta indagatoria, el fiscal Morales ya formalizó a Lazcano, quien además enfrenta dos querellas del Consejo de Defensa del Estado (CDE). La primera por fraude al fisco, mientras que la segunda por cohecho agravado, negociación incompatible y falsedad militar.

En tanto, el mismo CDE se querelló en contra de Olmedo y la gerenta general de Powerti, Claudia Marín.

El abogado de Olmedo, Felipe Polanco, dijo a este diario que su cliente efectivamente mantuvo contratos con la Dirección de Inteligencia de la Defensa en el área informática, pero descartó anomalías indicando que los servicios se prestaron y que entregarán toda la información a la fiscalía si la requiere.

En todo caso reconoció que algunas de las facturas fueron factorizadas con el sistema financiero, misma fórmula usada en el fraude al Comando de Bienestar de la institución castrense.